Sentencias

SENTENCIAS

 

TRIBUNAL SUPREMO -TS-

AUDIENCIA PROVINCIAL -AP-

1.- STS [1] de 07/10/14 rec. 262/2013. APARIENCIA DE REPRESENTACIÓN.

Reconoce el aval prestado por la sociedad en garantía de una deuda de la sociedad matriz del grupo, a pesar de que el presidente del consejo de administración no tenía atribuida la representación de la sociedad. Las circunstancias del caso crearon una apariencia de apoderamiento frente al demandante de buena fe, en ningún momento contradicha por actos posteriores del órgano de administración de la sociedad, pese a conocer la existencia del aval.

2.- STS [1] de 28/10/14 rec. 1644/2012. INEFICACIA.

El análisis del régimen de ineficacia, en aquellos supuestos donde el ordenamiento jurídico no dé una respuesta técnica ya concreta al respecto, no puede quedar reconducido a un planteamiento estático y dogmático de la cuestión consistente en la mera adscripción del supuesto a las categorías conceptuales de ineficacia desarrolladas doctrinalmente. Por el contrario, el método a emplear es consustancialmente dinámico y flexible, de forma que el contenido y alcance de la ineficacia se adapte a la naturaleza y función que presente el fenómeno jurídico en cuestión y la relevancia de los bienes e intereses jurídicos objeto de protección o valoración. Por otro lado, la conservación de los actos y negocios jurídicos (favor contractus) se erige como un auténtico principio conformador de nuestro sistema. En el caso, se considera confirmado por los propios interesados un contrato celebrado en su día en nombre de unos menores de edad sin autorización judicial por el tiempo transcurrido y el comportamiento de los mismos interesados, una vez mayores de edad (instaron la resolución del contrato por impago, en demanda que fue desestimada; ahora alegan la nulidad en reconvención, ante la demanda de elevación a público de la otra parte).

3.- STS [1] de 03/11/14 rec. 490/2013. PACTO PARASOCIAL.

La sociedad no queda afectada por un pacto parasocial, salvo que le sea manifiestamente conocido. En el caso, al no haber tenido en cuenta dicho pacto en las cuentas anuales, estas no reflejaron la imagen fiel.

4.- STS [1] de 06/11/14 rec. 3261/2012. TERCERO. BUENA FE.

No es tercero de buena la entidad de crédito titular de una hipoteca sobre unas fincas que debían entregarse libres de cargas como parte de precio en la venta de un solar, cuando no sólo tenía conocimiento de esta situación, sino que –incluso- había avalado el cumplimiento de las obligaciones de la compradora frente a la vendedora. El TS reitera la exigencia de título y modo para la adquisición del dominio y la posibilidad de quien es dueño de gravar el bien inmueble de su propiedad con una hipoteca, incluso en el caso de que esté obligado a entregarlo en un futuro a tercero libre de cargas y de gravámenes, pero en este caso falla la condición de tercero protegido del art. 34 LH, pues la entidad de crédito no era ajena al contrato inicial.

5.- STS [1] de 19/11/14 rec. 1380/2013. ASUNCIÓN DE DEUDA.

La asunción de deuda es la sustitución de la persona del deudor por otra, con respecto a la misma relación obligatoria, sin extinción de esta. Nunca puede entenderse prestada en forma tácita o presuntiva, deba constar claramente la voluntad expresa.

6.- STS [1] de 18/11/14 rec. 3163/2012. SIMULACIÓN. DONACIÓN.

La nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles encubierta. Cuando el art. 633 CC exige la escritura pública como forma sustancial, no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica donde consten la voluntad de donar y la aceptación

7.- STS [1] de 24/11/14 rec. 3404/2012. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVA.

El art. 85.6 Ley General para la Defensa Consumidores y Usuarios –LGDCU-, que atribuye carácter abusivo a la cláusula no negociada que establece una indemnización desproporcionadamente alta para el consumidor que no cumpla sus obligaciones, exige comparar la cantidad que resulta de la aplicación de la cláusula penal con el valor de los daños y perjuicios efectivamente causados al predisponente (en el caso, el predisponente acredita que esos daños, incluso excedían a la cláusula penal, cifrada en el 60 % de las cantidades pagadas; el TS no la considera abusiva).

8.- STS [1] de 24/11/14 rec. 2962/2012. EJECUCIÓN. OPOSICIÓN. PRECLUSIÓN.

Las circunstancias relativas al vencimiento de la obligación, y por tanto su carácter exigible, que resulten del propio título no judicial en que se funde la ejecución, o de los documentos que deben acompañarlo, sí son oponibles en el proceso de ejecución (en el caso, el carácter oscuro de la cláusula, en cuanto al número de cuotas impagadas). El ejecutado que, habiendo podido oponerlas, no lo hubiera hecho, no podrá promover un juicio declarativo posterior pretendiendo la ineficacia del proceso de ejecución.

9.- STS [1] de 28/11/14 rec. 1308/2013. HIPOTECA. TERCER POSEEDOR. OBRA NUEVA.

Del art. 11 LH se desprende que, al ser costeada por el tercer poseedor, la obra nueva no queda comprendida en la hipoteca y, por tanto, dicho tercer poseedor como dueño del edificio puede exigir su importe de conformidad con el art. 113 LH. No obstante, se debe descontar el valor que en su día pudo haber tenido el edificio demolido por la deudora hipotecaria, sin que los gastos de demolición, aunque se incluyeran en el precio de venta, puedan redundar en un incremento de los derechos del tercer poseedor.

10.- STS [1] de 03/12/14 rec. 588/2013. CLÁUSULA PENAL.

Cuando la cláusula penal está establecida para un determinado incumplimiento, aunque fuere parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del art. 1.154 CC si se produce exactamente la infracción prevista. En el caso, la cláusula se pactó con doble función punitiva y liquidadora de los daños y perjuicios que se ocasionaran al vendedor, precisamente para el supuesto de que la causa de los mismos estuviera en que los compradores desistieran unilateralmente y sin razón que lo justificase de sus obligaciones esenciales –escriturar la compra y pagar- (el comprador perdía todo lo pagado, equivalente a casi la mitad del precio). Por tanto, no procedía su moderación, pues la finalidad del art. 1.154 CC no reside en resolver la cuestión de si se debe rebajar equitativamente una pena por resultar excesivamente elevada, sino en interpretar que las partes, al pactar la pena, pensaron en un incumplimiento distinto del producido.

11.- SAP  de Las Palmas [4] de 26/11/14 rec. 211/2013. CONSUMIDOR.

La legislación protectora de consumidores y usuarios no excluye de tal condición a quienes tengan la intención de invertir o ahorrar al adquirir las viviendas, y mucho menos a quienes tengan préstamos para financiar la adquisición de algún bien. Tampoco impide la protección del consumidor o usuario el hecho de que, en ocasiones, se subrogue en la posición que antes ocupaba un profesional.

12.- STJUE [1] de 21/01/15 asuntos C-482/13 a c-487/13. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERÉS DEMORA.

De la Directiva 93/13/CEE resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma (reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor), en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la referida cláusula. Lo contrario sólo es posible cuando la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que representaran para éste una penalización. El ámbito de aplicación de la DT 2ª de la Ley 1/2013 comprende cualquiera contrato de préstamo hipotecario y, de este modo, no coincide con el de la Directiva 93/13/CEE, la cual únicamente se refiere a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. Cuando el juez nacional debe examinar una cláusula de un contrato relativa a intereses de demora calculados a partir de un tipo inferior al previsto por dicha DT, la fijación por ley de un máximo no impide a dicho juez apreciar el carácter eventualmente abusivo de tal cláusula en el sentido de la Directiva. De este modo, no cabe considerar que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal sea necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva. Por eso, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario sea superior al establecido en la DT y deba ser objeto de limitación en virtud de esa disposición, tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva, procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula.

13.- STS [1] de 11/12/14 rec. 3279/2012. DACIÓN EN PAGO. EXTINCIÓN AVAL.

Sustituido el contrato de compraventa por otro que las partes denominaron de dación en pago, como quiera que el cumplimiento de este nuevo contrato, independientemente de sus efectos, no fue garantizado por el aval, no puede exigirse a la fiadora el pago del mismo. En este sentido el art. 1849 CC determina que si el acreedor acepta un inmueble o cualesquiera efectos en pago de la deuda, aunque después los pierda por evicción, queda libre el fiador.

14.- STS [1] de 11/12/14 rec. 2500/2013. CONCURSO DE ACREEDORES. LIQUIDACIÓN. CRÉDITO CONTRA LA MASA. EJECUCIÓN SEPARADA.

Si el concurso de acreedores entra en la fase de liquidación, hay una única ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para asegurar el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa. Las únicas excepciones serán las ejecuciones administrativas o laborales que sobre bienes embargados antes de la declaración de concurso no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC, y las ejecuciones de garantías y las acciones de recuperación asimiladas que se hubieran iniciado antes del concurso o antes de la liquidación (caso de haberse visto afectadas por la suspensión o la paralización). Los acreedores de créditos contra la masa lo que deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del art. 154 LC, y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS.

15.- STS [1] de 16/12/14 rec. 3000/2012. PROPIEDAD HORIZONTAL. OBRAS EN ELEMENTOS COMUNES.

La ejecución de obras en elementos comunes, tales como los forjados, los cuales conforman la estructura del edificio, requieren del consentimiento unánime de la comunidad, sin que la permisividad de tales obras se encuentre condicionada a la existencia o no de perjuicio para los propietarios, que afecten o no a la estructura, seguridad o configuración exterior del edificio comunitario. También la constitución de servidumbres en beneficio de elementos privativos requiere no solo del consentimiento de los respectivos dueños de los predios dominante y sirviente sino también, cuando afecte a elementos comunes, del consentimiento unánime de la comunidad de propietarios (en el caso, se trataba de la sustitución y mejora de un elemento común en un patio también común del edificio, que no requiere unanimidad sino mayoría)

16.- STS [1] de 17/12/14 rec. 2869/2012. SOLIDARIDAD.

La solidaridad también existe cuando las características del contrato permiten deducir la voluntad de los interesados de crear un vínculo de dicha clase, obligándose “in solidum”, o resulte de la propia naturaleza del pacto, como sucede cuando se trata de facilitar la garantía de los acreedores, pero una cosa es que no se exija necesariamente el pacto expreso de solidaridad para que esta pueda considerarse existente, y otra muy distinta que la regla general sea la solidaridad y no la mancomunidad simple. Por eso habrá que valorar en cada caso las circunstancias concurrentes (en el caso, infiere la solidaridad, entre otras, de, i) la existencia de un solo precio; ii) la identificación de la propiedad como una sola; iii) un solo proyecto indivisible iv) un único objeto, con una sola causa y formalizado en un único instrumento documental v) no hay obras divisibles, separables y atribuibles a cada promotor, sino un único proyecto global del que son copartícipes varios comitentes).

17.- STS [1] de 19/12/14 rec. 2558/2012. CASACIÓN. RESOLUCIÓN  DEL CONTRATO. RETRASO.

La trascendencia resolutoria de los incumplimientos contractuales es verificable en casación, porque la doctrina general que excluye de la misma los temas de cumplimiento e incumplimiento contractual debe ser circunscrita a los límites que correspondan a la “questio facti”. El mero retraso en el pago o en la entrega de la cosa no siempre produce la frustración del fin práctico perseguido por el contrato, porque el retraso no puede equipararse en todos los casos al incumplimiento. Cuando se trata de indagar si el retraso ha obedecido a la existencia de causas no imputables a la promotora vendedora, se ha de tener en cuenta que tales causas deben ser imprevisibles e inevitables por ella a la fecha del contrato. Quien fija el plazo de entrega de las viviendas es el promotor, que es un profesional de la construcción y debe conocer las dificultades propias de esta actividad y, por lo tanto, tiene que prever las circunstancias y asegurarse de poder cumplir sus compromisos, fijando un plazo de entrega mucho más dilatado en el tiempo, aunque ello le haga perder algún posible cliente. Por eso, el riesgo de acabar las obras dentro del plazo establecido en el contrato es asumido íntegramente por el promotor vendedor como parte de su riesgo empresarial y, en consecuencia, no puede trasladarse al comprador.

18.- STS [1] de 19/12/14 rec. 1074/2012. RESOLUCIÓN  DEL CONTRATO. RETRASO.

Cuando el contrato faculta al vendedor para resolverlo ante cualquier incumplimiento del comprador en cuanto a la obligación de pago de precio, haciendo suyas además las cantidades entregadas a cuenta, la aplicación de un principio elemental de correspondencia en la asunción de las obligaciones recíprocas y las consecuencias de su incumplimiento obliga a considerar la posibilidad de resolución cuando el vendedor se retrasa de modo notable en el cumplimiento de su obligación de entrega. Lo considera un elemento de interpretación contractual.

19.- STS [1] de 22/12/14 rec. 3091/2012. RESOLUCIÓN  DEL CONTRATO. RETRASO. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento definitivo -al que se equipara un retraso prolongado en la entrega – puede dar lugar a la resolución contractual prevista en el art. 1124 CC cuando se trata de obligaciones bilaterales, incluso en los supuestos en que el incumplimiento no fuera imputable al deudor, pues no puede obligarse al otro contratante -que ha cumplido o está dispuesto a cumplir- a permanecer vinculado al contrato indefinidamente hasta que aquél esté en condiciones de satisfacer su prestación. Esto no excluye que pudiera exonerarse al deudor de responsabilidad derivada del incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor.

20.- STS [1] de 29/12/14 rec. 901/2013. CONCURSO ACREEDORES. CRÉDITO SUBORDINADO. ADMINISTRADOR DE HECHO.

Respecto de la subordinación de los créditos por las especiales vinculaciones entre el concursado y las personas y entidades que se relacionan en el art. 93.2 LC, el RDL 3/2009 matizó, en el ordinal 1º, que el crédito que ostentaran los socios y accionistas tendría la consideración de subordinado, si el nacimiento del derecho de crédito se producía ostentando dicha participación. De igual modo, los socios comunes de filiales pertenecientes a un grupo de sociedades, a que se refiere el ordinal 3º, debían reunir las mismas condiciones que las que acaban por consignarse. Sin embargo, el RDL 3/2009 no alteró el texto original del ordinal 2º del apartado 2 del art. 93 LC. Si el legislador hubiera querido limitar temporalmente la calificación del crédito como subordinado a quienes ostentaron la condición de administradores de derecho y de hecho, podía haberlo realizado con la sola indicación de que tuvieran tal carácter en el momento del nacimiento del crédito. Pero la norma impone la subordinación de los créditos a quienes hubieran ostentado las indicadas condiciones fácticas y jurídicas dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, aunque la hubieran perdido en el momento de la declaración de concurso. Por tanto, no cabe la interpretación extensiva, “del nacimiento del crédito” a este supuesto contemplado en la norma.

21.- SAP  de Barcelona [15] de 15/12/14 rec. 103/2014. CLÁUSULA SUELO. IRRETROACTIVIDAD.

Aplica el criterio de irretroactividad de la STS de 09/05/2013, en el sentido de que la nulidad de la cláusula suelo no afecta a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de la publicación. No existe razón para que la respuesta procedente a esta cuestión en el ámbito de las acciones individuales pueda ser distinta a la que el TS le ha dado en el ámbito de las acciones colectivas. No resulta lógico que una misma situación jurídica merezca una respuesta judicial distinta según cuál sea cauce procesal seguido para lograr su protección.

22.- SAP  de Pontevedra [1] de 18/12/14 rec. 31/2013. IMPUGNACIÓN ACUERDOS. PÉRDIDAS. INTERVENCIÓN JUDICIAL.

Los acuerdos de junta de socios pueden clasificarse en dos grupos: aquellos en los que se adopta una decisión, sea positiva o negativa; y aquellos en los que no se adopta ninguna, bien porque expresamente se resuelve no pronunciarse, bien porque, sometido a votación, no alcanza las mayoría legal o estatutariamente exigidas, lo que no deja de constituir la plasmación de la voluntad de la sociedad. En el caso, se impugna el hecho de no haber adoptado un acuerdo de aumento del capital, hallándose la sociedad en  causa de disolución por pérdidas. Tanto si se interpreta que no hubo acuerdo en sí mismo considerado (acuerdo no adoptado o acuerdo inexistente negativo), como que la no consecución de la voluntad mayoritaria supone un acuerdo contrario a la propuesta, constituye un acuerdo impugnable. La nota de impugnabilidad  no estriba tanto en el sentido de la decisión como en su contenido y adecuación a la ley y a los estatutos de la sociedad, de forma que, tratándose de un acuerdo que venía impuesto legal o estatutariamente, su rechazo explícito o por falta de obtención de la mayoría necesaria abre la puerta a la impugnación, estando el juez legitimado para sustituir la falta o insuficiencia de la voluntad social, mientras que, por el contrario, en el caso de cuestiones abiertas a varias alternativas, cualquiera de ellas admisible desde la perspectiva legal o estatutaria, si bien en abstracto cabe admitir la impugnación, es necesario reconocer que carecería de sentido porque, no existiendo un acuerdo en determinado sentido, el juez no puede sustituirlo o crear ex novo otro al carecer de legitimidad para optar por una de las alternativas viables en su lugar por sustitución de los socios (en el caso, esta exigencia no se cumple, precisamente por la existencia de varias alternativas en los casos de pérdida de capital). De haber varias posibilidades igualmente asumibles, el juez carece de legitimidad para elegir e imponer una concreta por encima de la voluntad de la sociedad, mientras que si solo era factible la disolución, la demanda de impugnación carecería de sentido porque el demandante, sea como administrador o como interesado, podía instar la disolución de la sociedad ante el JM.

23.- SAP  de Barcelona [15] de 17/12/14 rec. 186/2014. RESPONSABILIDAD. ADMINISTRADOR. PRESCRIPCIÓN. REGISTRO MERCANTIL.

El día inicial del plazo de prescripción queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien no se ha de computar, frente a terceros de buena fe, hasta que no conste aquél inscrito en el RM, salvo que conste el conocimiento por parte del afectado del momento en que se produjo el cese efectivo, o se acredite de otro modo su mala fe (en el caso, no se había inscrito el cese, pero, dada la condición de socia de la actora, no puede alegar desconocimiento).

24.- SAP  de Barcelona [15] de 22/12/14 rec. 61/2014. RESPONSABILIDAD. LIQUIDADOR.

La responsabilidad del liquidador no tiene carácter social. El liquidador no responde frente a la sociedad, sino directamente frente a los socios o los acreedores, pues la acción no se ejercita en beneficio de la sociedad, sino que el socio o el acreedor reclama directamente para sí, sin perjuicio de que el daño sufrido pueda ser indirecto, es decir, causado por una disminución fraudulenta o culposa del patrimonio social que repercuta sobre los derechos de los socios y de los acreedores. Contra el liquidador lo que se ejercita es una acción individual, es decir, una acción específicamente establecida por el art. 397 LSC para tutelar los intereses (no de la sociedad) sino de los socios (su derecho a la cuota de liquidación) y acreedores sociales (aplicación de la regla de la prioridad absoluta de los acreedores sociales sobre los socios). La sociedad, en liquidación, no puede resultar “dañada” por la actuación de los liquidadores. La estructura de dicha acción de responsabilidad frente al liquidador es similar a la referida en el art. 241 LSC. La sentencia no puede sustituir el procedimiento de liquidación, de modo que el juez  sustituya la voluntad social y declare la liquidación y extinción de la sociedad.

25.- SAP  de Girona [1] de 22/12/14 rec. 570/2014. EJECUCIÓN. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VENCIMIENTO ANTICIPADO.

Aunque el art. 575.2 LEC prohíbe al juez denegar el despacho de ejecución por considerar que la cantidad reclamada no se ajusta al título, ello no implica que no pueda exigir al acreedor, si considera que las operaciones de cálculo son incompletas u obscuras, que presente nueva liquidación debidamente intervenida. Además, podría el juez apreciar la abusividad de las cláusulas sobre las cuales se efectúa la liquidación, como los intereses, las comisiones, gastos, etc. Y, por otro lado, el deudor podría alegar el pago a través del error en la liquidación realizada y en esto (aunque el art. 695 LEC se refiere al cierre de una cuenta), deberá también incluirse los préstamos con interés variable. En atención a las circunstancias que han motivado el impago y la voluntad del deudor de cumplir con la devolución del préstamo, el juez podría declararse como indebidamente vencido el préstamo, a pesar de que se haya incumplido el pago de tres cuotas.

26.- SAP  de Barcelona [15] de 05/01/15 rec. 392/2014. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN CULPABLE.

No basta que el concurso se califique culpable para que esté justificada la imposición de déficit, sino que es preciso que exista una justificación añadida. Esta justificación no puede ser ajena a la exigencia legal que actúa como parámetro para mesurar el alcance de esa responsabilidad, esto es, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Si podía existir alguna duda sobre la relevancia de la incidencia causal de la conducta imputable a los administradores, tal duda ha quedado disipada a partir de la entrada en vigor de la reforma operada por RD Ley 4/2014, de 7 de marzo, en el 172.bis LC. Pero esta reforma no introduce realmente un cambio significativo en la norma hasta entonces vigente sino que ostenta carácter interpretativo, de forma que su aplicación a situaciones anteriores resulta indudable. Ahora bien, de ello no se sigue que sea una estricta y clásica responsabilidad por daños, de manera que sea exigible a la administración concursal la carga de la acreditación cumplida de la medida concreta en que sea imputable a cada uno de los administradores societarios la generación o el agravamiento de la insolvencia. El art. 172.bis LC permite un enjuiciamiento más flexible y adecuado a las particularidades que concurren en el proceso concursal y particularmente en la pieza de calificación, esto es, de una parte, el déficit de información ante el que se pueden encontrar los órganos del concurso, de otra, la diversidad de nexos causales a los que puede obedecer la generación o agravamiento de la insolvencia. Por eso, aunque la responsabilidad por el déficit concursal no sea una responsabilidad por culpa clásica, no por ello deja de ser una responsabilidad por culpa en sentido amplio, y el parámetro esencial es que el administrador debe responder del déficit acumulado como consecuencia de la conducta improcedente o inadecuada del administrador societario. Pero no debe responder por el déficit que sea simple consecuencia de la suerte adversa de los negocios. Ese déficit debe ser imputado en todo caso a los acreedores, que es sobre quienes pesa, en último extremo, ese riesgo asumido en primera instancia por el deudor concursado. Es cierto que la insolvencia no puede proceder de las irregularidades contables o de las inexactitudes o de la falta de colaboración. Ahora bien, esas causas permiten imputar el déficit porque su concurrencia ha impedido a los órganos del concurso conocer con una razonable seguridad, a partir de las cuentas y de los documentos contables de la concursada, cuáles son las razones que han determinado la generación o agravamiento de la insolvencia.

27.- SAP  de Barcelona [15] de 09/01/15 rec. 40/2014. LITISPENDENCIA. PREJUDICIALIDAD. ACCIÓN INDIVIDUAL. ACCIÓN COLECTIVA.

Si se extienden a los particulares titulares de acciones individuales los efectos de la acción colectiva con los atributos propios de la cosa juzgada, aquellos tienen absolutamente vedado iniciar con posterioridad a la acción colectiva acciones de carácter individual que versen sobre el mismo objeto, ya que cosa juzgada y litispendencia no son más que dos aspectos de una misma cuestión separados por una perspectiva temporal. La litispendencia se produce de forma provisional en los mismos supuestos en los que vendrá a operar el efecto negativo de la cosa juzgada, impidiendo la apertura del proceso o su continuación una vez iniciado (en el caso, unos particulares ejercitan frente contra un Banco una acción de nulidad de cláusula suelo de préstamo hipotecario; el Banco opone litispendencia por un proceso previo en ejercicio de acción colectiva). Respecto de la acción de devolución de las cantidades pagadas existe prejudicialidad. La existencia de esa relación de prejudicialidad podría determinar la suspensión del proceso sobre la acción individual cuando concurran los presupuestos del art. 43 LEC  y el juez lo hubiera estimado conveniente, pero también puede determinar que no se suspenda el curso de las actuaciones y que el proceso prosiga hasta sentencia.

28.- SAP  de Barcelona [15] de 09/01/15 rec. 283/2014. ADMINISTRADOR DE HECHO.

Elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social. Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad, excluyendo de este concepto a aquellas personas cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de decisión. Esto supuesto,  no puede haber un régimen distinto de responsabilidad entre el administrador de derecho y el de aquel que en realidad lo es, aun cuando formalmente no lo sea.

29.- AJPI  de Madrid [31] de 24/11/14 proc. 775/2013. CLÁUSULA ABUSIVA. TIPO DE SUBASTA.

Decreta el  sobreseimiento de la ejecución por el carácter abusivo de la cláusula del préstamo que establecía el valor de tasación de la vivienda a efectos de subasta (muy por debajo del valor real). Considera que dicha cláusula constituye el fundamento de la ejecución, y ha sido fijada unilateralmente por el prestamista de forma desproporcionada.

 

30.- STS [1] de 07/01/15 rec. 3084/2012. PROPIEDAD HORIZONTAL.

Por edificio comunitario hay que entender no sólo los elementos comunes, sino el conjunto integrado por todos los elementos que lo conforman -los departamentos o pisos privativos-, pues, sin ellos, no sería posible configurar el inmueble como resultado final de un edificio comunitario. Tratándose de la reclamación de vicios constructivos del edificio y ejercitándose dicha reclamación en beneficio de la comunidad, es suficiente con el acuerdo de autorización para el ejercicio de acciones judiciales sin que resulte necesario que se acompañe la autorización expresa de los propietarios para la reclamación de los daños ocasionados en los elementos privativos de la comunidad, salvo que exista oposición expresa y forma de la misma. Por consiguiente, el presidente de la comunidad estaba legitimado para reclamar los defectos constructivos que afectaban a los departamentos o pisos privativos.

31.- STS [1] de 14/01/15 rec. 2432/2012. RETRACTO ARRENDATICIO. ADQUISICIÓN DOMINIO.

La vigencia de la autonomía privada como principio en el campo de las relaciones jurídico-reales comporta, como regla general, que estas relaciones y, con ellas, el efecto adquisitivo, se constituyen en virtud de la voluntad negocial acompañada del esquema básico que impone nuestro sistema adquisitivo (art. 609 CC con relación al título y el modo). Sin embargo, esta regla general no es de carácter absoluto y presenta claras excepciones que permiten considerar que en determinados casos se produce una constitución heterónoma de la relación jurídico-real y, por tanto, una transmisión de carácter forzoso que escapa de la voluntad negocial como eje rector o impulsor de la relación jurídica establecida. En los casos de transmisión forzosa del dominio, el curso del fenómeno adquisitivo puede resultar modalizado o particularizado, en atención a la configuración que del mismo realice la disposición normativa. Es lo que ocurre en la transmisión forzosa que se produce por el ejercicio del derecho de adquisición preferente, llevado a cabo por el titular del derecho arrendaticio. Si bien el efecto adquisitivo no se produce de un modo directo y pleno por obra de la norma, no obstante, su producción queda normalizada por el propio efecto subrogatorio que contempla el art. 1521 CC y por el cumplimiento por el arrendatario del referente obligacional de dicho pago, extremo que lleva a cabo con la correspondiente consignación al vendedor del precio de la venta y demás elementos previstos en el art. 1518 CC. Se comprende, de este modo, la innecesariedad de la realización de un acto posterior de específica transmisión del dominio, pues el esquema básico transmisivo que impone nuestro sistema y, con él, el efecto adquisitivo, queda embebido en la propia consumación y función traslativa que se infiere del originario contrato de compraventa realizado por el arrendador, en cuya estructura y eficacia, también la traslativa, su subroga el arrendatario que ejercita su derecho y consuma la relación negocial con la correspondiente consignación o pago realizada a favor del arrendador y propietario del inmueble.

32.- STS [1] de 19/01/15 rec. 614/2013. CONTRATO. IMPUESTOS.

La fuerza vinculante para las partes de lo pactado no está en función de la aplicación de normas de carácter administrativo sobre la posible repercusión del IVA a los compradores, cualesquiera que sean las resoluciones que sobre ello se hayan dictado, ni estos pueden quedar libres de las obligaciones contraídas por el mero hecho de que se entendiera inicialmente que la compraventa estaba sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y posteriormente se determinara que la sujeción no era a este impuesto sino al que grava el valor añadido.

33.- STS [1] de 22/01/15 rec. 2334/2013. PODER. REVOCACIÓN.

Si el poder se hubiese otorgado para contratar con determinadas personas, su revocación no podría perjudicar a éstas si no se les hubiera hecho saber, cómo dispone el art. 1734 CC. Ahora bien, si se trata de un mandato general,  la revocación sí puede perjudicar a los terceros, salvo que concurra el supuesto excepcional previsto en el art. 1738 CC, que requiere buena fe por parte de mandatario y tercero (en el caso la escritura pública se otorgó el 26/06/00 en virtud de un poder otorgado el 14/03/99, que había sido revocado el 14/06/00 y debidamente notificado al mandatario el día 20/06/00). Por ello no es suficiente la buena fe del tercero y lo realizado por el mandatario tras la extinción del mandato es nulo,  no vincula la mandante y deja al mandatario como responsable frente al tercero.

34.- STS [1] de 22/12/14 rec. 126/2013. ADMINISTRADOR. AUDITOR. RESPONSABILIDAD. PRESCRIPCIÓN. INTERRUPCIÓN. CAUSALIDAD.

En el caso del concurso de una sociedad de capital, el tratamiento concursal de las acciones de responsabilidad contra los administradores y contra los auditores varía, dependiendo de la clase de acción. La norma procesal no prevé ningún efecto de la declaración de concurso respecto de la acción individual, de tal forma que puede ser ejercitada por los terceros perjudicados, ante el juez mercantil que corresponda, al margen del concurso de acreedores. El hecho de que el ejercicio de esta acción individual no quede suspendido como consecuencia de la declaración de concurso no significa que no alcance a esta acción el efecto de la interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción no va ligada necesariamente a la suspensión o paralización de la acción, siendo posible que estando interrumpida la prescripción pueda ejercitarse la acción. En estos casos, la justificación del efecto interruptivo de la prescripción es distinto, y guarda relación con la conveniencia de que los terceros afectados, en nuestro caso acreedores de la sociedad, esperen a lo que pudiera acontecer en el concurso, que pudiera afectar al daño o perjuicio susceptible de ser resarcido por los administradores con la acción individual, y también al conocimiento de las conductas o comportamiento de los administradores que pudieran justificar la responsabilidad. Esto sirve también para justificar por qué la acción de responsabilidad extracontractual frente a los auditores de la sociedad concursada está afectada por la interrupción de la prescripción, como consecuencia de la declaración de concurso, aunque el ejercicio de esta acción no quede impedido o restringido tras la apertura del concurso. No existe ninguna razón que impida una interpretación literal del precepto legal, y por lo tanto que pueda aplicarse la interrupción de la prescripción a cualesquiera acciones de responsabilidad susceptibles de ser ejercitadas frente a los administradores o auditores de la sociedad concursada. Una vez advertida la causalidad física por aplicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones, la causalidad jurídica se asienta sobre juicios de probabilidad formados con la valoración de los demás antecedentes causales y de otros criterios, entre ellos, el que ofrece la consideración del bien protegido por la propia norma cuya infracción atribuya antijuricidad al comportamiento fuente de responsabilidad. En virtud de la causalidad jurídica, cabe atribuir jurídicamente (imputar) a una persona un resultado dañoso como consecuencia de la conducta observada por la misma, sin perjuicio, en su caso, de la valoración de la culpabilidad (juicio de reproche subjetivo) para poder apreciar la responsabilidad civil, que en el caso pertenece al campo extracontractual.

35.- STS [1] de 14/01/15 rec. 3033/2012. REGISTRADOR. RECURSO. LEGITIMACIÓN PASIVA.

La demanda contra la calificación del registrador formulada en juicio verbal directo se deberá dirigir contra el registrador responsable de dicha calificación.

36.- STS [1] de 22/01/15 rec. 1249/2013. TESTAMENTO NOTARIAL. CAPACIDAD.

La capacidad mental del testador se presume mientras no se destruya por prueba en contrario. La apreciación de esta capacidad ha de ser hecha con referencia al momento mismo del otorgamiento. La afirmación hecha por el Notario de la capacidad del testador, puede ser destruida por ulteriores pruebas, demostrativas de que en el acto no se hallaba el otorgante en su cabal juicio, pero requiriéndose que estas pruebas sean muy cumplidas y convincentes, ya que la aseveración notarial reviste especial relevancia de certidumbre.

37.- STS [1] de 04/02/15 rec. 800/2013. DERECHO ADQUISICIÓN PREFERENTE DE ACCIONES.

El pacto de recompra o con pacto de retro, oneroso y durante un plazo incorporado a la “denuntiatio” destinada a ser ofrecida al resto de los accionistas beneficiarios del derecho de adquisición preferente, es una condición potestativa ajena a estos últimos, que sólo vincula al tercero con quien ha contratado con el socio saliente, supuesto que el resto de los socios no ejercitaran el derecho del que son beneficiarios. En definitiva, la conclusión de un contrato de opción de recompra no impide que se desencadene la operatividad de la preferencia. Un pacto de recompra que, de no ejercitarse la preferencia por el resto de los socios, podría ser renunciable seguidamente por el saliente, y, en caso contrario, de ejercitarse la preferencia, exigir la retroventa, dejaría en manos de los socios la facultad de vaciar de facto el contenido de la cláusula estatutaria a través de pacto dirigidos a desincentivar la adquisición preferente. Tales condiciones frustran la activación del derecho de adquisición preferente, pues, realizada la comunicación a la sociedad del propósito de vender, si el beneficiario de la preferencia ejercitara su derecho, dependería de la voluntad del socio vendedor la retirada de la oferta, lo que supondría una condición contraria al principio de buena fe, eludiendo la operatividad de la preferencia.

38.- STS [1] de 13/01/15 rec. 1147/2013. ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. EJECUCIÓN HIPOTECA. TIPO SUBSATA

Por justa causa de una atribución patrimonial debe entenderse aquella situación jurídica que autoriza, de conformidad con el ordenamiento jurídico, al beneficiario de la atribución para recibir ésta y conservarla, lo cual puede ocurrir porque existe un negocio jurídico válido y eficaz, o porque existe una expresa disposición legal que autoriza aquella consecuencia. El art. 579.1 LEC legitimaría al acreedor a continuar con la ejecución del resto del patrimonio del deudor hipotecante, hasta obtener la íntegra satisfacción de la parte del crédito no cubierta con el valor por el que se adjudicó el bien hipotecario conforme al 671 LEC. El enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado es muy superior al valor de la adjudicación, porque esto es algo previsto y aceptado expresamente por la Ley. El enriquecimiento injusto sólo podría advertirse cuando, tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos con una parte de la misma. Estas matizaciones están en la línea de la reciente jurisprudencia que pretende reforzar la justicia contractual que deriva de los principios de buena fe y de conmutabilidad del comercio jurídico, para superar una concepción meramente formalista y rigorista de los esquemas de aplicación del derecho de crédito y la responsabilidad patrimonial derivada. Pero el enriquecimiento injusto no puede resultar de un juicio de valor sobre la revalorización de inmuebles en aquella época.

            39.- SAP de Barcelona [15] de 09/01/15 rec. 302/2014. DISOLUCIÓN. PÉRDIDAS. RESPONSABILIDAD.

En cuanto a la concurrencia de la causa de disolución de pérdidas patrimoniales graves, no constan depositadas en el RM las cuentas anuales de la deudora desde el ejercicio 2007. Ello unido al impago de la deuda social reclamada y a la presunción establecida en el art. 105.5 LSRL, permite presumir que la sociedad se hallaba incursa en causa de disolución en el momento de generarse la deuda social.

40.- AAP de Barcelona [19] de 22/01/15 rec. 412/2014. HIPOTECA. SUCESIÓN UNIVERSAL. VENCIMIENTO ANTICIPADO. SUELO. EJECUCIÓN.

Ningún perjuicio se deriva para los deudores por el hecho de la sucesión universal y de la cesión (en el caso, inscripción de la sucesión en el crédito hipotecario por efecto de la fusión de la entidad de crédito que ejecuta la hipoteca). Debe ponderarse la necesidad o no de inscripción en los casos de sucesión universal (que no cesión singular), en los que la totalidad de los derechos y obligaciones integrantes de la actividad financiera de una entidad y tras fusionarse con otras entidades con extinción de su personalidad jurídica, sin liquidación y traspaso en bloque a título universal de su patrimonio, ha dado lugar a la integración final en que actúa como ejecutante. Los prestatarios no tienen la condición de terceros y aunque la inscripción del derecho real de hipoteca tiene carácter constitutivo, no lo tendría en ningún caso la cesión habiendo declarado el TS que la cesión, general o particular, legitima al cesionario como acreedor hipotecario frente al deudor hipotecario, siendo la inscripción en el RP sobre la finca objeto de garantía, meramente declarativa, y por tanto  pudiendo afectar la no inscripción a terceros, pero no al propio deudor hipotecario cuya condición se mantiene incólume frente al sucesor. Para determinar si la cláusula de vencimiento anticipado es o no nula por abusiva hay que tener en cuenta no tanto los términos de la misma, sino las concretas circunstancias en que se haya ejercitado (en el caso los deudores hipotecarios tenían impagadas 12 cuotas). La eliminación de la cláusula suelo únicamente significa su no aplicación y expulsión del contrato, pero en ningún caso que la parte subsistente del contrato no pueda tener validez y sea ejecutable. Lo contrario llevaría al absurdo, por considerar nula la cláusula suelo, que se impidiera la ejecución hipotecaria a pesar de haber dejado los prestatarios de abonar las cantidades debidas.

41.- SJM  de Granada [1] de 19/01/15 proc. 774/2013.

Es ilógico pensar que se firme una ampliación con modificación de precio (aumentando cantidad y disminuyendo intereses) con desconocimiento de quien contrata (en el caso la cláusula suelo se arrastra desde un préstamo inicial a promotor en el que la parte se subroga). Desde ahí no resulta comprensible que quien contrata un producto que ya existe y que a partir de ello amplia el capital y alarga el plazo de amortización, fijando un nuevo interés, no haya comprendido  la operatividad mínima de dicha cláusula.

42.- SJM  de Granada [1] de 14/01/15 proc. 1006/2013.

La subrogación parte esencialmente de la mejora de las condiciones previstas en el contrato objeto de la misma. Aunque pueden existir otras razones la posición del deudor parte de una voluntad propia en relación al contrato firmado y por tanto en un cambio de acreedor motivado porque ya no le conviene continuar con el anterior. Esa falta de conveniencia implica evidentemente que se siga un proceso formalmente establecido y que es recogido en la escritura notarial. Si estos requisitos formales se cumplen es evidente que no se dará ni la falta de comprensión jurídica del elemento esencial en tanto se hace deudor de lo mismo (modificado o no) para con otro acreedor, ni un desconocimiento del impacto sobre su economía que evidentemente lo tiene (como tal conocimiento) en función de esa conveniencia. Ello no implica que la entidad financiera no deba cumplir sus obligaciones de información en relación al clausulado pero es evidente que el mismo proceso formal recogido en la escritura notarial así lo pone de manifiesto.

 

43.- STS [1] de 12/01/15 rec. 473/2013. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN RESPONSABILIDAD. RETROACTIVIDAD.

La reforma del art.172.3 LC por el RDL 4/2014, no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino como la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto podrá hacerse responsable al administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Este nuevo régimen es aplicable en las secciones de calificación que hayan sido abiertas estando en vigor la reforma legal, pero no de modo retroactivo en las secciones abiertas con anterioridad.

44.- STS [1] de 30/01/15 rec. 2199/2013. DESHEREDACIÓN. MALTRATO PSICOLÓGICO.

En la actualidad el maltrato psicológico debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra como causa de desheredación, inclusión que viene reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos.

45.- STS [1] de 03/02/15 rec. 1013/2013. ESCISIÓN. DEUDAS. RESPONSABILIDAD.

La sociedad prestataria fue absorbida por la demandada, que más tarde se escinde parcialmente a favor de dos beneficiarias. En la escritura de escisión se reseña, entre el activo traspasado a una de las beneficiarias, la finca registral sobre la que se había constituido la hipoteca en garantía del cumplimiento de una obligación anterior a la escisión. En este caso, para justificar la responsabilidad de la sociedad escindida, resulta irrelevante la cuestión de si con la escisión se traspasó a la beneficiaria, no sólo la fina con la hipoteca, sino también la deuda garantizada, porque como sociedad escindida responde solidaria e ilimitadamente de la deuda en caso de incumplimiento de la beneficiaria. En cualquier caso, esa responsabilidad será subsidiaria, pero la subsidiariedad no exige que, previamente a la reclamación frente a la sociedad, se haga excusión de todos los bienes de la beneficiaria, ni siquiera que conste que se le hubiere requerido de pago, sino que tan sólo precisa que se haya producido el incumplimiento de la obligación.

46.- STS [1] de 03/02/15 rec. 466/2013. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN. LEGITIMACIÓN.

La intervención de los terceros en la sección de calificación es más limitada que la prevista con carácter general en el art. 193.2 LC y se acomoda mejor a la modalidad de intervención adhesiva simple, que contempla el art. 13.1 LC, porque al intervenir como coadyuvantes de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, no pueden sostener otras distintas. Sus iniciales alegaciones tan sólo habrán servido para informar a la administración concursal, para sugerir un determinado sentido a la calificación, a fin de que las tengan en cuenta, y, haciéndolas suyas, las incorpore en su informe como hechos relevantes para la calificación del concurso. Luego, ya iniciado el incidente concursal, los terceros personados podrán promover prueba, participar en la vista y realizar cualquier otra actuación procesal, pero dirigida a confirmar y ratificar los supuestos de hecho que dan soporte a las pretensiones de la administración concursal y el ministerio fiscal, únicas frente a las que habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas. Los terceros personados podrán recurrir también la sentencia de no ser estimadas todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal.

47.- STS [1] de 05/02/15 rec. 1086/2013. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN. INFORME.

El juez del concurso puede posponer en la sección de calificación el inicio del plazo para formular el informe de la administración concursal, bien desde el primer momento, bien dejando sin efecto el trámite iniciado. Para ello es necesario que concurran circunstancias que lo justifiquen y que la posposición del inicio del plazo sea razonable (en el caso, la sección se había abierto por la apertura de la fase de liquidación derivada del incumplimiento de un convenio, y no existía el informe de auditoría preceptivo porque la sociedad concursada no había procedido a nombrar el auditor de cuentas).

48.- STS [1] de 17/02/15 rec. 1893/2013. CONCURSO ACREEDORES. CRÉDITO. ANTICIPO. PIGNORACIÓN.

No es perjudicial la operación de apertura de un crédito por un  nominal coincidente con el de unos pagarés avalados por el mismo Banco (como precio de  venta de unas acciones del acreditado), que se pignoran a su favor, donde se hacen coincidir los vencimientos de los pagarés con la amortización de la póliza. A su vencimiento, al nos ser  satisfechos por el obligado por el principal, debieron ser pagados los pagarés por el avalista, el propio Banco, pero como ya anticipó su importe al beneficiario/acreditado, por compensación se extinguieron las cantidades recíprocamente debidas, la del aval del Banco, y la de la amortización del crédito a cargo de la concursada. El Banco no podía entregar los avales (criterio de la sentencia recurrida), pues la concursada habría obtenido entonces un doble cobro, el de los pagarés avalados y el anticipo de los mismos mediante una póliza de crédito.  En cambio, es contrario a la naturaleza de la operación de crédito que gran parte de su importe sirva para garantizar los intereses que puede devengar la operación.

49.- STS [1] de 24/02/15 rec. 1006/2013. SWAP. ERROR.

La entidad de crédito ofreció el swap a una sociedad limitada –cliente minorista-, no realizó el test de idoneidad –que era obligado ya que al comercializarse como recomendación personalizada el servicio prestado fue de asesoramiento financiero- y no hubo información sobre el riesgo de forma adicional al contenido de las cláusulas del contrato. Se produce un error “heteroinducido” por la omisión de poner de manifiesto al cliente el riesgo real de la operación.

50.- STS [1] de 04/03/15 rec. 833/2013. RENUNCIA DERECHOS.

La renuncia de derechos constituye un acto de disposición abdicativa respecto de un derecho subjetivo ya nacido que, como consecuencia de ello, sale del patrimonio del renunciante, y por eso ha de ser clara, contundente y expresa. Cuando la renuncia se hace antes de que el derecho haya nacido, se trata más bien de un supuesto de exclusión de la ley aplicable que, en el ámbito contractual, resulta posible, salvo que la ley establezca lo contrario para proteger la posición de alguno de los contratantes (en el caso, el derecho de retracto en un arrendamiento, que podía ser válidamente renunciado).

51.- STS [1] de 10/03/15 rec. 506/2013. COOPERATIVA. SUPLETORIEDAD DEL DERECHO ESTATAL. RESPONSABILIDAD POR CAUSA DE DISOLUCIÓN.

El Derecho estatal de cooperativas será en todo caso supletorio del autonómico, por lo que se aplicará para cubrir eventuales lagunas. Ahora bien, ni en la legislación estatal ni en la autonómica de Castilla-León existe una responsabilidad de miembros del Consejo rector equiparable a la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital para el supuesto de no convocar la junta de socios cuando exista causa de disolución. Por ello, a falta de una remisión legal clara y específica, no cabe realizar una aplicación extensiva del régimen de responsabilidad previsto en el art. 367 LSC a otras formas asociativas, salvo que la ley autonómica así lo hubiera previsto expresamente.

51.- STS [1] de 06/03/15 rec. 2427/2013. USO VIVIENDA FAMILIAR. EJECUCIÓN HIPOTECA.

Como regla, ejecutado el inmueble que garantizaba con hipoteca la deuda del marido, no puede oponerse la posesión derivada del derecho de uso del inmueble atribuido a la esposa y sus hijas, sin que sea de aplicación el art. 669.2 LEC  ya que la pretendida carga es en todo caso posterior al crédito por el que se ejecuta a hipoteca, consentida por la esposa. En el caso, además, la hipoteca se formalizó por el marido cuando estaba soltero, de ahí que el consentimiento se desplaza al acto de aceptar que ocupen tras el matrimonio, como vivienda familiar, el bien privativo del marido que éste trae al mismo con tal naturaleza, pero gravado con hipoteca.

52.- SAP de Madrid [28] de 26/01/15 rec. 85/2013. SOCIEDAD. ABSTENCIÓN. REMUNERACIÓN ADMINISTRADOR

No se aprecia infracción legal alguna por el hecho de que el socio, que es administrador de la sociedad, ejerza su derecho de voto para modificar los estatutos con el objeto de establecer el carácter retribuido del desempeño del cargo de administrador y fijar la cuantía para el ejercicio anual correspondiente.

53.- SAP de Cuenca [1] de 10/02/15 rec. 215/2014. SOCIEDAD EXTINGUIDA. RESPONSABILIDAD. DEUDAS.

            Que esté prescrita la acción de responsabilidad contra el liquidador, no significa que también lo esté la acción por la deuda social respecto de los socios, ya que el plazo de prescripción de esta última ha de ser el general de 15 años. Esta acción no requiere como requisito de prosperabilidad una reapertura del proceso de liquidación, ni la existencia de fraude ni reproche alguno de culpabilidad, siendo suficiente con que se acredite la existencia del crédito, que se ejercite la acción por el titular del crédito, y que se dirija contra el socio o socios que se han beneficiado del saldo positivo de la liquidación social, hasta el límite de lo recibido como cuota de liquidación.

54.- SAP de Salamanca [1] de 03/02/15 rec. 372/2014. RETRACTO. PLAZO DE CADUCIDAD.

La acción para el ejercicio de la acción de retracto por el arrendatario de viviendas urbanas es de caducidad, pero la acción judicial que pone en movimiento el retracto solo se materializa a través de la presentación de una demanda que formula el titular del derecho ante el órgano jurisdiccional, y este acto de presentación es un acto de naturaleza procesal, como tal sujeto a las normas que regulan el procedimiento, incluidas las del art. 135 LEC.

55.- SAP de Pontevedra [1] de 05/02/15 rec. 584/2014. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN. LEGALIZACIÓN.

La falta de legalización no puede ser el único motivo en que se sustente la calificación de culpabilidad, sino que dicha falta constituye un indicio que solo en tanto aparezca corroborado por otros elementos puede dar lugar a dicha calificación, en la medida que ponga de relieve que la contabilidad no refleja la imagen fiel de la sociedad.

56.- SAP de Cáceres [1] de 09/02/15 rec. 6/2015. TESTAMENTO. CAPACIDAD.

La edad avanzada, por sí sola, no es causa de incapacidad; la senilidad o senectud, como estado fisiológico, es diferente a la demencia senil, como estado patológico. El principio general es que la capacidad de las personas se presume, y la declaración notarial respecto de la capacidad del otorgante adquiere una especial relevancia de certidumbre, constituyendo una enérgica presunción iuris tantum, que sólo puede destruirse mediante una evidente y completa prueba en contrario.

57.- SAP de Barcelona [15] de 12/02/15 rec. 343/2014. CONCURSO ACREEDORES. CALIFICACIÓN.

La apreciación del supuesto del art. 164.2.5º LC exige el elemento subjetivo del fraude. No basta con que el acto disposición sea susceptible de rescisión concursal. Para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causar el perjuicio.

58.- SAP de Burgos [3] de 19/02/15 rec. 275/2014.  SOCIEDAD. DISOLUCIÓN.

La disolución de cualquier sociedad no es favorable ni contraria al interés social, porque la sociedad no tiene un interés en seguir sobreviviendo, por eso no es preciso que exista una causa justificada distinta de la simple voluntad mayoritaria de los socios en acordar la disolución. El juez puede anular el nombramiento de liquidador cuando se haya nombrado prescindiendo de los intereses sociales y buscando sólo el interés particular de algunos socios, pero no le corresponde nombrar uno nuevo, sino que la sociedad deberá celebrar nueva JG para hacer el nombramiento.

59.- SAP de Barcelona [15] de 12/02/15 rec. 301/2014. SOCIEDAD. IMPUGNACIÓN ACUERDO. CADUCIDAD. OBJETO.

Si el plazo sustantivo de impugnación de un acuerdo de JG concluye en día inhábil, se entiende prorrogado hasta el siguiente hábil. El hecho de que la JG tome un acuerdo referido a un acto de ejecución del proceso de liquidación social, no lo convierte en impugnable, pues no era necesario dicho acuerdo, y los liquidadores debían adoptarlo por si mismos en ejercicio de sus propias facultades, sin recabar la intervención de la JG.

60.- SAP de Barcelona [15] de 10/02/15 rec. 339/2013.  SOCIEDAD. JUNTA UNIVERSAL.

Los acuerdos adoptados con simulación de una junta universal son contrarios al orden público. La relación entre socios no justifica que las formalidades legales sobre convocatoria y constitución de la JG se relajen al extremo de pasar por juntas, en las que se modifica el capital social, simples reuniones entre accionistas de las que se desconoce su contenido.

61.- SAP de Barcelona [15] de 12/02/15 rec. 117/2014. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA.

Es válida la convocatoria efectuada por un administrador con el cargo en vigor antes de que el pronunciamiento judicial que anula su nombramiento hubiera ganado firmeza y sin que se haya adoptado medida cautelar alguna.

62.- SAP de Madrid [10] de 06/02/15 rec. 627/2014.  SOCIEDAD. SUCESIÓN UNIVERSAL. HIPOTECA. EJECUCIÓN.

En los supuestos de sucesión universal de la LME resulta inaplicable el art. 149 LH.

63.- SJM de Barcelona [9] de 13/02/15 proc. 562/2014. CONCURSO ACREEDORES. REINTEGRACIÓN. MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL.

Aunque el art. 71.5 LC no excluya expresamente las operaciones de modificación estructural de la acción de reintegración, esta no es posible pues el art. 47 LME protege este tipo de operaciones frente a cualquier impugnatoria, entre ellas, las de naturaleza rescisoria.

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