BOLETIN AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015

AGOSTO 2015 PDF

1. Resoluciones.

2. Sentencias.

3. Varia Fiscal.

4. Otra información de interés.

5.  Comentario del mes.

 

NÚMERO 8-9                                                                                              AGOSTO/SEPTIEMBRE 2.015


 

 

1.- Resoluciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO –DGRN-

DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I D’ENTITATS JURÍDIQUES –DGDEJ-

125.- Res. De la DGRN de 05/06/15. PRESTACIÓN ACCESORIA.

La cláusula estatutaria establece una prohibición de competencia; el RM  considera que se trata de una prestación accesoria, y por eso debe indicar su carácter gratuito o retribuido; para el notario se trata de un pacto entre los socios. Para la DGRN su inclusión formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional sería contraria a la exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales. Por otra parte, si lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de los llamados pactos parasociales, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza extrasocietaria o extracorporativa, sin que se trate de uno de los supuestos en que se permite dicho acceso. La de prohibición de competencia es una obligación que, precisamente, constituyó históricamente junto a la de suministro de materias primas una de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este carácter estatutario hace imprescindible que, como exigen los arts 86 LSC y 187.1 RRM, que se especifique si el socio que cumpla la obligación debatida obtendrá o no alguna retribución.

126.-Res. DGRN de 27/05/15. COMPRAVENTA. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.

El comprador manifiesta estar casado en régimen de separación de bienes y lo acredita por la identificación de las capitulaciones a través de su inscripción en el Registro Civil.  No es necesario manifestar el nombre del cónyuge del adquirente de una finca cuando el REM acreditado es el de separación, ya que no existe sociedad conyugal cuyos derechos presentes o futuros puedan resultar afectados. Tampoco pueden existir consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, dado que en dicho régimen tanto el activo como el pasivo y las cargas y obligaciones de cada uno de los cónyuges no se comunican con el patrimonio del otro.

127.-Res. DGRN de 28/05/15. EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO.

El expediente de dominio no debe quedar excluido por el hecho de que la causa de adquisición del dominio sea la usucapión extraordinaria. La DG revoca la nota del Registrador, que entendía necesario acudir al juicio declarativo ordinario por no resultar acreditadas la totalidad de las transmisiones que conectaban al titular registral con el promotor del expediente, quien no obstante podía justificar su adquisición por posesión ininterrumpida durante más de 30 años.

128.-Res. DGRN de 28/05/15. SUBROGACIÓN REAL.

Previamente a una aportación de finca a la sociedad de gananciales se inscribe una operación de equidistribución de beneficios y cargas, de manera que se subrogan las fincas de origen por las de resultando, produciéndose el cierre en el Registro de títulos que se referían a las fincas de origen, de acuerdo con lo previsto en el TR de la Ley del Suelo. El efecto de la subrogación real supone que las fincas resultantes de las reparcelaciones urbanísticas subentren en la posición de las de origen, quedando sometidas a su mismo régimen y titularidad jurídica, que permanece idéntica e inmutable y, por tanto, sometida al mismo poder de disposición de su titular que en nada ha variado. Esta subrogación real, que opera por ministerio de la Ley, produce efectos singulares: la DG permite la práctica de asientos sobre las fincas de resultado cuando los títulos presentados en el Registro se refieren a las fincas de origen siempre que exista perfecta correspondencia entre las mismas.

129.-Res. DGRN de 29/05/15. CADUCIDAD ANOTACIÓN PREVENTIVA.

No puede inscribirse un decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución cuando consta la finca inscrita a nombre de persona distinta del ejecutado, que adquirió la finca y la inscribió a su favor estando vigente la anotación preventiva ordenada en el seno del mismo, pero que se encuentra ya caducada en el momento de presentación del citado auto de adjudicación. La caducidad de las anotaciones preventivas opera ipso iure transcurrido el plazo de cuatro años, hayan sido o no canceladas, y sin perjuicio de su posible prórroga. No cabe alegar que dicho titular conocía la existencia del procedimiento al haber inscrito su derecho durante la vigencia de la anotación.

130.-Res. DGRN de 03/06/15. EJECUCIÓN DIRECTA. FALTA DE CONSTANCIA DEL DOMICILIO EN EL REGISTRO.

Presentada en su momento escritura de préstamo hipotecario, ésta se inscribió sin constancia de domicilio a afectos de notificaciones y requerimientos ni respecto del deudor no hipotecante ni respecto del hipotecante no deudor. No resulta posible por tanto acudir al procedimiento de ejecución directa ni extrajudicial, sin entrar a examinar si dicha inscripción de practicó o no correctamente en su día, ya que en todo caso se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales. No cabe inscribir el testimonio del decreto de adjudicación, del que resulta que la ejecución de la hipoteca se ha llevado a cabo por los trámites procedimentales propios de la ejecución directa, ya que ésta sólo puede ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

131.-Res. DGRN de 05/06/15. ACREDITACIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD.

Se otorga escritura de desafectación parcial de un elemento común por la Presidenta de la Comunidad, manifestando haber sido elegida para el cargo en el año 2004 y haber sido renovada tácitamente hasta la fecha del otorgamiento. El artículo que permitía la prórroga tácita en los cargos de presidente, administrador o secretario de la comunidad fue suprimido de la LPH en la reforma de 1999, y por tanto la prórroga expresa en el nombramiento puede ser acreditada por testimonio notarial del libro de actas o por certificación expedida por el órgano de la comunidad que tenga facultad certificante y aseveración notarial, con referencia al libro de actas, de que el autor certificante se halla en el ejercicio del cargo, no bastando la mera manifestación de la compareciente.  Por otro lado, al adjudicarse a los propietarios un determinado elemento privativo para su vinculación al régimen de PH del conjunto inmobiliario, debe existir acuerdo de la Comunidad especificando cuáles de las nuevas parcelas formadas tras la desafectación corresponde a cada comprador, no siendo posible la determinación unilateral por parte de la Presidenta.

132.-Res. DGRN de 09/06/15. ADICIÓN DE HERENCIA AL AMPARO DE LA DOCTRINA MODERNA DEL DERECHO DE TRANSMISIÓN.

Se otorgó en 2003 la escritura de herencia, compareciendo los hijos del causante y los nietos, hijos de otro hijo fallecido después del fallecimiento del primero. Igualmente comparece la viuda del hijo muerto sin aceptar ni repudiar la herencia de su padre, conforme a la doctrina clásica del derecho de transmisión. En 2015 se otorga escritura de adición de un bien inmueble omitido por error, pero sin comparecencia de la viuda del transmitente, en consonancia con la doctrina moderna del ius transmisionis (STS de 11 de septiembre de 2013, en cuya virtud los herederos transmisarios suceden directamente al causante de la primera herencia, y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente). La DGRN confirma la nota de calificación en base al principio de unidad sucesoria, que exige que se respete la configuración inicial y estructura subjetiva que en 2003 se dio a la herencia, teniendo la escritura de adición carácter meramente complementario respecto de la primera, y no pudiendo acogerse por este motivo  a la vigente doctrina interpretativa del art. 1006 del CC.

133.-Res. DGRN de 09/06/15. DONACIÓN.

Se donan dos fincas recibidas por el donante por herencia de su esposa, estando “instituido en pleno dominio y con facultad de disponer” y “sustituido vulgar y fideicomisariamente de residuo” por la prima de la testadora. La DG confirma el criterio de la Registradora, debiendo la facultad dispositiva atribuida por la testadora al heredero fiduciario interpretarse en sentido estricto, únicamente para la realización de actos de disposición inter vivos y a título oneroso. Al instituido con fideicomiso de residuo se le considera heredero completo en el tiempo y en las facultades que adquiere, con una sola restricción que operará después de su muerte. Las facultades de disponer deben entenderse restrictivamente conforme a la finalidad de conservación que informa el fideicomiso de residuo, y por tanto sin comprender los actos a título gratuito a no ser que se haya previsto expresamente por el fideicomitente (así, SSTS 12 febrero 2002 y 7 de noviembre de 2008 o bien el apartado segundo del art. 426.53 del CCat). La voluntad del testador es la ley que debe regir su sucesión, y el hecho de que haya ordenado en primer término una sustitución vulgar en favor de quien sería fideicomisario de residuo, patentiza una voluntad clara de que el tránsito de los bienes no quede al completo arbitrio del fiduciario, algo que no sucedería si se le entendiera habilitado para disponer a título gratuito.

134.-Res. DGRN de 10/06/15. CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA MEDIANTE INSTANCIA PRIVADA.

Las partes presentan un documento privado, liquidado el impuesto y con firma legitimada notarialmente, en cuya virtud, haciendo uso de la posibilidad prevista en el contrato de permuta de solar por obra futura, y ante la imposibilidad de llevar a cabo la prestación garantizada con la condición resolutoria inscrita, se da carta de pago de una indemnización económica sustitutoria. La DG confirma la nota, pues para la cancelación del pacto resolutorio inscrito se precisa que el consentimiento del vendedor o transmitente se otorgue en escritura pública, resolución judicial, o bien conforme al art. 82.5 de la LH, que haya transcurrido el plazo establecido para la caducidad de la acción.

135.-Res. DGRN de 11/06/15. CLÁUSULA “PARA PERSONA POR DESIGNAR”.

En el documento privado se incluyó una cláusula en cuya virtud la escritura pública de venta se otorgaría “en concepto de libre de cargas ante Notario y el día que designe el comprador, y se [haría] a favor de la persona física o jurídica que este designe”. Dicha escritura se otorgó por los herederos del vendedor y por quien figura en el documento privado como comprador, interviniendo en su nombre y además como administrador único de una determinada sociedad. La libertad de estipulación del art. 1255 del CC permite celebrar contratos con la cláusula “para persona por designar” de suerte que uno de los contratantes (estipulante) se reserve la facultad de identificar en un momento posterior a un tercero, inicialmente indeterminado, para que ocupe su posición en la relación contractual, quedando aquél desligado de la misma con eficacia retroactiva. Una de las partes, por tanto, se designa alternativamente, lo que lo diferencia del contrato en favor de tercero (art. 1257.2 CC), en el que el tercero favorecido adquiere un verdadero derecho en el contrato sin haber intervenido en éste ni convertirse en parte contractual.

136.-Res. DGRN de 09/06/15. DEPÓSITO DE CUENTAS. AUDITORIA VOLUNTARIA.

En el caso una sociedad no obligada a verificación contable solicita el depósito de sus cuentas anuales debidamente aprobadas por la junta general a las que acompaña el informe de verificación llevado a cabo por un auditor nombrado, con carácter voluntario, por el órgano de administración. En este informe el auditor declara que no puede expresar una opinión sobre las cuentas anuales. Para la DGRN esta circunstancia no puede impedir el depósito.

2.- Sentencias.

TRIBUNAL SUPREMO -TS-

AUDIENCIA PROVINCIAL -AP-

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA –JPI-

JUZGADO MERCANTIL –JM-

120.- STS [1] de 10/06/15 rec. 2732/2013. CAUSA ILÍCITA DEL CONTRATO. AUTOCONTRATO.

En principio, la jurisprudencia considera como causa del negocio la función económico-social que justifica que un determinado negocio jurídico reciba la tutela y protección del ordenamiento jurídico, de modo que la causa será la misma en cada tipo de negocio jurídico. Pero esa conceptuación no permite explicar la posibilidad de que exista una causa ilícita, pues ello es incompatible con el fin típico y predeterminado de cada negocio jurídico. Es por eso que el propósito ilícito buscado por ambas partes ha sido elevado por la jurisprudencia a la categoría de causa ilícita determinante de la nulidad del contrato conforme al art. 1275 CC, cuando venga perseguido por ambas partes (o buscado por una y conocido y aceptado por la otra) y trascienda el acto jurídico como elemento determinante de la declaración de voluntad en concepto de móvil impulsivo. Por tanto, el propósito perseguido por las partes ha de ser confrontado con la función económica y social en que consiste la causa de cada negocio, de modo que si hay coincidencia, el negocio es reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, pero si no la hay porque el propósito que se persigue es ilícito, tal protección no se otorgará y ese propósito se eleva a la categoría de causa ilícita determinante de la nulidad de pleno derecho del negocio jurídico.  Los móviles que individualmente pudiera tener el mandatario al celebrar, en nombre y representación de sus mandantes, los contratos cuya nulidad se pretende, no pueden determinar la existencia de una causa ilícita ni, por tanto, la nulidad de los contratos, en tanto que tales móviles espurios, incluso delictivos, que se atribuyen a dicho mandatario no han sido compartidos o al menos aceptados por las otras partes de los contratos celebrados. Por tanto, tales móviles no pueden elevarse a la categoría de causa ilícita ni pueden determinar la nulidad de los contratos. Que el mandatario haya empleado las facultades que le concedieron sus poderdantes para su propio enriquecimiento, en perjuicio de aquellos, tiene relevancia en la relación de mandato a efectos de que los mandantes puedan exigirle que les rinda cuentas y les indemnice los daños y perjuicios que hayan podido derivarse de una conducta ilícita del mandatario, pero no puede perjudicar a terceros que, sin estar confabulados con el mandatario, contrataron con este como representante de sus mandantes en la confianza de la amplitud de las facultades representativas que le habían sido conferidas. La jurisprudencia ha considerado jurídicamente ineficaz la autocontratación cuando se da un conflicto y una contradicción de intereses que haga incompatible la actuación de una persona que obra para sí misma y a la vez en la representación de otra, física o jurídica. En tales casos, al contrato llevado a cabo se le desprovee de causa lícita, entrando así en el campo del abuso el derecho, que siempre lleva consigo intención de dañar y perjudicar. Pero tal doctrina es aplicable cuando se ha producido una autocontratación propiamente dicha, en la que la coincidencia de los consentimientos necesaria para la perfección del contrato es sustituida por la voluntad de una sola persona, que actúa en nombre propio, como una de las partes del contrato, y en nombre y representación de otra persona, como la otra parte del contrato. Esto es, una sola persona se ha situado en ambas partes de un contrato bilateral, en una actuando en nombre propio, en la otra actuando en nombre y representación de sus poderdantes. En tal caso, cuando concurren los requisitos indicados, los poderdantes que se han visto perjudicados por el autocontrato de su representante pueden accionar contra éste solicitando la nulidad del contrato. Pero no es el caso cuando en algunos contratos una de las partes (bien los prestatarios, bien los prestatarios y quienes hipotecaban un bien para garantizar la obligación de los prestatarios) estaba integrada por el demandado que actuaba en su propio nombre, y por los poderdantes, representados por tal mandatario con poder suficiente otorgado al efecto. Pues no se trataba de partes que estuvieran en una relación de bilateralidad o reciprocidad contractual, sino que se alineaban en una de las posiciones contractuales, mientras que en la otra posición contractual se situaba un tercero ajeno a esa relación de mandato representativo. Es cierto que aun alineados en la misma posición contractual, podía existir un conflicto de intereses entre el representante y sus representados, porque, por ejemplo, los representados ignorasen el negocio que había sido concertado en su nombre, y fuera el representante quien aprovechara para sí la totalidad del dinero obtenido. Pero en tal caso, la existencia de ese conflicto de intereses y de ese abuso de derecho por parte del representante no puede determinar la nulidad del contrato porque la parte situada en la otra posición contractual (el banco que ha concedido el préstamo, que ha hecho el reintegro, o a favor del cual se ha constituido la hipoteca, o el comprador de un bien vendido por los demandantes representados por el apoderado codemandado) resulta ajeno al conflicto de intereses, a la conducta abusiva del representante, y no puede verse perjudicada por hechos que afectan exclusivamente a la relación interna entre los poderdantes, de un lado, y el representante, de otro, cuando dicho representante actuó dentro de las facultades que le habían sido concedidas mediante apoderamiento ante notario. Por otra parte, no puede obviarse que los poderdantes otorgaron al apoderado facultades para autocontratar, por lo que, frente a terceros, no podría oponerse la nulidad de ese autocontrato en tanto que estaba dentro de las facultades concedidas al apoderado que contrató con ellos.

121.- STS [1] de 11/06/15 rec. 2457/2013. CONCURSO. ORDEN DE PRELACIÓN EN LOS PAGOS.

Conforme a la propia dicción del art. 176.bis.2 LC , la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por la del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado por este orden, con independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos contra la masa.

122.- STS [1] de 16/06/15 rec. 1310/2013. VENTA. CUERPO CIERTO.

La doctrina de la venta como “cuerpo cierto” exige la existencia de linderos fijos e indubitados que ponen de manifiesto que las partes, lejos de atender a la real cabida del inmueble, han tenido en cuenta para fijar el objeto de la venta tales linderos y no la concreta superficie que se comprende en el perímetro fijado por los mismos, situación que no puede predicarse de aquellos supuestos en que por alguno de los vientos el lindero es incierto, lo que lleva a considerar que las partes quisieron fijar como objeto una concreta extensión superficial cuya determinación habría de hacerse mediante la adecuada medición en relación con dicho lindero incierto.

123.- STS [1] de 16/06/15 rec. 2651/2013. TESTAMENTO OLÓGRAFO.

La declaración judicial de que un determinado documento es válido y eficaz como testamento ológrafo puede pretenderse directamente a través de un juicio declarativo ordinario, sin haber tenido que obtener previamente la protocolización del mismo, ya que el juicio declarativo ordinario, con la plenitud de conocimiento que comporta, ofrece mayores garantías de acierto que un acto de jurisdicción voluntaria, siempre que no haya transcurrido el plazo de caducidad del art. 689 CC que establece el primero de los citados preceptos y, además, en dicho juicio ordinario se dé posibilidad de ser oídos a todos los parientes del testador que relaciona el art. 692 CC.

124.- STS [1] de 18/06/15 rec. 1429/2013. CLÁUSULA PENAL. MODERACIÓN.

Cuando la cláusula penal está establecida para un determinado incumplimiento, aunque fuera parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del art. 1154 CC si se produce exactamente la infracción prevista, pues la moderación procede cuando se hubiera cumplido en parte o irregularmente la obligación para cuyo incumplimiento total la pena se estableció, de modo que la finalidad del precepto no reside en resolver la cuestión de si se debe rebajar equitativamente una pena por resultar excesivamente elevada, sino en interpretar que las partes, al pactar la pena, pensaron en un incumplimiento distinto del producido.

125.- STS [1] de 24/06/15 rec. 1608/2013. CONCURSO. REINTEGRACIÓN.

Un pago debido realizado en el periodo sospechoso de los dos años previos a la declaración de concurso, siempre que esté vencido y sea exigible, por regla general goza de justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa. Sin embargo, ello no excluye que en alguna ocasión puedan concurrir circunstancias excepcionales (como es la situación de insolvencia al momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso, así como la naturaleza del crédito y la condición de su acreedor), que pueden privar de justificación a algunos pagos en la medida que suponen una vulneración de la par condicio creditorum. En este sentido, la ampliación del plazo de carencia y la reducción del tipo de interés son circunstancias que objetivamente son favorables para la deudora, que le permitía vender viviendas ya terminadas, con mayor holgura. Por tanto, no pueden rescindirse estas operaciones de novación. Cuestión distinta es la operación que simultáneamente se llevó a cabo, tras la novación, es decir, las prendas de créditos futuros representados por las disponibilidades de los préstamos novados, como consecuencia de las ventas futuras de una promoción que se había terminado. Es contrario a la naturaleza de la operación de crédito, que gran parte de su importe sirva para garantizar los intereses de la propia operación, alterando esencialmente el esquema de distribución de riesgos previsto en esta clase de operaciones. En cuanto a la operación de reducción del capital disponible de un préstamo hipotecario, no puede ser objeto de rescisión pues no es una operación llevada a cabo por el deudor, sino unilateralmente por el Banco. Las acciones de reintegración tratan de rescindir actos de disposición, acciones y omisiones, realizados por el deudor en el periodo sospechoso y con perjuicio para la masa, y por eso, una operación de este tipo, debe impugnarse, si procede, a través de la correspondiente acción resolutoria en materia de incumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato con obligaciones recíprocas que, de forma unilateral, habría resuelto una de las partes (art. 1124 CC), pero en ningún caso puede ser objeto de rescisión al amparo del art. 71 LC.

126.- STS [1] de 30/06/15 rec. 2780/2013. CONSUMIDORES. DEFECTO DE INFORMACIÓN Y ERROR VICIO. NORMATIVA MIFID.

Ser cliente minorista implica una presunción de falta de conocimiento de los instrumentos financieros complejos y, consecuentemente, la existencia de una asimetría informativa que justifica la existencia de rigurosos deberes de información por parte de las empresas de inversión. Pero no significa que el cliente sea necesariamente un “ignorante financiero”, pues puede ocurrir que clientes que no reúnan los rigurosos requisitos que la normativa MiFID exige para ser considerado como cliente profesional tengan, por su profesión o experiencia, conocimientos profundos de estos instrumentos financieros complejos que les permitan conocer la naturaleza del producto que contratan y los riesgos asociados a él, incluso en el caso de no recibir la información a que la normativa MiFID obliga a estas empresas. En el caso, al haber actuado representada por su esposo, a quien había otorgado su poder de representación para que contratara en su nombre el instrumento financiero en el que era experto, es el perfil de este el relevante para enjuiciar la existencia del error vicio.

127.- STS [1] de 01/06/15 rec. 1449/2013. CONCURSO. CALIFICACIÓN. PRESUNCIÓN.

Las dudas no pueden “pesar más que la presunción”, puesto que justamente la presunción supone una inversión de la carga de la prueba, de modo que si no existe una prueba adecuada de la inexistencia de dolo o culpa grave y de que el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso no agravó la insolvencia del deudor (y tal ocurre cuando existen dudas), la presunción no resulta destruida.

128.- STS [1] de 02/06/15 rec. 1296/2013. NULIDAD. RESTITUCIÓN.

Para hacer efectivas las consecuencias restitutorias de la declaración de ineficacia de un contrato ejecutado es innecesaria la petición expresa, en cumplimiento del principio “iura novit curia” y sin incurrir en incongruencia, al considerar que se trata de una consecuencia directa e inmediata de la norma que atribuye retroactividad al efecto liberatorio derivado de la declaración de ineficacia. En el caso en la obligación de restitución recíproca se incluye la de devolver el derecho de propiedad del local, con la hipoteca cancelada, pues debe quedar tan libre de cargas como le fue entregado a la compradora al tiempo del contrato y su consumación.

129.- STS [1] de 02/06/15 rec. 1732/2013. CONCURSO. REINTEGRACIÓN.

La garantía a favor de tercero se constituye a título oneroso cuando el acreedor, como equivalencia de la garantía prestada, se obliga a una determinada prestación a favor del garante o del deudor principal. Salvo prueba en contrario, la constitución de la garantía coetánea o contextual con el nacimiento del crédito garantizado se entenderá correspectiva a la concesión de éste, y por tanto onerosa, pues el acreedor concede el crédito en vista de la existencia de la garantía, es decir, recibe como correspectivo conjunto de su crédito la promesa de pago del deudor y la garantía del tercero. Ello no obstante, que la garantía sea onerosa no excluye la existencia de perjuicio para la masa. Es más, si se trata de uno de los actos onerosos previstos en los supuestos del art. 71.3.1 LC, el perjuicio patrimonial se presume, si bien cabe prueba en contrario. Y para identificar este perjuicio, como sacrificio patrimonial injustificado, ha de examinarse únicamente si ha existido algún tipo de retribución o beneficio en el patrimonio del garante, que justifique razonablemente la prestación de la garantía. No ha de ser necesariamente una atribución patrimonial directa como pudiera ser el pago de una prima o precio por la constitución de la garantía. Puede ser un beneficio patrimonial indirecto (en el caso, la persona física declarada en concurso había avalado a una SRL de la que era socio en una operación de compraventa). Siendo el concursado una persona natural, las únicas personas especialmente relacionadas con ella son las mencionadas en el art. 93.1 LC. La LC incluye una relación de sujetos que se encuentran vinculados por una relación especial al deudor, sea éste una persona natural (art. 93.1 LC) o una persona jurídica (art. 93.2 LC). La enumeración, tanto en uno u otro supuesto, es taxativa y cerrada, introduciendo presunciones iuris et de iure, de modo que cualquier sujeto incluido en la relación tendrá la consideración de persona especialmente relacionada; pero, del mismo modo, un sujeto no incluido en la relación no tendrá esta condición de persona especialmente relacionada con el deudor, pues la lista está limitada a los sujetos allí relacionados de forma inalterable, como único recurso para alcanzar un alto grado de rigor y de seguridad jurídica, evitando conceptos jurídicos indeterminados y, dado el carácter excepcional del precepto por sus consecuencias jurídicas que entraña la subordinación de los créditos, no caben interpretaciones analógicas.

130.- STS [1] de 02/06/15 rec. 394/2013. JUNTA GENERAL. IMPUGNACIÓN DE ACUERDO NEGATIVO.

En el acuerdo impugnado lo que la junta rechaza por mayoría es el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los administradores. No puede negarse que se trate de un acuerdo, pues se decide que la sociedad no ejercite la acción social de responsabilidad contra los administradores por haberse cobrado unas retribuciones que no les correspondían, al haber quedado sin efecto el acuerdo social que las acordó. Ahora bien, la improcedencia de la impugnación de este acuerdo radica en que la Ley ya prevé cómo se puede recabar el auxilio judicial para contradecir lo acordado y hacer efectivo lo pretendido con el acuerdo. Por esta razón, este concreto acuerdo que rechazaba el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los administradores, propuesto en el punto 7º del orden del día, no era susceptible de impugnación, y por consiguiente no podía anularse.

131.- SAP de Barcelona [15] de 08/07/15 rec. 482/2013. CONSUMIDOR. PERSONA JURÍDICA. CLÁUSULA SUELO.

Aun cuando las personas jurídicas pueden tener la condición de consumidor, ha de quedar acreditado que actúan fuera del ámbito propio de su actividad empresarial o profesional. Esa tendencia a restringir la condición de consumidor a las personas jurídicas se acentúa con la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que da nueva redacción al artículo 3 del TRLGDCU (añade el requisito de que la persona jurídica actúe sin ánimo de lucro) y clarifica el concepto de empresario, al que define como “toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, oficio o profesión”. En este sentido la compraventa de un despacho para el ejercicio de una actividad profesional de prestación de servicios queda excluida del ámbito de aplicación de la legislación especial de defensa de los consumidores, sin que resulte sujeta al control de contenido o de abusividad, debiéndose aplicar el régimen general del contrato por negociación. Las cláusulas suelos son lícitas, no es preciso que exista equilibrio o equidistancia entre el tipo inicial y los topes señalados como suelo y techo, máxime cuando el recorrido al alza no tiene límites y, más aún, son lícitas las cláusulas suelo que no coexisten con cláusulas techo.

132.- SAP de Albacete [1] de 26/05/15 rec. 67/2015. JUNTA GENERAL. REPRESENTACIÓN.

La LSC no exige que la firma del documento privado de apoderamiento para asistir a la junta general esté adverada notarialmente. La ley exige únicamente que el apoderamiento conste por escrito, que sea especial, que comprenda todas las participaciones de quien lo otorga y que esté emitido a favor de determinadas personas.

133.- SAP de A Coruña [4] de 21/05/15 rec. 224/2015. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA. DERECHOS INVIDUALES. DEBER DE ABSTENCIÓN.

En la convocatoria de la junta general no se había expresado el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta. Pero los derechos han de ejercitarse conforme a los postulados de la buena fe, y el demandante tenía constancia de cuál era la modificación estatutaria pretendida, como resulta de su oposición a la convocatoria judicial de la Junta para la aprobación de dicha modificación. Las formas tienen unas finalidades que las avalan, sin que sea de recibo oponer su infracción, cuando la razón que las justifica se ha visto satisfecha con el conocimiento previo por el actor de la modificación estatutaria pretendida; siendo por lo tanto improcedente que inste una nulidad de un acuerdo social, por la mentada omisión formal en la convocatoria, que si bien constituye un defecto formalmente existente, sus consecuencias fueron inocuas para la posición jurídica del actor y preservación de sus derechos, habida cuenta que, dada su condición de administrador, tramitación de procedimiento judicial previo de convocatoria de la Junta General de Socios, escrito exteriorizando su oposición a la mentada convocatoria judicial, así como actuación en la celebración de dicha junta, demuestran que el apelante tenía conocimiento pleno del texto estatutario sometido a aprobación. Otra cosa sería refrendar un ejercicio abusivo de un derecho vedado por el art. 7 del CC,  por el principio general de la buena fe, así como por una interpretación finalista de la norma alegada como infringida. Por otro lado, la adopción de tal acuerdo no podemos considerarla que infrinja el art. 292 de la LSC, pues no restringe o suprime derechos individuales del actor, simplemente elimina obstáculos a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales entre socios, con lo que realmente se aproxima al régimen jurídico del art. 107, lo que afecta directamente tanto al actor como al resto de los socios, sin exclusión de clase alguna. Suprimida la limitación estatutaria el demandante es libre para poder adquirir las participaciones de otros socios -incluso le fueron ofertadas-, por lo que la mercantil demandada no ve alterado su sustrato personal mediante la incorporación de terceros, ni tampoco el demandante su participación en el capital social, que sigue siendo la misma, pues éste no ha variado. Las obligaciones y derechos individuales no pueden ser confundidos con las normas estatutarias que rigen el funcionamiento de los órganos sociales, ni con el régimen general establecido para las participaciones, sino que se refieren única y exclusivamente a aquéllas variaciones que alteren de forma sustancial la posición que sus participaciones atribuyen a un socio o a un grupo de socios y a sus derechos particulares e individuales. Tampoco existe conflicto de intereses que exija un deber de abstención, en tanto en cuanto se trata de la modificación de los estatutos sociales, que afecta a la sociedad e indirectamente a todos los socios, por lo que, de aceptar la tesis del recurrente, ninguno podría ejercitar su derecho de voto, pues llevado el razonamiento a sus últimas consecuencias cualquier socio debería abstenerse cuando se instase una modificación estatutaria por hallarse afectados intereses propios. No nos hallamos ante el caso previsto en el art. 190 a) LSC, conforme al cual el socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto: a) “autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria”, sino que versa sobre la modificación de los estatutos sobre la libre transmisión de las participaciones sociales entre socios; siendo cosa distinta que, después de aprobada su modificación con las mayorías legales correspondientes (art. 199 apartado a), se realicen actos de transmisión patrimonial, al amparo de la nueva redacción de tal precepto, lo que no requiere ya acuerdo de la Junta General de Socios.

135.- SJM de Madrid [5] de 26/06/15 procd. 415/2014. RENUNCIA DE ADMNISTRADOR. EFECTOS. NOTIFICACIÓN.

Si los administradores constatan su renuncia al cargo en una escritura anterior no inscrita, no es preciso efectuar una nueva notificación fehaciente a la sociedad de la renuncia para inscribir la renuncia sobre la base de una escritura posterior. La sentencia destaca que la inscripción del cese en el Registro Mercantil no es constitutiva y sólo se limita a dar publicidad de lo ya ocurrido; el cese producido por la dimisión del administrador que tuvo lugar cuando éste lo comunicó a la sociedad. Por lo tanto, si la renuncia de los administradores fue comunicada fehacientemente a la sociedad con anterioridad, en esa fecha ya se produjeron todos los efectos de la renuncia, y no hay motivo o razón para denegar la inscripción por no haber practicado una segunda notificación fehaciente de la renuncia a la sociedad en la segunda escritura, porque los efectos constitutivos de la renuncia se produjeron ya con la primera. Lo que sí puede exigir el RM es que, cuando vaya a practicar la inscripción, se den todos los requisitos previstos para la inscripción en los artículos 62.3 y 147.1 del RRM, y esto ocurre, precisamente, cuando se presenta a inscribir la segunda escritura, aunque la notificación fehaciente del cese se hiciera bastante antes.

136.- SJM de Madrid [3] de 16/07/15 procd. 4369/2014. DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD.

La disolución por mero acuerdo de la junta general no requiere, en sentido propio, una causa distinta que la voluntad mayoritaria de los socios y no cabe estimar preciso que exista un previo “texto íntegro” de dicha disolución, pues no se trata propiamente de modificar los estatutos con un nuevo texto, ni sería por ello exigible la constancia de la posibilidad de examinar en el domicilio social un texto íntegro de la modificación propuesta -que no existe como tal- o pedir la entrega o el envío gratuito de tal documento.

3.- Varia Fiscal.

TRIBUNAL SUPREMO –TS-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA –TSJ-

AUDIENCIA NACIONAL –AN-

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL -TEAC-.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS –DGT-

43.- Consulta Vinculante DGT de 04/05/15 nº V1376-15. IVA. TRIBUTACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA.

La consultante permutó con una persona física cuatro solares a cambio de la obligación de entregarle una serie de edificaciones pero, ante la imposibilidad de hacerlo, le entrega una vivienda en cumplimiento de la cláusula penal establecida en la escritura pública de permuta. Dicha entrega constituye una entrega de bienes sujeta a IVA, sin perjuicio de que pudiera resultar de aplicación la exención del art. 20.Uno.22º de la LIVA (cantidades recibidas por razón de indemnizaciones que por razón de su naturaleza y función no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto).

44.- Consulta Vinculante DGT de 26/05/15 nº V1620-15. IS. RETRIBUCIÓN ADMINISTRADORES.

Los gastos relativos a las retribuciones de los socios por el trabajo desarrollado en una sociedad de asesoría contable, fiscal y laboral serán fiscalmente deducibles en el Impuesto de Sociedades siempre que cumplan las condiciones legalmente establecidas (inscripción contable, imputación). Por otro lado, las retribuciones percibidas por las funciones propias del cargo de administrador son rendimientos de trabajo a efectos del IRPF, pero ninguna retribución debe imputarse por este concepto si el cargo es gratuito. Si los tres socios, administradores solidarios, únicamente reciben retribuciones por el desempeño del trabajo diario que realizan para la sociedad (siendo ésta la que factura a los clientes), siendo retribuciones satisfechas por la prestación por el socio de servicios profesionales que se califican en el IRPF de actividades económicas, los rendimientos serán de esta naturaleza y les resultarán de aplicación los tipos de retención previstos en el art. 95 del Reglamento del Impuesto.

45.- Resolución del TEAC de 28/05/15 R.G. 2457/2015. DONACIONES. SANCIONES TRIBUTARIAS. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Si bien el TEAR consideró que no se podía declarar responsable solidario a un menor de edad actuando a través de su representante, el TEAC entiende que dicha responsabilidad por deudas y sanciones tributarias, fijada en el art. 42.2.a) de LGT, puede ser imputada a personas menores de edad, aunque el hecho causante de las mismas (ocultación o transmisión de bienes o derechos) se haya llevado a cabo por medio de representante. En el caso planteado, dos menores aceptaban la donación de sus padres a través de sus representantes legales y, aun cuando no les puede atribuir intención defraudatoria, no se les puede eximir de responsabilidad ya que donde la Ley no hace excepción no cabe aplicarla.

46.- Consulta Vinculante DGT de 10/06/15 nº V1834-15. IIVTNU. DERECHO DE SUPERFICIE.

Se constituye un derecho de superficie sobre un solar urbano por un periodo de 50 años y con un canon de 300.000 euros anuales. De acuerdo con el art. 107.2.b) del TR LHL, dicha constitución tributará aplicando los porcentajes anuales que determine el Ayuntamiento sobre la parte del valor a efectos del IBI que represente, respecto de aquél, el valor del derecho real constituido, calculado mediante las normas del ITPAJD. Éstas establecen que en la base imponible del derecho real de superficie se imputarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlo, si fuese igual o mayor que el que resulte de la capitalización del interés básico del Banco de España de la renta o pensión anual, o éste si aquél fuera menor. No obstante, el valor así determinado no podrá exceder del valor antes indicado por el art. 107.2.b) del TR LHL.

47.- Ley 14/2015, de 21 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del Impuesto sobre viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012 (TR de Ley de Urbanismo). Entrada en vigor 24/07/15.

En la línea de otros países europeos, se considera la desocupación de la vivienda de forma permanente (durante más de dos años sin causa justificada, como por ejemplo si debe ser rehabilitada, o es objeto de ocupación ilegal) como un hecho gravable, creando un impuesto directo cuya base imponible se determina por el número total de metros cuadrados que tenga la vivienda. Se reconocen asimismo bonificaciones en la CI a aquellos sujetos pasivos que destinen parte de su parque de viviendas al alquiler asequible (25% inferior a la de mercado). Por otro lado, se establece una compensación a favor de los Ayuntamientos que hubieran aprobado mediante ordenanza municipal el recargo sobre el IBI por aquellos inmuebles de uso residencial desocupados (art. 72.4 TR LHL). Igualmente se introducen cambios en el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y en la tasa fiscal sobre el juego que grava las apuestas. Con respecto a la Ley de Urbanismo, se establece una prórroga máxima (31/12/16) de las licencias otorgadas de acuerdo con la normativa técnica en materia de edificación y vivienda.

4.- Otras noticias de interés.

24.- Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (parte I).

Empezamos con las cuestiones relacionadas con la descripción registral de la finca, desde la perspectiva de la redacción de un documento notarial. En nuestra opinión la clave para entender el nuevo sistema está en la distinción entre dos circunstancias descriptivas de la finca, de un lado, la referencia catastral, y de otro lado, la coordinación gráfica (art. 9.a) Ley Hipotecaria –LH-).

1.- Referencia catastral: aunque se deroga lo poco que aún quedaba vigente del art. 53 de la Ley 13/1996, no se modifican las normas sobre constancia documental y registral de la referencia catastral del Título V de la Ley del Catastro Inmobiliario –LCI. En particular, para considerar que la referencia catastral se corresponde con la identidad de la finca, sigue siendo aplicable el art. 45 LCI (10 % de margen en la superficie, y que no exista duda fundada sobre la identidad de la finca; el cambio de nomenclátor debe acreditarse, salvo que conste al funcionario).

  1. a) Notaría: el notario debe solicitar a los interesados la documentación acreditativa de la referencia catastral conforme al art. 41 LCI, salvo que la pueda obtener por procedimientos telemáticos. Aunque no haya correspondencia en el sentido antes indicado (p. ej., más del 10 %), el notario debe hacer constar la referencia si los interesados no tienen dudas sobre la identidad (p. ej., aportan ese recibo de IBI), sin perjuicio de indicar que, para él, resulta dudosa, y así lo refleje en el índice.
  2. b) Registro de la Propiedad: no cambia el significado de la mera constancia de la referencia catastral, es decir, su indicación en el asiento no supone la concordancia gráfica, que constituye una operación diferente (Resolución de 04/12/13: “la referencia catastral de la finca, como ha puesto de relieve esta Dirección General en distintas Resoluciones, sólo implica la identificación de la localización de la finca inscrita en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la descripción tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se puedan inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en certificación catastral descriptiva y gráfica. Por lo tanto la referencia catastral no sustituye a la descripción de la finca que figura en el Registro ni implica una incorporación inmediata del cambio de naturaleza, de linderos y superficie catastrales en el folio registral”).

2.- Coordinación gráfica: representa un nivel superior, que sólo afecta al Registro de la Propiedad –RP-, pues se trata de la coordinación del RP con el Catastro Inmobiliario –CI-. Alcanzada esta coordinación e inscrita la representación gráfica en el RP, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto en el art. 38 LH, que la finca inscrita tiene la ubicación y delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral incorporada al folio real (sólo la  “catastral”, pues una posible representación alternativa sólo es provisional, y no podrá ser objeto de publicidad registral; no obstante, cuando haya sido validada por una autoridad pública, trascurridos 6 meses desde la comunicación al CI, sin que éste comunique al RP la existencia de impedimentos, también rige la presunción). Aunque el art. 10.5 LH sólo se refiere a la “ubicación y delimitación geográfica” cuando alude a la presunción,  del art. 199.1.I LH que regula el procedimiento para conseguir esa coordinación se desprende que el complemento de la descripción literaria también se extiende a “sus linderos y superficie”, y por eso la coordinación gráfica puede acabar provocando un cambio en la descripción literaria.  El documento notarial se ve involucrado en este procedimiento, porque la incorporación gráfica no es automática, y requiere ciertos presupuestos que, en su caso, deberán hacerse constar con claridad en el documento. Para simplificar las cosas, imaginemos una escritura de compraventa.

  1. a) Notaría: ha de quedar claro que la coordinación gráfica, con la excepción que después se indica, tiene carácter potestativo, cosa que no ocurre con la indicación de la referencia catastral. Tengamos presente que la coordinación constituye un procedimiento registral específico, quizá con gastos adicionales, y puede ocurrir que los otorgantes tampoco tengan mucho interés en conseguirla. El presupuesto básico es que la descripción catastral sea correcta, pues no se puede coordinar el RP con una descripción incorrecta del CI, y en este punto sigue vigente el art. 18.2 LCI, que obliga al notario a preguntar a los otorgantes si la descripción catastral se corresponde con la realidad física del inmueble. A partir de aquí tendrá que redactar el documento según la respuesta obtenida.

+  Si los otorgantes manifiestan la identidad, el notario describirá el inmueble en el documento de acuerdo con dicha certificación, en términos que pueden no coincidir  con los del RP. Hasta ahora, esto podía provocar una doble descripción de la finca en la escritura, una según el RP, y la otra según el CI. Que el RP inscribiera o no los cambios según este último iba a depender de la importancia de la rectificación pretendida (exceso cabida, dudas de la identidad de la finca), y era aconsejable pedir en la misma escritura, en caso de calificación negativa al respecto, que se inscribiera la transmisión con la descripción registral inalterada. Ahora la cosa se complica, por lo que después diremos a propósito de los diferentes procedimientos de rectificación de la descripción registral, en particular porque la coordinación gráfica no se limita a una comprobación de la descripción por parte del RP, sino que  es necesaria la notificación a los colindantes, en su caso por edicto en el BOE. Por eso, convendrá que después de dar la nueva descripción según el CI, el interesado manifieste en la escritura si quiere instar del RP el procedimiento de coordinación gráfica, para conseguir ese resultado específico, o si sólo pretende una rectificación de algún dato descriptivo, pero sin coordinación, o simplemente le pide al RP que inscriba sin cambios en la descripción registral. Incluso, convendría declarar en el documento que no se permite al presentante del título en el RP pedir otra cosa, para evitar que inadvertidamente, al presentar el título,  ponga en marcha el procedimiento, con los posibles gastos.

+ La otra posibilidad es que los otorgantes manifiesten la existencia de una discrepancia entre la realidad física y el CI, y que la quieran subsanar –en el CI-, dando para ello una nueva descripción de la finca, que deberán acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho. El art. 18 LCI sigue regulando un procedimiento notarial para la rectificación del CI, respecto del cual se han derogado los apartados que hacían referencia a la incorporación de la nueva descripción –una vez rectificado el CI- al RP, lo cual es lógico, ya que esa incorporación constituye ahora el procedimiento específico de coordinación gráfica, que habrá de seguirse con arreglo a la LH. Cabe plantear si en este procedimiento registral de coordinación se ha de notificar otra vez a los colindantes, aunque el notario ya hubiera hecho la oportuna comprobación, pero a los efectos del CI, no del RP (en los procedimientos del art. 198 LH, y cuando se trata del mismo funcionario, es posible la simplificación, pero ahora no se cumplen estas condiciones). Igual que en el supuesto anterior, aunque el interesado inste a través del notario el cambio en el CI, la coordinación con el RP es una operación distinta, que habrá de solicitarse –o excluirse- en la propia escritura. No obstante, el art. 199.2 LH regula un procedimiento registral específico de rectificación de la descripción en el CI mediante una representación georreferenciad alternativa, y la notificación a los colindantes. En este caso el RP incorpora la representación gráfica alternativa al RP, pero en ese momento todavía sin coordinar,  y comunica después al CI para la rectificación de éste (la LH remite al nuevo art. 18.3 LCI). Cuando el CI confirme la alteración, ya habrá coordinación. Obviamente, si antes se ha utilizado el procedimiento notarial de rectificación del CI, al RP llega una representación gráfica catastral correcta -rectificada- y este sistema de rectificación registral ya no se aplica, pero sí -en su caso- el específico de coordinación gráfica.

+ Puede ocurrir que los interesados, reconociendo la discrepancia, se opongan a la rectificación del CI por el notario (quizá prefieran hacerla más tarde directamente desde el RP, con arreglo a la posibilidad antes indicada), o el notario no la considere debidamente acreditada, en cuyo caso el notario informará a la Dirección General del Catastro –DGC-, y  lógicamente no procede coordinación gráfica alguna con el RP

+ Pero en la práctica también puede ocurrir que los interesados simplemente declaren que no estén en condiciones de afirmar si existe esa discrepancia, porque ninguna medición han realizado, y no pueden decir con exactitud si la superficie correcta es la del RP, la del CI, o ninguna de las dos (no parece que se deba comunicar en este caso por el notario al CI ex art. 18.2.d) LCI). En este caso y en el anterior se hará la comprobación de la referencia catastral según el régimen general, y se dejará la descripción registral como está, sin pretender la coordinación gráfica, y sin que resulte del título la posible rectificación del CI desde el RP (como no se ha “intentado” la coordinación en este caso, tampoco parece procedente la comunicación del RP al CI del art. 10.2.III LH).

  1. b) Registro de la Propiedad: la coordinación se regula en el art. 199 LH (especialmente en el apartado 1, pues ya hemos visto que en el 2 hay una rectificación posterior del CI a cargo del RP) como uno de los varios procedimientos que tienen por objeto la concordancia entre el RP y la realidad, en este caso física, aunque se debe añadir que sólo la coordinación tiene el efecto legitimador antes visto (el CI incorpora el código registral de las fincas coordinadas, y en la publicidad registral se destacará que existe coordinación). Desde la perspectiva notarial, interesa destacar que la coordinación también puede provocar un cambio en la descripción registral de la finca, pero no es el único medio de conseguirlo, por eso los indicamos todos, sin perjuicio de remitir el análisis detenido de algún expediente a un epígrafe posterior.

+ Rectificación sin expediente (art. 201. 2 y 3 LH):

– Para diferencias de cabida tiene dos variantes (art. 201.3 LH). La primera por simple solicitud, cuando la diferencia no exceda del 5 % de la cabida inscrita (b)). La segunda permite rectificaciones que no superen el 10%, pero ya exige aportación de una certificación catastral  descriptiva y gráfica, y que se desprenda de los datos descriptivos respectivos la plena coincidencia entre la parcela objeto del certificado y la finca inscrita, pero no se exige la coordinación gráfica (a)). Es decir, en este segundo supuesto se puede solicitar la rectificación de cabida, sin necesidad de obtener la coordinación. En ambos casos será necesario que el Registrador, en resolución motivada, no albergue dudas sobre la realidad de la modificación solicitada, fundadas en la previa comprobación, con exactitud, de la cabida inscrita, en la reiteración de rectificaciones sobre la misma o en el hecho de proceder la finca de actos de modificación de entidades hipotecarias, como la segregación, la división o la agregación, en los que se haya determinado con exactitud su superficie. Sin embargo, como novedad relevante, que ha de tenerse muy en cuenta, realizada la operación registral –no antes, no se trata de habilitar un trámite de oposición, sino de reacción a posteriori-, en ambos casos el RP notificará a los titulares registrales de las fincas colindantes.

– También podrá realizarse la rectificación de la descripción, cuando se trata de alteración de su calificación o clasificación, destino, características físicas (pero distintas de la superficie o linderos), o los datos que permitan su adecuada localización o identificación, tales como el nombre por el que fuere conocida la finca o el número o denominación de la calle, lugar o sitio en que se encuentre, siempre que, en todos los casos, la modificación se acredite de modo suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente (art. 201.2 LH). Surge la duda de si el mero cambio en la identidad de los colindantes (el típico “hoy …”) puede entrar por esta vía más simple, o ha de ir por el procedimiento general de rectificación, cuando no suponga un cambio en la naturaleza del lindero (lindero fijo).

+ Rectificación con expediente notarial (art. 201. 1 LH): desaparece con esta finalidad el expediente de dominio y el acta de notoriedad, y se regula un procedimiento notarial de rectificación en el art. 203 LH (en realidad, este precepto regula el expediente de dominio –ahora, solo notarial- para la inmatriculación, pero sirve de procedimiento  general, al que remiten los otros), con algunas especialidades en el art. 201.1 LH, que después analizamos. El expediente está coordinado con el RP, de tal modo que el notario no lo finaliza -como antes- con una declaración de notoriedad -o equivalente-, en caso de resolución favorable, sino que accede a la pretensión del solicitante y debe remitir copia al RP. Destacar ahora:

– No es imprescindible que la descripción actualizada se corresponda con la catastral. La certificación catastral descriptiva y gráfica siempre es necesaria, pero su descripción puede no coincidir con la real, en cuyo caso el interesado debe aportar una representación gráfica georreferenciada alternativa, que deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan su incorporación al CI (arg. ex art. 9.b).IV LH). En este caso una vez haya concluido el expediente el notario deberá proceder en la forma prevista en el art. 18.2.c).II LCI (información a la DGC).

– El interesado debe suministrar al notario información sobre los colindantes tanto los registrales como los catastrales.

– El solicitante debe asegurar bajo su responsabilidad que las diferencias obedecen exclusivamente a errores descriptivos del RP y no a la celebración de negocios traslativos o en general a cualquier modificación, no registrada, de la situación de la finca inscrita.

– El expediente está coordinado con el RP desde el comienzo, como resulta de la aplicación en bloque del art. 203.1.3ª LH; la única singularidad en este punto del expediente del art. 201.1 LH es que la certificación está limitada a la rectificación cuya inscripción se solicita, pero el trámite previsto en esa regla ha de cumplirse, con las debidas adaptaciones. Eso supone que el notario deberá remitir al RP un copia del acta de inicio, con la documentación incorporada a la misma, para obtener esa certificación, y que se extienda una anotación preventiva de la pretensión de rectificación (vigencia 90 días, prorrogables). Si en ese momento el RP tiene dudas sobre una posible invasión del dominio público, lo pondrá en conocimiento de la Administración competente, con posible denegación de la anotación, lo que implicará el archivo de las actuaciones por parte del notario en esta fase inicial. No parece que en esta fase las dudas  referidas a los colindantes “privados” deban provocar el mismo resultado, pues el expediente -quizá- permita aclararlas al final. Aunque sólo se ha previsto en el art. 199.1.V LH, las dudas por posible invasión de fincas colindantes se pueden solventar, sin necesidad de acudir al expediente de deslinde, cuando los colindantes afectados presten su consentimiento a la rectificación solicitada, bien en documento público (en este caso, el mismo expediente), bien por comparecencia ante el RP. Sólo se trata de prestar el consentimiento, sin que  los colindantes tengan que rectificar “a la baja” la superficie de sus fincas (recordemos la pretensión del RP en la Resolución de 04/04/2013), sin perjuicio de que este consentimiento les pueda dificultar en el futuro una rectificación de la descripción de la finca propia, y de las otras “dudas” a las que nos referimos en el apartado siguiente.

– Finalizado el expediente y remitida la copia por el notario al RP, éste puede, a la vista de circunstancias concurrentes en el expediente y del contenido del historial de las fincas, si albergare dudas fundadas sobre la posibilidad de que el expediente encubra un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidades hipotecarias, suspender la inscripción motivando las razones en que funde tales dudas (y respeto de esta dudas, el consentimiento de los colindantes puede resultar inútil).

– No es aplicable este procedimiento para la rectificación descriptiva de edificaciones, fincas o elementos integrantes de cualquier edificio en régimen de división horizontal o fincas resultantes de expediente administrativo de reorganización de la propiedad, expropiación o deslinde. El tales casos, será necesaria la rectificación del título original o la previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

+ Coordinación gráfica (art. 199 LH): es una operación registral concreta que podrá realizarse al tiempo de formalizar cualquier acto inscribible (habría de solicitarse en el título) o como operación específica aislada que así se solicite del RP. Puede instarse por el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre la finca inscrita. Su base siempre es la certificación catastral descriptiva y gráfica, salvo el supuesto que después se indica, que entonces tiene por finalidad conseguir, también, la rectificación del CI. La coordinación está referida a una “porción” del territorio –suelo- y el RP habrá de comparar la representación gráfica aportada con la descripción literaria de la finca según el asiento. Sólo como elemento auxiliar de calificación el RP dispondrá de una aplicación específica suministrada por su Colegio, pero a efectos internos del propio RP, hasta el punto que se les prohíbe dar publicidad de la información gráfica contenida en la referida aplicación. El RP debe notificar a los titulares de las fincas registrales –no las catastrales- colindantes afectadas (si se trata de un edificio en Propiedad Horizontal –PH-, al representante de la comunidad). Corresponde al mismo RP identificar por sus libros esas fincas colindantes (tarea –quizá- no muy sencilla con descripciones antiguas e  imprecisas) y practicar una notificación de forma personal (el RP habrá de averiguar quién representa a la PH vecina). Para interesados desconocidos,  en ignorado paradero, o tras dos intentos fallidos, deberá insertarse un edicto en el BOE (el art. 199.1.II LH no dice que esta publicación sea gratuita, cfr. art. 203.1.7ª LH; no obstante, la DA 2ª Ley 13/2015 dispone que los anuncios de RP y notario en el BOE tendrá el tratamiento previsto en la DA 21ª Ley 30/1992, sin contraprestación alguna por parte del organismo solicitante). El plazo de posible oposición es de 20 días, y el RP resolverá según “su prudente criterio”. Parece  que la oposición de quien acredite una titularidad registral –colindante- impedirá la coordinación,  mientras que en otro caso el RP tiene más margen de decisión (p. ej., colindante según CI –que no ha sido notificado-, no según RP). A los titulares de derechos inscritos sobre la finca, cuando la coordinación se haya instado por el titular del dominio, no se les notifica en esta fase, sino después de la coordinación, y sólo cuando haya habido cambio en la superficie (art. 9.b).VII LH). Distinguimos ahora los supuestos según el resultado de la comparación:

– Coordinación sin rectificación de la descripción registral (art. 9.b).VI LH): cuando el RP considere identificada la finca y no haya diferencias de cabida (de ser así pasaríamos al siguiente supuesto). Esta correspondencia no excluye otras diferencias en la descripción, incluso significativas (p. ej., en la superficie de la edificación existente), siempre que la identificación sea perfecta y no ofrezca dudas respecto de los colindantes. En este caso no se cambia la descripción “literaria” de la finca registral, aunque resulte coordinada –y, por eso, completada- con una representación gráfica con fundamento en una certificación catastral descriptiva y gráfica no del todo coincidente (p. ej., edificación con otra superficie construida, o con más plantas, pues la coordinación está referida al suelo y no supone una “obra nueva”; así, para el expediente de rectificación, v. art. 201.1.e) LH).

– Coordinación con rectificación –limitada- de superficie (art. 9.b).VI LH): cuando existan diferencias de cabida, pero no excedan del 10 %, también se podrá considerar que existe correspondencia. En este caso, además, al inscribir la representación gráfica georreferenciada se deberá rectificar la cabida que previamente conste en la descripción literaria. El resultado es una rectificación de cabida por una vía distinta a la del art. 201.3 LH, pero añade la coordinación gráfica a la simple rectificación.

– Coordinación con rectificación de otros datos (arts. 9.b).VI y 201.1 LH): surge la duda de si pueden introducirse a través de la coordinación otros cambios en la descripción literaria, en particular de superficie por encima del 10%, o de linderos, pues, respecto de otros datos, puede aplicarse la regla permisiva ya indicada del art. 201.2 LC (nunca en las superficies de una edificación, esto se hace por la vía de una obra nueva -o equivalente, v. Resolución de 02/07/ 2014 de la Direcció General de Dret i de Entitats Jurídiques -DGDEJ-, no de la coordinación o rectificación). La respuesta ha de ser negativa, pues esa rectificación descriptiva ha de someterse al procedimiento más riguroso del art. 201 LH, con remisión al art. 203 LH (p. ej., la oposición de un colindante obligaría al notario a dar por concluso el expediente), y está  cargo del notario, no del RP (por eso no es posible la acumulación del art. 198.II LH). Cuestión distinta es que la coordinación siga a cargo del RP sin solución de continuidad una vez remitida copia del expediente por el notario al RP, acumulándose en el RP la rectificación y la coordinación (salvo indicación en contrario de los interesados). Lo que no parece posible es coordinar, sin rectificar la superficie o los linderos.

– Coordinación sin certificación catastral (arts. 10.3 y 199.2 LH): cuando la descripción catastral no sea correcta, el interesado deberá aportar, además una certificación gráfica goerreferenciada alternativa. En este caso, una vez tramitado el procedimiento general de coordinación con arreglo al art. 199.1 LH (no obstante, como especialidad, ahora el RP también ha de notificar a los titulares catastrales colindantes, y es de suponer que su oposición debería equipararse en sus efectos a la del titular registral), se seguirá el antes indicado de rectificación del CI.

  1. c) Modificaciones hipotecarias: mientras la representación gráfica tiene carácter potestativo con carácter general, en los casos de inmatriculación, parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde que determine una reordenación de los terrenos, pasa a tener carácter obligatorio (no así las coordenadas georreferenciadas de sus vértices, que se expresarán en el asiento, sólo si constan). Es muy probable en estos casos que la certificación catastral no sirva para las fincas resultantes, pues refleja la situación anterior, lo que obliga a presentar una representación gráfica alternativa que cumpla las condiciones del art. 9.b).IV LH.
  2. d) Entidades en Propiedad Horizontal: un punto que nos resulta poco claro es el de las entidades en PH. Si la representación gráfica está referida a una porción del territorio, en el caso de un edificio en PH estamos hablando del solar, que es elemento común, y no parece que el titular de una sola entidad pueda, por su cuenta, poner en marcha un procedimiento de coordinación –y eventual rectificación- de un elemento común (no se puede entender que, a estos efectos, sea titular de una cuota indivisa -art. 201.1.a) LH-, por la singularidad de la PH). Habrá de ser, como regla, el representante de la comunidad quien se encargue de hacerlo. Pero el art. 199.1.III LH dispone que “no será precisa la notificación a los titulares registrales de las fincas colindantes cuando se trate de pisos, locales u otros elementos situados en fincas divididas en régimen de propiedad horizontal”. A su vez, según el art. 202.III LH, “cuando se trate de edificaciones en régimen de propiedad horizontal, se hará constar en el folio real de cada elemento independiente su respectiva representación gráfica, tomada del proyecto incorporado al libro [del edificio]”. De ambas normas parece desprenderse que las entidades en PH tienen su propia representación gráfica, y por esos sus propios colindantes, pero la certificación gráfica del CI en su actual formato no es un plano de cada entidad individual, sino del suelo de todo el edificio (ni siquiera cuando se trata de un adosado). A la espera de aclarar en qué consiste esa singular representación gráfica, creemos que lo más conveniente en una escritura que tenga por objeto una entidad en PH, es que los interesados declaren que no tiene la representación de la comunidad para pronunciarse sobre el tema, y expresamente desistan de la coordinación. Por supuesto, esto nada tiene que ver con la constancia de la referencia catastral individual que corresponda a la entidad.
  3. e) Constancia anterior de la referencia catastral: según la DF 4ª de la Ley13/2015, en orden a la aplicación la presunción del art. 10.5.I LH, no se considerará suficiente la comprobación o validación que se hubiera realizado en el pasado por el RP, conforme al segundo inciso del art. 53.5.1ª Ley 13/1996, a los efectos de hacer constar la referencia catastral al margen de la inscripción de la finca (pero la referencia sigue en el asiento, aunque no se aplique la presunción). A contrario, cuando la referencia hubiera entrado en el RP por la vía del primer inciso (coincidencia en la descripción), parece que opera la presunción, aunque –aún- no se trate de una finca coordinada con arreglo a la nueva normativa.

3.- Expediente para la rectificación de la descripción (art. 201.1 LH): es el general del art. 203 LH, que se examina después, con las especialidades ya destacadas del art. 201 LH.

4.- Deslinde registral de la finca (art. 200 LH): se regula un expediente notarial específico para el deslinde registral de fincas inscritas. Como no se trata de una simple rectificación unilateral, aquí no vale el asentimiento tácito de quien ha sido convocado, pero no comparece. Aunque el promotor puede ser uno solo de los interesados, ha de haber acuerdo entre ellos (también sólo algunos de los inicialmente convocados, pero sólo a ellos afectaría), que deberá formalizarse en escritura pública (quizá, con cambios en la descripción de todas ellas), y si no hay acuerdo el notario debe dar por concluso el expediente (se habla de “alegaciones” y “pruebas”, pero el notario no debe valorarlas). Puede ocurrir que el deslinde obligue a tramitar simultáneamente la rectificación de la descripción de las fincas, en expedientes acumulados al tratarse del mismo funcionario. Aunque haya acuerdo, el RP puede rechazar el deslinde si alberga dudas fundadas sobre la posibilidad de que el acuerdo encubra un negocio traslativo u operaciones de modificación hipotecaria (las alegaciones y pruebas pueden servir para desvanecer esas dudas). Será competente cualquier notario del distrito (aunque tenga notaría demarcada) o de distritos colindantes. El procedimiento está coordinado desde el comienzo con el RP, que ha de expedir certificación de todas las fincas y dejar constancia de ello por nota marginal (vigencia 2 años). Por supuesto, será necesario que el promotor aporte certificación gráfica catastral o una alternativa, tanto de su finca, como de las colindantes afectadas. El notario deberá ser muy cuidadoso en la identificación  de todos los interesados, no sólo por lo que resulte del RP, también del CI.

25.- Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (y parte II).

5.- Expediente de dominio para la inmatriculación (art. 203 LH): constituye el procedimiento básico al cual remiten otros especiales (art. 201 LH -rectificación descripción-, art. 208 LH -reanudación tracto-). Destacamos sólo algunos de sus rasgos principales:

+ Es un expediente notarial, pero se abre a todos los notarios del distrito y de los distritos colindantes; pueden ser varias fincas en un mismo expediente, pero han de estar entonces -en su mayor parte- en el territorio de un mismo RP.

+ El promotor debe aportar su título de propiedad, la certificación catastral descriptiva y gráfica, y, entre otros extremos, la relación de los datos registrales, catastrales o de cualquier otro origen que sirvan para localizar las fincas registrales y parcelas catastrales colindantes.

+ El procedimiento está coordinado con el RP desde el comienzo; el notario levanta acta a la que incorpora la documentación presentada y remite copia al RP solicitando la expedición de certificación acreditativa de que la finca no consta inscrita y que se practique anotación preventiva de la pretensión de inmatriculación. Antes no hemos referido a la posibilidad de interrumpir en esta fase el procedimiento por la negativa del RP practicar la anotación. Esta anotación impide la iniciación de otro procedimiento igual sobre la misma finca – o parte-, pero no parece necesario que siga vigente en el momento de practicar la inmatriculación (de estarlo, simplemente se convertirá en inscripción definitiva).

+ Regulación muy precisa de las notificaciones a cargo del notario (también de su contenido, que no es el mismo para todos), que incluye entre los destinatarios   a aquel de quien procedan los bienes o sus causahabientes, si fuesen conocidos, además de los colindantes registrales y catastrales. Debe publicarse un edicto en el BOE (de forma gratuita) y, potestativamente, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, también de forma gratuita.

+ El plazo para alegaciones es de un mes; si hay oposición, siempre con expresión de causa, el notario debe dar por concluso el expediente y comunicarlo al RP; el promotor podrá entablar demanda contra los que se hubieran opuesto. En otro caso, el notario levantará acta accediendo a la pretensión, remitiendo copia al RP para la inmatriculación.

+ La prioridad de las cargas y gravámenes que se hayan conocido durante el expediente se determinará según las normas sobre preferencia establecidas por la legislación civil.

+ Publicación por el RP de un edicto en el BOE después de la inmatriculación.

+ Regulación detallada de la inmatriculación a instancia del titular de un derecho real.

6.- Inmatriculación por título público (art. 205 LH): serán inscribibles los títulos públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también mediante título público, siempre que exista identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del RP y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al efecto. El RP notificará la inmatriculación realizada al poseedor de hecho, a los titulares de cargas, derechos o acciones que puedan gravar la finca y fueran conocidos, a los propietarios de las fincas registrales y catastrales colindantes en los domicilios que consten en el RP y, caso de ser distintos, en cualesquiera otros que resulten de los documentos aportados, así como al Ayuntamiento en que esté situada la finca. Asimismo ordenará la publicación del edicto y utilizará el servicio en línea para creación de alertas específicas. En este caso, los efectos protectores dispensados por el art. 34 LH no se producirán hasta transcurridos dos años desde su fecha.

7.- Reanudación del tracto sucesivo (art. 208 LH): con carácter previo advierte que no se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripción haya adquirido su derecho directamente del titular registral o sus herederos; en tal caso, la inscripción únicamente podrá practicarse mediante la presentación del documento en que se hubiera formalizado la adquisición, declaración o constitución del derecho, objeto de la inscripción solicitada.. El expediente es el notarial del art. 203 LH con algunas especialidades:

+ En la solicitud se ha de expresar la última inscripción de dominio y todas las demás que estuvieran vigentes.

+ Aportar el título de adquisición propio y todos los intermedios de los que disponga.

+ Debe ser citado el último titular del dominio según el RP o, si consta el fallecimiento, sus herederos. La citación deberá ser personal cuando la inscripción del dominio tenga menos de 30 años, o más, pero dentro de dicho plazo se hubiera practicado algún asiento. Si alguno de los citados no comparece, o se opone, el notario dará por conclusas las actuaciones, con la posibilidad de demanda ulterior por parte del promotor. La oposición de los “notificados” se rige por el art. 203 LH, lo que permite a un colindante bloquear la reanudación, aunque no se cambie la descripción de la finca.

+ No perjudicarán al titular de buena fe a cuyo favor hubieran sido practicadas las inscripciones resultantes del expediente, cualquiera que fuese la naturaleza del título en que se funde, los títulos de dominio o de otros derechos reales contradictorios con el del solicitante que no hubieran sido inscritos en el Registro con anterioridad.

8.- Doble inmatriculación (art. 209 LH): se trata de un expediente registral que el RP puede iniciar de oficio. Destacar que el acuerdo de los interesados ya no se formaliza en escritura pública, sino directamente en un documento que firma el RP con los interesados.

9.- Expediente de liberación de cargas y gravámenes (art. 210 LH): otro expediente registral donde el titular gravado con cargas o derechos que hayan quedado legalmente extinguidos por prescripción, caducidad o no uso, puede solicitar su cancelación. La falta de comparecencia -no sólo la oposición- del interesado citado pone fin al expediente, con reserva de acciones. No obstante, podrán cancelarse directamente, a instancia de cualquier interesado y sin necesidad de tramitación del expediente, las inscripciones relativas a derechos de opción, retractos convencionales y cualesquiera otros derechos o facultades de configuración jurídica, cuando hayan transcurrido cinco años desde el día en que venció el término en que, según el RP, pudieron ejercitarse, siempre que no conste anotación preventiva de demanda u otro asiento que indique haberse ejercitado el derecho, modificado el título o formulado reclamación judicial sobre su cumplimiento. Las inscripciones de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, cuando no conste en el RP la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, podrán igualmente cancelarse a instancia de cualquier interesado cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía. Del mismo modo, a instancia de persona con interés legítimo, los asientos relativos a censos, foros y otros gravámenes de naturaleza análoga, establecidos por tiempo indefinido, podrán ser cancelados cuando hayan transcurrido sesenta años desde la extensión del último asiento relativo a los mismos.

10.- Inscripción obras nuevas (art. 202 LH): la porción de suelo ocupada por la edificación habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica (el técnico habrá de indicarlas en la certificación descriptiva; cuando se trate de una edificación antigua que se declare sobre la base de una certificación catastral, parece que esa  representación ya resulta del plano de catastro). Salvo que por la antigüedad de la edificación no le fuera exigible, deberá aportarse para su archivo registral el libro del edificio, dejando constancia de ello en el folio real de la finca. En tal caso cuando se trate de edificaciones en régimen de PH, se hará constar en el folio real de cada elemento independiente su respectiva representación gráfica, tomada del proyecto incorporado al libro.

10.- Otras cuestiones de interés:

+ Desaparece la posibilidad reconocida a la Iglesia católica de utilizar el procedimiento especial de inmatriculación del art. 206 LH.

+ Se reconoce la posibilidad de inscribir directamente a favor de un patrimonio separado, cuando éste sea susceptible legalmente de ser titular de derechos y obligaciones (podrá plantearse la cuestión en relación con el patrimonio protegido de una persona con discapacidad, art. 8 Ley 41/2003; más claro en el caso del art. 227-9 Código Civil de Cataluña).

+ Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones temporales de empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad siempre que se acredite (conforme al art. 3 LH, en particular, escritura pública), la composición de las mismas y el régimen de administración y disposición sobre tales bienes, practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las integran con sujeción al régimen de administración y disposición antes referido. También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.

+ En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente del RP que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un domicilio, dirección electrónica a efectos de recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas y telemáticas relativas al derecho inscrito. Las comunicaciones a través de medios electrónicos y telemáticos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique de forma auténtica o fehaciente al remitente y al destinatario de las mismas.

5.-Comentario del mes.

LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (se refunden en este comentario todas las noticias avanzadas a lo largo del mes de julio en relación con esta Ley).

Como sólo se trata de dar una visión rápida de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria -LJV- acotada a los extremos de mayor interés para la práctica notarial -precisamente, en esta Ley no son pocos-, y ante su enorme extensión, vamos limitarnos a tres bloques: el primero, centrado en los expedientes notariales; el segundo, referido a los expedientes registrales; y el tercero, incluye otras normas no encuadradas en los dos bloque anteriores que ahora conviene destacar. Se ha seguido un mismo esquema en la exposición de cada expediente, aunque en algún caso el epígrafe concreto pueda quedar sin contenido.

I.- Expedientes notariales.

El nuevo Título VII de la Ley del Notariado -LN- regula estos expedientes especiales, que habrán de concluir en una escritura (declaración de voluntad de quien lo inste o la realización de un acto jurídico que implique prestación de consentimiento) o en un acta  (constatación o verificación de un hecho, la percepción del mismo por el Notario -N-, así como juicios o calificaciones del N).

1.- En materia matrimonial.

1.1.- Acta matrimonial.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil -CC-. Estos obstáculos son los que resultan de los arts. 46-47 CC, teniendo en cuenta que la dispensa de alguno de ellos corresponde al Juez -J- en procedimiento especial (art. 81-84 LJV). Ambos contrayentes pueden ser extranjeros (art. 50 CC), pero los requisitos a verificar son los del CC para celebrar el matrimonio con arreglo a la forma prescrita para los españoles; no obstante, la Ley extranjera deberá comprobarse como ley aplicable al consentimiento matrimonial (p. ej., para mayoría de edad).
  2. b) Alternatividad: los interesados pueden optar, también, por el Secretario Judicial -SJ- o el encargado del Registro Civil -RC-; si residen en el extranjero, deberán dirigirse al funcionario diplomático o consular encargado del RC. Con carácter general dispone el art. 6 LJV cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados, regla que también se aplica a los expedientes tramitados por N en aquellas materias en las que la competencia le venga atribuida concurrentemente con el SJ; la misma regla de concurrencia N/SJ se aplica a la decisión del expediente (“resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, no podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquél. Lo decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten conexos a aquél”, art. 19.3 LJV). El único problema es cómo sabrá el N que se está tramitando análogo expediente ante el SJ/RC, o que ya se ha resuelto antes de forma negativa. Convendrá siempre una manifestación de los interesados al respecto.
  3. c) Competencia: el N del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes; si no hay N demarcada en la población, cualquiera del distrito (art. 117 Reglamento Notarial -RN-).
  4. d) Legitimación: a instancia de ambos contrayentes (para el escrito inicial, v. art. 240 Reglamento del Registro Civil -RRC).
  5. e) Postulación: no hay.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ El N oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, podrá solicitar los informe y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado (o. ej., certificaciones de nacimiento), capacidad o domicilio de los contrayentes (p. ej., empadronamiento) o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio (conviene tener en cuenta la Instrucción de la DGRN de 31/01/2006, sobre matrimonios de complacencia, que ofrece indicaciones sobre la forma de llevar a cabo el interrogatorio). Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Como la condena penal por delito contra determinadas personas es impedimento, convendría un certificado de penales.

+ De la realización de todas esas actuaciones se dejará constancia en el acta, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción del matrimonio; parece que no se deben incorporar todos los documentos al acta notarial, y bastará con dejarlos en el expediente.

+ Respeto de la publicación de anuncios en el RC, parece que debe acudirse al art. 243 RRC.

+ Pasado   un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrase éste sin nueva publicación o diligencias.

  1. g) Resolución y efectos:

+ El N finaliza el acta haciendo constar la  concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del Régimen Económico Matrimonial -REM- que resulte aplicable (legal supletorio, salvo que hayan otorgado previamente capitulaciones; este régimen puede ser extranjero; de todos modos, parece que en el mismo requerimiento los interesados podrían hacer la elección del art. 9.2.I CC) y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes. La decisión deber ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra. Cabe recurso ante la DGRN según lo dispuesto en la LRC. En caso de decisión favorable, el expediente termina con la entrega de la copia del acta a los interesados, ya que no se sigue necesariamente la celebración del matrimonio por este mismo N (art. 58.6 LRC). No obstante, el art. 52 LN parece rectificar este criterio, pues el matrimonio habrá de celebrarse ante el N que tramite el acta, salvo que los contrayentes, en la solicitud inicial o durante la tramitación, hayan solicitado que la prestación del consentimiento se realice ante Juez de Paz, Alcalde, Concejal u otro N; en tal caso, del N debe remitir copia al oficiante elegido. Como regla especial, cuando esté prevista la celebración en forma religiosa, el N habrá de expedir dos copias del acta, una para su entrega al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio (art. 58.bis.2 LRC)

+ El art. 58.12 LRC también regula la expedición por el N de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en el extranjero; será competente el N del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, y para ello deberá instruir un acta que contenga su juicio acreditativo de la capacidad.

  1. h) Gastos: pendientes de fijar los aranceles por el Gobierno para esta actuación específica (DF 5ª bis LRC, según DF 4ª Ley 15/2015); se ha de entender que estos honorarios son independientes de los que correspondan por la celebración del matrimonio.
  2. i) Legislación civil afectada: con carácter general señala la DA 1ª.3 Ley 15/2015 que las referencias en la misma al CC o a la legislación civil deben entenderse realizadas también a las leyes civiles forales o especiales allí donde existan; en este tema la competencia corresponde al Estado, y sólo se ve afectado el CC.
  3. j) Registro: no tiene aún trascendencia registral, ya que en el RC se inscribe el matrimonio.
  4. k) Entrada en vigor: 30/06/2017.

1.2.- Escritura de celebración del matrimonio.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: cualquiera que pueda contraer matrimonio en España con arreglo al CC, puede prestar su consentimiento de este modo; deberá aportarse el acta matrimonial previa, cuando no se trate del mismo N, pero necesariamente ha de ser acta notarial (art. 58.8 LRC no permite acudir al N para la celebración del matrimonio, cuando el expediente previo se haya tramitado por el SJ o el encargado del RC; en cambio, sí al revés). De forma excepcional, el N puede otorgar directamente la escritura cuando el matrimonio se celebre en peligro de muerte, previo dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar su consentimiento y sobre la gravedad de la situación, salvo imposibilidad acreditada; en tal caso, corresponde a este mismo N tramitar posteriormente el acta matrimonial, antes de la comunicación al RC (art. 52.3 LN, art. 58.10 LRC).
  2. b) Alternatividad: los interesados pueden optar, también, por el Juez de Paz o Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue, el SJ, o el funcionario diplomático o consular encargado del RC.
  3. c) Competencia: sólo se exige que el N sea competente en el lugar de celebración (según las reglas generales del RN), sin conexión alguna con el domicilio de los contrayentes. Como se dijo antes, no ha de ser el mismo N que haya tramitado el acta matrimonial.
  4. d) Legitimación: los contrayentes, aunque uno puede actuar por medio de apoderado (art. 55 CC). También se ha de firmar por dos testigos (art. 62 CC)
  5. e) Postulación: no hay.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento: el N deberá leer los arts. 66, 67 y 68 CC, y preguntar a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio.
  7. g) Resolución y efectos: se formaliza in situ en escritura pública. El N debe entregar copia a cada uno de los contrayentes.
  8. h) Gastos: pendientes de fijar los aranceles por el Gobierno para esta actuación específica (DF 5ª bis LRC, según la DF 4ª Ley 15/2015).
  9. i) Legislación civil afectada: competencia estatal, sólo el CC.
  10. j) Registro: el mismo día el N deberá remitir copia autorizada electrónica de la escritura al RC para su inscripción. A efectos de la constancia del REM en el RC (art. 60 LRC), la indicación del legal supletorio se podría recoger en la escritura, por lo que resulte del acta matrimonial previa.
  11. k) Entrada en vigor: 30/06/2017. Con independencia de que la regulación de los expedientes analizados sobre acta matrimonial y escritura de celebración del matrimonio no entran en vigor hasta el 30/06/2017 de conformidad con la DF 21ª.5 Ley 15/2015, es necesario aludir al régimen transitorio que resulta de la DT 4ª Ley 15/2015. Hasta el 30/06/2017 se pueden iniciar, y consiguientemente concluir, expedientes matrimoniales con arreglo a las disposiciones todavía vigentes del CC (los artículos afectados del CC no cambian hasta el 30/07/2017, DF 21ª.3 Ley 15/2015) y de la LRC de 1957 (que sigue en vigor hasta 30/06/2017, pues la nueva LRC no entra en vigor hasta esa fecha, DF 4ª.doce Ley 15/2015). Resuelto favorablemente el expediente por el encargado del RC, sin embargo, el matrimonio podrá celebrarse, a partir del 23/06/0215, también ante N libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el CC (art. 58 CC) y en la LRC de 1957, cuya redacción aún vigente no se refiere al N, pero la misma DT.4ª.2 señala que, en este caso,  el consentimiento constará en escritura pública (el fundamento normativo para esta escritura será directamente la DT 4ª Ley 15/2015, como especialidad del régimen general). Por mandato expreso de la DT 4ª Ley 15/2015 el N entregará copia de la escritura (no podrá del libro de familia, art 75 LRC de 1957) a cada uno de los contrayentes y remitirá el mismo día, por medios telemáticos, copia autorizada electrónica al RC (todavía no consta cómo se podrá hacer).

1.3.- Acta de notoriedad para la constancia del Régimen Económico del Matrimonio.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: se trata de un acta de notoriedad para acreditar el REM legal aplicable a un matrimonio ya inscrito en el RC, cuando no figure en el asiento. Quizá, también, para rectificar el que ya conste, cuando resulte suficientemente acreditado el error padecido, aplicándose el art. 60.4 LRC para los efectos frente a terceros de la inscripción o el cambio (de todos modos, si se trata de la primera inscripción del REM legal, los terceros realmente ya han de contar con ese REM, aunque lo desconozcan, salvo que en los registros de bienes figurasen inscripciones con arreglo a otro distinto). Adviértase que no excluye un acta de notoriedad de contenido similar, que no tenga por objeto la inscripción directa en el RC, y que deberá tramitarse según las reglas generales (art. 209 RN).
  2. b) Alternatividad: sólo puede ser notarial por tratarse de un acta notarial específica.
  3. c) Competencia: N con residencia en cualquiera de los domicilios conyugales que hubieran tenido, o en el domicilio o residencia habitual -actual- de cualquiera de los cónyuges, o donde estuvieran la mayor parte de sus bienes o donde desarrollen su actividad laboral o empresarial, a elección del requirente; también podrá elegir a un N de un distrito colindante a los anteriores. El N deberá comprobar la existencia de alguno de estos puntos de conexión, con cierta amplitud en su valoración (DNI, empadronamiento, escritura vivienda habitual, declaraciones fiscales). Con carácter general, pues se repite en otros expedientes, conviene llamar la atención sobre la alusión a los distritos notariales; si la idea es que el interesado pueda escoger a cualquier N del distrito donde se cumpla el punto de conexión y, además, de los colindantes, debería haberse utilizado la regla -p. ej.- del art. 203 Ley Hipotecaria -LH-, tras la reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio (“notario hábil para actuar en el distrito notarial … o en cualquiera de los distritos notariales colindantes a dicho distrito”); en cambio, al exigir que sea el N vinculado con un determinado punto, en aplicación de las reglas generales (art. 117 RN), si en esta población hay notaría demarcada, los notarios de las otras poblaciones del distrito quedan descartados, pero, en cambio, el interesado podría acudir a cualquier N de los distritos colindantes, lo que no parece tener mucho sentido. De todos modos, al ser varios los NN competentes, surge un problema de control, pues, en caso de negativa de uno de ellos, los interesados pueden tener la tentación de “probar” con otro N, en contra de la regla general que parece deducible del art. 19.3 LJV (en su tenor literal, no obstante, referida a la concurrencia con SJ), o del  medio de reacción previsto en cada caso por la Ley. Quizá se deba hacer algún tipo de comunicación del inicio de estos expedientes para centralizar la información por las instancias corporativas.
  4. d) Legitimación: aunque en ocasiones el art. 53 LN utiliza el singular, no parece que un acta de este tipo se pueda instar sólo por uno de los cónyuges a espaldas del otro, y debería constar el consentimiento de ambos.
  5. e) Postulación: no hay.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento: la solicitud de inicio deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de identidad y domicilio del requirente; deberá acreditarse con información del RC la inexistencia de un REM inscrito; los solicitantes deberán aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en que se deba fundar el acta, aportarán la documentación que estimen conveniente para la determinación de los hechos y deberán acompañar los documentos acreditativos de su vecindad civil en el momento de contraer matrimonio y, en caso de no poder hacerlo, deberán ofrecer información de, al menos, dos testigos que aseguren la realidad de los hechos de los que se derive la aplicación del REM legal.
  7. g) Resolución y efectos: el N hará constar su juicio de conjunto sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos y el REM legal; en otro caso, cerrará el acta y los interesados no conformes podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda (sorprende que el remedio no sea un recurso contra la decisión del N, pues el juicio habría de buscar una sentencia meramente declarativa pero ¿contra quién se sigue? ¿contra el N?).
  8. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluya en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  9. i) Legislación civil afectada: competencia estatal, sólo LN y LRC.
  10. j) Registro: el mismo día en que declara la notoriedad el N deberá remitir por medios telemáticos copia electrónica del acta al RC; una vez inscrito, servirá para rectificar las inscripciones en el Registro de Bienes -RB-, especialmente el Registro de la Propiedad -RP-, sin que el titular de este último registro pueda poner en cuestión el acierto del N en el acta previa, al tratarse de un dato inscrito en el RC (distinto en el acta de notoriedad general, cuando se pretenda una rectificación directa del RP).
  11. k) Entrada en vigor: 23/07/2015. Con carácter general la interpretación del art. 2.1 CC plantea dudas acerca de si el día de la entrada en vigor es aquel en que se cumplen los veinte días (“entrarán en vigor a los veinte días”, es decir el vigésimo), contados desde el día después de la publicación de una Ley en el BOE, o si dicho día ha de trascurrir por entero, en cuyo caso la entrada en vigor se produce el vigésimo-primero (v. Jordi LLUCH, “El cómputo de la vacatio legis, o la importancia del vigésimo día”, Diario LA LEY, nº 8.026, 19/02/2013). En la exposición hemos optado por indicar el día vigésimo, sin perjuicio de que sean las 24 horas del mismo, según la interpretación que se acoja.

1.4.- Escritura pública de separación matrimonial o divorcio.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto:

+ La singularidad de la reforma es que, concurriendo determinadas condiciones (no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores), son los propios cónyuges quienes pueden acordar su separación o divorcio mediante la formalización de un convenio regulador, que puede hacerse en escritura pública. Los efectos de la separación/divorcio se producen desde esa formalización, sin perjuicio de que la inscripción sea necesaria para perjudicar a terceros (arts. 82 y 89 CC). La desjudicialización es así completa, configurándose una separación/divorcio exprés. Para acudir a este sistema es necesario que la ley española sea aplicable a la separación/divorcio (art. 107 CC, en su nueva redacción).

+ Del mismo modo podría modificarse el anterior convenio regulador (arts. 90.3 y 100 CC).

+ A su vez, cuando la separación hubiera tenido lugar sin intervención judicial, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones (art. 84 CC).

  1. b) Alternatividad: dejando de lado la opción judicial en sentido estricto, que en ocasiones será la única disponible, ahora interesa destacar que la formalización del convenio regulador, cuando los cónyuges opten por la separación/divorcio consensuado exprés, podrá hacerse ante el SJ o en escritura pública ante N (art. 82.1 CC).
  2. c) Competencia: deberán prestar su consentimiento ante el N del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes (art. 54.1 LN, en realidad, otorgantes). Parece que el mismo criterio habría de aplicarse a la posible modificación/reconciliación.
  3. d) Legitimación: los cónyuges han de intervenir en el otorgamiento de modo personal (no hay razón para excluir un poder especial), y, además, los hijos mayores o menores emancipados deberán prestar el consentimiento ante el N respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar (art. 82 CC).
  4. e) Postulación: los cónyuges deben estar asistidos por Letrado en ejercicio en el otorgamiento de la escritura (arts. 1.II CC y 54.2 LN). No parece que los Letrados deban firmar la escritura, pero el N sí debería dejar constancia de su intervención en el otorgamiento (tampoco vemos mayor problema en que el Letrado muestre su conformidad antes, p. ej., es el letrado quien le entrega el texto del convenio al N). La norma es imperativa, y por eso el N debe rechazar un otorgamiento directo por los interesados sin intervención de Letrado, por mucho que insistan (entiéndase, como escritura que produce los efectos de la separación/divorcio; si los interesados sólo quieren elevar a público un acuerdo, o pre-acuerdo, pero sin esos efectos, ningún inconveniente en que lo hagan, pero de la N no salen separados/divorciados).
  5. f) Trámites esenciales del procedimiento: aunque en algún momento la Ley habla de “expediente” (art. 90.2.III CC), y el art. 49 LN lo considera uno de los nuevos expedientes especiales del Título VII, en realidad no se tramita como tal, o dicho de forma más precisa, la fase anterior al otorgamiento de la escritura (“la firma”) no es objeto de una regulación específica, pues no hay anuncios, comunicaciones, ni citación de otros interesados. No hay un requerimiento en acta previa, que dé paso más tarde a la escritura, directamente se va a la escritura. De alguna manera harán llegar los interesados la documentación al N, documentación que no se limita al convenio, también se ha de acreditar el hecho del matrimonio y su inscripción (datos necesarios para la posterior remisión al RC), la ausencia de hijos menores (libro de familia), el domicilio (DNI, empadronamiento), y quizá información sobre los bienes que se reparten. Cuando se tenga toda la información, el día de la firma comparecen los cónyuges acompañados de sus Letrados y, en su caso, los hijos que deba consentir (que pueden hacerlo en otra escritura, o por diligencia).
  6. g) Resolución y efectos:

+ La resolución favorable del N se plasma en el otorgamiento de la escritura, donde ha de constar la voluntad inequívoca de separarse/divorciarse.

+ El convenio regulador podrá tener el amplio contenido del art. 90.1 CC, salvo aquellas medidas que presuponen la presencia de hijos sujetos a la patria potestad. En particular, serán objeto de regulación las cuestiones de orden patrimonial, como la contribución a las cargas del matrimonio, la pensión, el uso de la vivienda familiar, o la liquidación del REM cuando proceda. De todos modos, en este punto parece necesario distinguir entre el convenio formulado ante el SJ y el hecho ante N. El contenido del primero viene acotado por el art. 90 CC, y por eso no puede incluir transmisiones de bienes entre cónyuges por otro título, en particular no puede hacerlo de cara a la inscripción directa en el RP; en cambio, la escritura sí que serviría para inscribir esas otras transmisiones, pues las partes cumplen el requisito de forma necesario para “rebasar” el contenido de dicho precepto (por muchas, Resolución de 16/10/2014: “según la doctrina de este Centro Directivo es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del régimen económico matrimonial que conste en testimonio judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que haya sido aprobado por la sentencia que acuerda la nulidad, la separación o el divorcio. Ahora bien … esa posibilidad ha de interpretarse en sus justos términos, atendiendo a la naturaleza, contenido, valor y efectos propios del convenio regulador … sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida … respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título, nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. Pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en ocasiones, un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación -a su favor- de bienes privativos del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa Indudablemente, el negocio de que se trate ha de tener su adecuado reflejo documental, siendo preciso plasmarlo así, nítidamente, en el correspondiente documento, sin que pueda pretenderse en todo caso su inscripción por el mero hecho de que conste en el convenio regulador de la separación, cuyo contenido propio es un negocio que es exclusivamente de liquidación de la sociedad conyugal… Este Centro Directivo ha entendido que forma parte de las operaciones de liquidación la atribución de la vivienda familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los cónyuges por adquisición realizada antes del matrimonio, pues en este supuesto su evidente afección a las necesidades del matrimonio justifica sobradamente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimonial … Pero fuera de este supuesto las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación … constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. En definitiva, la diferente causa negocial, ajena a la liquidación del patrimonio común adquirido en atención al matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, según doctrina reiterada, deben resolverse a favor de la exigencia de escritura para la formalización de un negocio de esta naturaleza. No quiere decir lo anterior que los cónyuges, en ejercicio de su libertad civil, no puedan incluir en un único convenio la liquidación del conjunto de sus relaciones patrimoniales, tanto las derivadas de la celebración del matrimonio como cualesquiera otras que pudieran existir entre ellos; incluso puede decirse que con ocasión de la ruptura es lógico y posible que así lo deseen. Pero en este supuesto y como reiteradamente ha sostenido este Centro Directivo, el hecho de que el convenio contenga un conjunto de acuerdos que excedan de su contenido legal impone su discriminación a efectos de decidir lo que puede como tal acceder al contenido del Registro y lo que no “; interesante, también, la Resolución de 12/11/2014, donde se admite la inscripción, por haber acumulado una acción de división de cosa común con arreglo al art. 438.3.4ª LEC, posibilidad que no parece ofrecer este expediente de jurisdicción voluntaria ante SJ).

+ No obstante, el N ha de llevar a cabo un mínimo control de contenido, pues, cuando considere que, a su juicio, alguno de los acuerdos recogidos en el convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el expediente (en realidad, denegará la autorización de la escritura, pues propiamente no se trata un expediente); en este caso los cónyuges sólo podrá acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio, y por eso convendría que el N entregara documento escrito donde conste su negativa y los motivos. Como ya hemos indicado anteriormente, el problema “corporativo” es cómo controlar en estos casos que los interesados no intenten el otorgamiento con otro N competente de la plaza, pues la única opción que deja la ley en caso de negativa del N escogido en primer lugar, es acudir al juez.

+ Desde el otorgamiento de la escritura, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio.

+ Las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio, las cual podría hacerse en la misma escritura, o en otra diferente (más discutible que se puedas constituir en el convenio ante SJ, pues la garantía habrá de cumplir sus propios requisitos de forma).

+ Un problema práctico puede encontrar esta escritura en el orden tributario. Al margen del alcance de la exención del art. 45.I.b).3 TRLITPAJD (y su exclusión en la separación de bienes, STS [sala 3ª sección 2ª] de 30/04/2010 rec. 21/2008), es probable que el reparto suponga un exceso de adjudicación para uno de los cónyuges. Hay una previsión específica cuando se trata de vivienda habitual que excluye TPO (art. 32.3 Reglamento del Impuesto), y tenemos la doctrina general sobre  el bien que desmerezca mucho por la división, pero la escritura puede estar sujeta a AJD, situación que no se dará con el convenio ante el SJ. Por eso convendrá insistir en el alcance que se puede dar a este último según lo indicado anteriormente.

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”
  2. i) Legislación civil afectada: aunque alguna Comunidad Autónoma tiene una regulación propia en la materia (art. 233 Código Civil de Cataluña -CCC-), el régimen de esta escritura es de aplicación general, aunque no estuviera mencionada en aquella normativa.
  3. j) Registro: debe remitirse copia de la escritura al RC (art. 83 CC; el art. 61 LRC precisa que “el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos”).
  4. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

2.- En materia de sucesiones.

2.1.- Declaración de herederos abintestato.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: se extiende el objeto de la declaración notarial de herederos a todos los posibles herederos que podemos considerar genéricamente como “privados”, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad a la conyugal o sus parientes colaterales. Corresponderá a la legislación civil aplicable -CC o normativa foral/especial- identificar a los herederos (por eso no indica grado para los colaterales, pensemos en el sexto de la Ley 304.6 de la Compilación navarra). Cuando herede una Administración Pública se ha de estar al art. 20 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para la declaración administrativa de heredero; para esto el N obviamente no es competente, pero puede tener una obligación de comunicación (v. infra).
  2. b) Alternatividad: no hay, la competencia para declarar herederos abintestato sólo corresponde al N por medio del acta de notoriedad de los arts. 55 y 56 LN; esto no excluye la vía judicial, pero por los trámites del juicio declarativo que corresponda y cuando se suscite controversia (AAP de Salamanca de 01/07/2008 rec. 189/2008), controversia que puede ser con quien hubiera comunicado al N su oposición al acta. El matiz es importante, porque el N no podrá remitir al juzgado la declaración de herederos por el hecho de que alguien se haya opuesto, pues ya no existe ese procedimiento de jurisdicción voluntaria (en el pasado, en caso de colisión entre expediente notarial y judicial, debía prevalecer el primero, v. Resolución de Sistema Notarial -SN- de 08/05/1995); el N habrá de valorar esa oposición y resolver como estime oportuno, sin perjuicio de la contienda judicial posterior (vale la doctrina del AAP de Teruel de 23/05/2006 rec. 9/2006: “respecto a la primera de las cuestiones planteadas, el Juzgador de Instancia ordena el archivo de las actuaciones y remite a las partes al juicio contencioso correspondiente, en aplicación del principio del artículo 1817 de la Ley de E. Civil de 1881, en virtud del cual si a la solicitud promovida se hiciere oposición por alguno que tenga interés en el asunto, se hará contencioso el expediente y se sujetará a los trámites del juicio que corresponda según su cuantía. Ahora bien, esta regla general aplicable a los actos de jurisdicción voluntaria, entre los que indudablemente se encuentra la declaración de herederos abintestato, no es aplicable a este tipo de expedientes, donde el artículo 997 de la citada Ley Procesal permite la presencia de otros interesados, además del solicitante, que comparezcan en el expediente solicitando su derecho a la herencia, y donde el artículo 981 ordena al Juzgador dictar auto <<..haciendo la declaración de herederos abintestato, si la estimase procedente, o denegándola, con reserva de su derecho a los que la hayan pretendido para el juicio ordinario>>, pero no sobreseer el expediente remitiendo a las partes al juicio declarativo, sin perjuicio de lo cual la resolución que recaiga no producirá efectos de cosa juzgada para las partes, dada la naturaleza especial y sumaria del procedimiento, que permite en todo caso su revisión acudiendo al juicio declarativo correspondiente“).
  3. c) Competencia: N competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante; también podrá elegir a un N de un distrito colindante a los anteriores; en defecto de todos ellos, será competente el N del lugar del domicilio del requirente. Se reitera la incongruencia antes destacada respecto de los demás NN del distrito (tan singular extensión de la competencia notarial quizá no se avenga demasiado bien con la naturaleza del procedimiento; Resolución de -SN- de 22/12/2011: “mediante la exigencia de que el Notario actuante deba ser el del último domicilio del causante se crea una regla segura de localización de la declaración para los posibles interesados. Asimismo, de esta forma se garantiza la inmediatez y cercanía del Notario y los interesados a los datos, familia y circunstancias del causante, necesarios para realizar la declaración -datos registrales, declaración de testigos, notoriedad de situaciones, etc-, pues se presume que el último domicilio es el lugar más razonable y/o probable en el que tener acceso a dicha información. Igualmente, la acreditación de la vecindad civil del fallecido resulta fundamental para la determinación de la legislación sucesoria aplicable -Derecho común, Derecho catalán, navarro, etc.-“). Mientras no se modifique el Reglamento Notarial -RN- podemos seguir aplicando el art. 209.bis.1ª RN sobre acreditación “preferente” del último domicilio por medio del DNI (conviene recordar la Resolución -SN- de 06/05/2013: “por ello solamente en los casos en que quede claramente acreditado en el acta de notoriedad que el último domicilio del difunto no coincide con el reseñado en el Documento Nacional de Identidad podrá fundamentarse la competencia territorial de un Notario diferente del que resultaría de dicho Documento. A los efectos de esta acreditación deberá atenderse primordialmente a la prueba documental, debidamente corroborada por la testifical. Respecto de esta última, cuando se pretenda declarar un domicilio distinto del reseñado en el Documento Nacional de Identidad, no deberá el Notario conformarse con una mera y genérica declaración de conocimiento por parte de los testigos, sino que deberá recabar individualizadamente de cada uno de ellos su razón de ciencia, a saber: razón de haber conocido al difunto y explicación de la circunstancias en que se produjo tal conocimiento, motivos por los que conoce que el difunto tenía su domicilio en el momento del fallecimiento en determinada población, como haberlo visitado social o profesionalmente en dicho lugar, relación con el difunto, etc”; sobre la posibilidad de acudir a un acta previa, sólo para fijar como hecho notorio el último domicilio del causante en una determinada población, Resolución -SN- de 22/12/2011). El requerimiento a un N excluye a todos los demás -que ahora son muchos-, pero ya existe un mecanismo específico de control en el art. 209.bis.3ª por comunicación al Decanato. Sin embargo, al no incluir el art. 55.1 LN alusión alguna a la falta de domicilio en España (cfr. art. 209.bis.1ª.II RN), surge una duda con los residentes en el extranjero, sean o no de nacionalidad española, fallecidos en el extranjero, con la mayor parte de sus bienes fuera de España (p. ej., en España sólo residencia de vacacionales, que podrá ser la mayor parte de su patrimonio, pero sólo “en España”), cuando los posibles interesados también residan fuera. Recordemos que la DGRN admitió en Resolución de 01/02/2005 la declaración de herederos de un ciudadano extranjero, de indudable utilidad práctica. Se ha de tener en cuenta que el Reglamento (UE) nº 650/2012 tiene un ámbito territorial acotado,  y que el certificado sucesorio que regula tampoco es obligatorio. Por eso, en algún caso resultará necesario declarar en España por un N los herederos abintestato de un extranjero (siempre que se trate de parientes), e implícitamente el mismo art. 56.2.II LN lo da a entender cuando alude a la prueba del Derecho extranjero (salvo que sólo piense en extranjero residente; de todos modos, no siempre será Derecho extranjero, quizá haya reenvío a la ley española). Por eso, mientras se aclara el tema, podemos acudir a la regla del art. 9.2 LJV, y requerir al N donde esté situada la mayor parte de los bienes en España, como criterio equivalente al del lugar donde el acto debe producir sus efectos principales.
  4. d) Legitimación: cualquier persona con interés legítimo, a juicio del N, que no ha de ser necesariamente uno de los herederos (para un acreedor, sobre la base del art 23 Código de Sucesiones de Cataluña, v. AAP de Barcelona [16] de 16/10/2008 rec. 201/2008), a pesar de que el art. 55.1 LN parece limitar el requerimiento a quien se considere con derecho a suceder; es admisible el poder, siempre que el poderdante haya realizado en el mismo poder la correspondiente aseveración de hechos, que el apoderado habría de ratificar (Resolución -SN- de 19/12/1995).
  5. e) Postulación: no hay.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento: la regulación es mucho más prolija y exigente comparada con el art. 209.bis RN, en consonancia con la superior extensión de su ámbito de aplicación (colaterales), pero surge la duda de si alguna de las nuevas exigencias, en particular la publicación de anuncios, también se ha de observar en el supuesto tradicional de cónyuge/pareja, descendiente, ascendiente (tampoco son tan nuevas, pues ya están previstas en la regulación general del art. 209.2º RN, pero no solían utilizarse en estos casos).

+ El requerimiento para la iniciación del acta deberá contener la designación y datos identificativos de las personas que el requirente considere llamadas a la herencia e ir acompañado de los documentos acreditativos del parentesco con el fallecido de las personas designadas como herederos, así como de la identidad y domicilio del causante (puede haber una cierta indeterminación, que debería aclararse en el expediente; p. ej., los hijos por identificar de un hermano fallecido; hay que tener cuidado con estos temas de identificación, v. Resolución -SN- de 12/05/2009: “si en la tramitación de un acta de declaración de herederos abintestato, se considera que existe discrepancia entre la identificación legal de una persona, establecida por la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil, con su identificación social o con la que debiera ser su identificación por razón de los apellidos de sus ascendientes, la plasmación que ello puede tener en el documento público la recoge el artículo 157 del Reglamento Notarial. Dicho precepto, prevé que se identifique a la persona por sus apellidos, debiéndose entender por tales los que resulten de sus documentos legales de identidad, expresándose además cualquier otro nombre con el que fuera conocido”). En todo caso deberá acreditarse el fallecimiento del causante y que éste ocurrió sin título sucesorio mediante información del RC (ineludible, pues si no consta inscrita la defunción deberá instarse la inscripción omitida previa o simultáneamente, en ningún caso cabe suplirla por medios extra-registrales, como la declaración de testigos; Resolución -SN- de 10/12/2012, “la declaración de notoriedad debe distinguirse netamente de un mero juicio de probabilidad que no constituye en modo alguno el fundamento de la actuación notarial en las actas de declaración de herederos ab intestato”) y del Registro General de Actos de Última Voluntad -RGAUV-, o, en su caso, mediante documento auténtico del que resulte a juicio del N, indubitadamente, que, a pesar de la existencia de testamento o contrato sucesorio, procede la sucesión abintestato, o bien mediante sentencia firme que declare la invalidez del título sucesorio o de la institución de heredero (sobre la posibilidad de aportar estos documentos  después del requerimiento Resolución -SN- de 27/02/2002: “de una interpretación conjunta de los artículos 209 bis y 210 del Reglamento Notarial, se deduce la posibilidad de iniciar el acta de declaración de herederos sin necesidad de aportar la prueba documental exigida, pudiendo aportarse en un momento posterior. El Notario requerido habrá de poner en conocimiento del Decanato del respectivo Colegio Notarial, en el mismo día que hubiese admitido el requerimiento, la iniciación de la tramitación del acta, destinado a evitar, como indica el Preámbulo, la dualidad de declaraciones de herederos relativas a una misma herencia. Si, con posterioridad, el requirente desiste o no aporta la prueba pertinente o el Notario no la considera suficiente, se dará por concluida el acta -cfr. art. 210 del Reglamento Notarial-, incorporándose al protocolo. Este acta fracasada no impedirá la iniciación de una nueva, ante el mismo o ante otro Notario competente, por el mismo requirente o por cualquier otra persona con interés legítimo, debiendo el segundo o posterior Notario oficiar al primero, para que éste le mantenga informado sobre el resultado positivo o negativo del acta iniciada por él, a fin de poder continuar, en este caso, la tramitación de la suya, y en aquél darla por cerrada sin resultado y proceder a su protocolización. Y también el Notario preferente podrá oficiar al posterior, solicitándose testimonio literal o en relación de lo actuado por éste en evitación todo ello de dualidad de actas y de declaraciones”). Los documentos presentados o testimonio de los mismos quedarán incorporados al acta.

+ El requirente deberá aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos, en que se haya de fundar el acta y deberá ofrecer información testifical relativa a que la persona de cuya sucesión se trate ha fallecido sin disposición de última voluntad y de que las personas designadas son sus únicos herederos. En el acta habrá de constar necesariamente, al menos, la declaración de dos testigos que aseveren que de ciencia propia o por notoriedad les constan los hechos positivos y negativos cuya declaración de notoriedad se pretende. Dichos testigos podrán ser, en su caso, parientes del fallecido, sea por consanguinidad o afinidad, cuando no tengan interés directo en la sucesión. Son testigos de hechos, no instrumentales, a los que se puede aplicar el art. 361 LEC para los menores de 14 años.

+ Cuando cualquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad modificada judicialmente y careciera de representante legal, el N comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal -MF- para que inste la designación de un defensor judicial. No parece que deba aplicarse esta regla porque el requirente sea el representante legal (viudo en la declaración de herederos de la madre, con hijos menores de edad), siempre que los testigos dejen muy claro que no había separación del matrimonio.

+ El N, a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado, practicará, además de las pruebas propuestas por el requirente, las que se estimen oportunas, y en especial aquellas dirigidas a acreditar “su” identidad, domicilio, nacionalidad y vecindad civil (por el posesivo, parece del interesado, pero la nacionalidad y vecindad que interesan son las del causante), en su caso, la ley extranjera aplicable. Al haberse ampliado el ámbito de estas actas, la norma no se expresa con la rotundidad del art. 209.bis.4º RN respecto de la prueba del parentesco por el correspondiente Libro de familia y certificados del RC (en su caso, de otro Estado), pero está claro que siguen siendo medios preferentes, especialmente en el círculo más restringido de los ascendientes/descendientes.

+ Si se ignorase la identidad o domicilio de alguno de los interesados, el N recabará, mediante oficio, el auxilio de los órganos, registros, autoridades públicas y consulares que, por razón de su competencia, tengan archivos o registros relativos a la identidad de las personas o sus domicilios, a fin de que le sea librada la información que solicite, si ello fuera posible. Si no lograse averiguar la identidad o el domicilio de alguno de los interesados, el N deberá dar publicidad a la tramitación del acta mediante anuncio publicado en el BOE y podrá, si lo considera conveniente, utilizar otros medios adicionales de comunicación. También deberá exponer el anuncio del acta en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio del causante, al del lugar del fallecimiento, si fuera distinto, o al del lugar donde radiquen la mayor parte de sus bienes inmuebles (en alguno, no en todos, se expresa en disyuntiva). Cualquier interesado podrá oponerse a la pretensión, presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio dentro del plazo de un mes a contar desde el día de la publicación o, en su caso, de la última exposición del anuncio. Desde el punto de vista formal o procesal, no basta la mera oposición o formulación de alegaciones para que el acta haya de interrumpirse (se ha de entablar demanda en juicio declarativo, art. 209.5ª RN y Resolución -SN- de 07/11/2008). Cuestión distinta es que sirva al N para formar su juicio (Resolución -SN- de 09/01/2004: “por ello, el artículo 209 del Reglamento Notarial, en su párrafo segundo, admite la posibilidad de que los terceros para los que pudiera derivar algún perjuicio sean citados y puedan formular las alegaciones oportunas, sin que ello determine en todo caso la interrupción del acta, sino sólo cuando se esté en el caso del párrafo quinto del mismo artículo: es decir, cuando se le acredite al Notario la interposición de demanda en juicio declarativo. Todo lo cual, por supuesto no impide que las posibles declaraciones de esos terceros influyan en el juicio que sobre la notoriedad de los hechos haya de formular el Notario”). En nuestra opinión el presupuesto de esta exigencia de publicidad es que haya indicios de posibles interesados, pero no estén perfectamente identificados. No parece razonable, sobre todo en el círculo restringido de los ascendientes/descendientes, que ahora se empiecen a publicar anuncios para cerciorarse de la ausencia de más hijos (AAP de Vizcaya [4] de 22/02/2007 rec. 145/2007: “el art. 980 LEC de 1.881 al regular la vía judicial de la declaración de herederos abintestato, señala que podrá obtenerse tal declaración justificándose debidamente el fallecimiento del causante, el parentesco, la falta de testamento, requiriendo para ello o remitiéndose a diversos medios de prueba y, seguidamente establece que han de justificar por información testifical, que dicha persona ha fallecido sin disposición de últimas voluntades y que ellos solos, o en unión de otros de los que designen, son sus únicos herederos. De lo anterior resulta que la justificación de ser únicos herederos, es suficiente, en principio, realizarla por testigos, y sólo si el Fiscal o el Juez, entendieran que hubiere motivos racionales fundados para creer que podría existir otros parientes de igual o mejor grado, el Juez mandará fijar edictos“).

  1. g) Resolución y efectos:

+ Ultimadas las anteriores diligencias y transcurrido el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el requerimiento inicial o desde la terminación del plazo del mes otorgado para hacer alegaciones en caso de haberse publicado anuncio, el N hará constar su juicio de conjunto sobre la acreditación por notoriedad de los hechos y presunciones en que se funda la declaración de herederos. Cualquiera que fuera el juicio del N, terminará el acta y se procederá a su protocolización (un acta para el requerimiento, otra acta para la protocolización, art. 209 RN).

+ En caso afirmativo, declarará qué parientes del causante son los herederos abintestato, expresando sus circunstancias de identidad y los derechos que por ley les corresponden en la herencia. Se hará constar en el acta la reserva del derecho a ejercitar su pretensión ante los Tribunales de los que no hubieran acreditado a juicio del N su derecho a la herencia y de los que no hubieran podido ser localizados (en realidad, identificados, pues si se les identifica y declara su condición de herederos, su posición ya está asegurada). También quienes se consideren perjudicados en su derecho podrán acudir al proceso declarativo que corresponda.

+ Realizada la declaración de heredero abintestato, se podrá, en su caso, recabar de la autoridad judicial la entrega de los bienes que se encuentren bajo su custodia, a no ser que alguno de los herederos pida la división judicial de la herencia.

+ Transcurrido el plazo de dos meses desde que se citó a los interesados sin que nadie se hubiera presentado o si fuesen declarados sin derecho los que hubieren acudido reclamando la herencia y si a juicio del N no hay persona con derecho a ser llamada, se remitirá copia del acta de lo actuado a la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente por si resultare procedente la declaración administrativa de heredero. En caso de que dicha declaración no correspondiera a la Administración General del Estado, la citada Delegación dará traslado de dicha notificación a la Administración autonómica competente para ello.

+ Conviene detenerse en el juicio del N. Si aplicáramos un principio de rogación estricto, la única conclusión positiva del acta sería la declaración de herederos de aquellos que hubiese identificado previamente el requirente. Si el N no llegara a esa convicción habría de declarar el hecho como “no” notorio, y denegar la declaración. Sin embargo al decir el art. 56.3 LN que el N declarará qué parientes son los herederos,  y, sobre todo, al reconocer el art. 56.4 LN una declaración discrepante con el requerimiento, admite esa posible  incongruencia. Por tanto, el N -ese N, el escogido inicialmente, pues quedan excluidos todos los demás competentes- habrá de formular un juicio positivo, y sólo será posible el juicio negativo cuando no haya parientes llamados a la herencia, en cuyo caso el expediente concluye con la comunicación a la Delegación de Hacienda.

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”. No obstante, la DF 19ª Ley 15/2015 expresamente incluye la declaración de herederos abintestato en el posible reconocimiento de las prestaciones previstas en la normativa de asistencia jurídica gratuita.
  2. i) Legislación civil afectada: la ley sustantiva aplicable a la sucesión no se ve afectada por la reforma de manera directa, pero sí indirectamente, no tanto por esta nueva regulación del acta de notoriedad, como por el efecto “reflejo” de otras reformas civiles que incorpora esta Ley (nueva DA 1ª que se incorpora a la LN); así, p. ej., respeto de los derechos sucesorios del cónyuge viudo en derecho catalán, se ha de tener en cuenta que ahora la separación no sólo puede ser judicial (art. 442-6.1 CCC; en este sentido se modifica el art. 945 CC).
  3. j) Registro: no hay continuación registral del expediente, fuera de su consideración como título de la sucesión hereditaria a los efectos del art. 14 LH. Aunque el art. 22.2.II LJV limita el alcance de la calificación registral cuando se trata de resoluciones procedentes de órganos jurisdiccionales en términos similares a los del art. 100 Reglamento Hipotecario -RH- (cfr. Resolución de 10/11/2011), no parece que el acta de notoriedad pueda beneficiarse de un tratamiento similar, al menos mientras no cambie la doctrina de la Resolución de 02/10/2012.
  4. k) Entrada en vigor: 23/07/2015; resulta aplicable a los fallecidos antes, aunque se trate de supuestos que en el pasado correspondían exclusivamente a la competencia judicial (arg. ex Resolución -SN- de 09/02/1995.

2.2.- Testamento cerrado.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: la nueva regulación piensa en el sistema del CC, donde el testador puede conservar en su poder el testamento cerrado, o encomendar su guarda a persona de su confianza, o depositarlo en poder del notario autorizante para que lo guarde en su archivo (art. 711 CC). La situación es muy distinta en alguna Comunidad Autónoma, como la catalana, donde el N conserva el testamento cerrado y una vez acreditada la muerte del testador procede a su apertura y protocolización por medio de otro acta, en presencia de dos testigos y a instancia de la parte interesada (arts. 421-15 y 16 CCC). El sistema de los arts. 57-60 LN resulta más complejo, ya que el testamento cerrado puede estar en poder de un tercero, lo que hará necesaria su presentación al N. No obstante, cuando el N haya sido depositario del testamento, lógicamente de esta parte del procedimiento se prescinde.
  2. b) Alternatividad: no hay, la competencia sólo corresponde al N.
  3. c) Competencia:

+ Cuando el testamento esté en poder de un tercero, la competencia notarial no está determinada por el previo otorgamiento ex art. 707 CC, sino que será N competente para este trámite el que lo sea para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable (es decir, criterio meramente cuantitativo, no prevalece la situación de los inmuebles, si la mayor parte del patrimonio tiene otra naturaleza y distinta ubicación), o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un N de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el N del lugar del domicilio del requirente (de aplicar este criterio subsidiario, sólo los NN que puedan actuar en esa población según la reglas generales del RN). Se vuelve a plantear el problema de la exclusión de los otros NN una vez iniciado el expediente; al concluir con un juicio del N, de algún modo se habrá de  evitar el “segundo” intento con otro N competente; no creemos que la salida pase por retener el -sedicente- testamento cerrado, que habrá de devolverse al solicitante (de hecho, no se ha protocolizado), pero algún mecanismo de comunicación y consulta por parte de los NN se habrá de establecer para evitar la repetición de intentos.

+ Cuando el testamento esté poder del N, la competencia le corresponde a éste.

  1. d) Legitimación:

+ En realidad se trata de una obligación, pues la persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo ante N competente en los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador, con amenaza de responsabilidad y de pérdida de todo derecho a la herencia (arts. 712.3 y 713 CC). Ante el riesgo de que transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no fuera presentado, cualquier interesado podrá solicitar al N -competente- que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento cerrado para que lo presente ante él (no ante cualquier N competente, sino ante el escogido previamente por ese interesado). Deberán acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante información del RC y del RGAUV, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar y acreditar en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento. Como se trata de un requerimiento, el solicitante habría de indicar la identidad y el domicilio concreto de quien tenga en su poder el testamento (quizá se deba hacer el requerimiento por medio de otro N); no obstante, los apartados 4 y 5 del art. 57 LN parece que también aplican a este supuesto la posibilidad de dar publicidad al expediente en los tablones de anuncios del Ayuntamientos por ignorar la identidad o domicilio de esa persona, lo que llama la atención cuando se desconoce la identidad del requerido, por los términos del previo requerimiento (el interesado aduce la existencia un testamento cerrado, pero ignora quién lo tiene). Transcurridos tres meses desde que se realizaron los requerimientos o desde la finalización del plazo de la última exposición del anuncio sin que se haya presentado el testamento, se archivará el expediente, sin perjuicio de reanudarlo (con ese mismo N, o quien le suceda en el protocolo) a solicitud de cualquier interesado.

+ Como supuesto especial, puede ocurrir que  comparezca ante N quien tenga en su poder un testamento cerrado en cumplimiento del deber establecido en el art. 712 CC, pero manifieste no tener interés en la adveración y protocolización del mismo, en cuyo caso el N requerirá a quienes pudieran tener interés en la herencia, de acuerdo con lo manifestado por el compareciente, y, en todo caso si le fueran conocidos, al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de éstos, a los parientes colaterales hasta el cuarto grado para que promuevan el expediente ante N competente, si les interesase (adviértase que la persona que tiene el testamento ha de tomarse la molestia de buscar un N competente -así lo dice el art. 712.1 CC-, a quien, se supone, entregará el testamento, pero este N no se convierte automáticamente en competente para seguir con el trámite, ya que los interesados pueden escoger otro, que en ese momento no tiene el testamento; no queda claro cómo se pasa el testamento de un N a otro, si directamente entre ellos o porque se entrega al interesado para  llevarlo al otro N). Cuando cualesquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad modificada judicialmente y careciera de representante legal, el N comunicará esta circunstancia al MF para que inste la designación de un defensor judicial. Si se ignorase la identidad o domicilio de estas personas, el N dará publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio o residencia habitual del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes. Transcurridos tres meses desde que se realizaron los requerimientos o desde la finalización del plazo de la última exposición sin que ningún interesado haya promovido el expediente, se archivará el mismo, sin perjuicio de reanudarlo a solicitud de cualquier interesado.

+ Cuando el N sea el depositario actuará de oficio tan pronto tenga conocimiento del fallecimiento. A tal fin deberá comunicar en los diez días siguientes la existencia del testamento al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de éstos, a los parientes hasta el cuarto grado. Son aplicables las reglas anteriores sobre publicación y archivo (art. 712.3.I CC).

  1. e) Postulación: no hay
  2. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ Testamento en poder de un tercero: en este caso hay que comprobar que el testamento cerrado es el mismo  que en su día se otorgó. A tal fin, quien presente el testamento u otro interesado, podrá solicitar al N para que, una vez acreditado el fallecimiento del testador, cite para la fecha más próxima posible al N autorizante del testamento, si fuera distinto, y, en su caso, a los testigos instrumentales que hubieran intervenido en el otorgamiento. Los testigos citados, que hubiesen comparecido en el día señalado, serán examinados y se les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y declaren bajo juramento o promesa si reconocen como legítimas la firma y rúbrica que con su nombre aparecen en él, y si lo hallan en el mismo estado que tenía cuando pusieron su firma. Cuando no comparezca alguno o algunos de los citados, se preguntará a los demás si vieron que éstos pusieron su firma y rúbrica. El N podrá acordar, si lo considera necesario, el cotejo de letras y otras diligencias conducentes a la averiguación de la autenticidad de las firmas de los no comparecidos y del fallecido.

+ Testamento en poder del N: no hay que presentar, ni adverar el sobre cerrado, pero sí comunicar a los parientes en la forma antes indicada.

+ Reglas comunes: una vez comprobadas las solemnidades del testamento cerrado, o personado algún pariente si estaba  poder del N, el N abrirá el pliego y leerá en voz alta la disposición testamentaria, a no ser que contenga disposición del testador ordenando que alguna o algunas cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierta época, en cuyo caso la lectura se limitará a las demás cláusulas de la disposición testamentaria. Los parientes del testador u otras personas en quienes pueda presumirse algún interés podrán presenciar la apertura del pliego y lectura del testamento, si lo tienen por conveniente, sin permitirles que se opongan a la práctica de la diligencia por ningún motivo, aunque presenten otro testamento posterior (no obstante, deberían reflejarse en el acta sus observaciones, de forma similar al testamento ológrafo).

  1. g) Resolución y efectos:

+ Cumplidos los anteriores trámites, el N extenderá acta de protocolización.

+ Cuando el N concluya que el testamento no reúne las solemnidades prescritas por la ley o que, a su juicio no quedó acreditada la autenticidad del pliego, lo hará constar así, cerrará el acta y no autorizará la protocolización del testamento.

+ Autorizada o no la protocolización, los interesados no conformes podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda.

+ Desde el punto de vista estrictamente formal, parece que el requerimiento inicial habrá de recogerse en acta, y los trámites posteriores en sucesivas diligencias, acta que incluso debería iniciarse de oficio cuando el testamento esté en poder del N. No obstante, para evitar su sobrecarga, también podría abrirse un expediente al margen del protocolo para reflejar esos trámites e incorporar la documentación pertinente. Si el expediente termina con éxito, se cierra el acta/expediente (sin necesidad de protocolizar toda la documentación del expediente), pero se extiende otro acta sólo para la protocolización del testamento, y en la que podrá darse cuenta de todas las actuaciones realizadas.

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”. No obstante, la DF 19ª Ley 15/2015 expresamente incluye la presentación, adveración, apertura y lectura, y protocolización de testamentos en el posible reconocimiento de las prestaciones previstas en la normativa de asistencia jurídica gratuita.
  2. i) Legislación civil afectada: será necesario encajar el nuevo procedimiento en las singularidades de cada territorio, pues la regulación del CC y de la LN no puede suponer un cambio en regulación del testamento cerrado por la Ley sustantiva, pero surgen dudas sobre el alcance de ciertos deberes impuestos al N; así, en el caso catalán, donde el N es depositario, por la obligación de comunicar a los parientes -que impone el CC-, la presencia de dos testigos -que impone el CCC-, o la posibilidad de que se haya redactado en soporte electrónico -que admite el CCC-.
  3. j) Registro: no hay continuación registral del expediente, fuera de su consideración como título de la sucesión hereditaria a los efectos del art. 14 LH.
  4. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

2.3.- Testamento ológrafo.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: trámite de presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos ológrafos (arts. 61-63 LN), que ha de cumplirse en determinados plazos (cinco años en art. 689 CC). Con carácter general para toda España, aunque la caducidad se produzca en un plazo menor (en Cataluña cuatro años, art. 421-19.1 CCC), no se admitirán las solicitudes que se presenten después de transcurridos cinco años desde el fallecimiento del testador (art. 61.4 LN; la duda en el caso catalán es si habría de admitirse, cuando por la Ley aplicable a la sucesión ya esté caducado).
  2. b) Alternatividad: no hay, la competencia sólo corresponde al N.
  3. c) Competencia: N competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
  4. d) Legitimación:

+ La persona que tenga en su poder un testamento ológrafo deberá presentarlo ante N competente en los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. Cuando esta persona manifieste no tener interés en la adveración y protocolización del testamento, se procederá en la forma ya vista del art. 57.3 LN.

+  Si transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante el testamento no fuera presentado, cualquier interesado podrá solicitar al N que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento ológrafo para que lo presente ante él. Deberán acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante información del RC y del RGAUV, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento.

  1. e) Postulación: no hay
  2. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ Una vez presentado el testamento ológrafo, a solicitud de quien lo presente o de otro interesado, el N deberá requerir para que comparezcan ante él, en el día y hora que señale, al cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y ascendientes del testador y, en defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Si se ignorase su identidad o domicilio, el N dará publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio o residencia del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes. Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor o persona con capacidad modificada judicialmente y carezca de representante legal, el N comunicará esta circunstancia al M F para que inste la designación de un defensor judicial.

+ Si el solicitante hubiera pedido al N la comparecencia de testigos para declarar sobre la autenticidad del testamento, el N los citará para que comparezcan ante él en el día y hora que señale.

+ En el día señalado, el N abrirá el testamento ológrafo cuando esté en pliego cerrado, lo rubricará en todas sus hojas y serán examinados los testigos. Cuando al menos tres testigos, que conocieran la letra y firma del testador, declarasen que no abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él, podrá prescindirse de las declaraciones testificales que faltaren.

+ A falta de testigos idóneos o si dudan los examinados, el N podrá acordar, si lo estima conveniente, que se practique una prueba pericial caligráfica.

+ Los interesados podrán presenciar la práctica de las diligencias y hacer en el acto las observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento, que, en su caso, serán reflejadas por el N en el acta.

  1. g) Resolución y efectos:

+ Si el N considera justificada la autenticidad del testamento, autorizará el acta de protocolización y expedirá copia de la misma a los interesados que la soliciten. El art. 693 CC señala que en el acta constarán todas las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas (no obstante, como hemos señalado para el testamento cerrado, la documentación adjunta podría quedar en el expediente, sin necesidad de incorporarla en el acta).

+ En caso contrario, lo hará constar así, cerrará el acta, archivará el expediente y no autorizará la protocolización del testamento (art. 693.II CC).

+ Autorizada o no la protocolización del testamento, los interesados no conformes podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda.

  1. h) Gastos: igual que en el testamento cerrado, aunque aquí pueden incrementarse de intervenir perito calígrafo.
  2. i) Legislación civil afectada: será necesario encajar el nuevo procedimiento en las singularidades de cada territorio, pues la regulación del CC y de la LN no puede suponer un cambio en regulación del testamento cerrado por la Ley sustantiva, aunque han de entenderse derogadas cuantas alusiones se hagan en esa legislación al juez (p. ej., art. 421-18 CCC).
  3. j) Registro: no hay continuación registral del expediente, fuera de su consideración como título de la sucesión hereditaria a los efectos del art. 14 LH.
  4. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

2.4.- Testamento en forma oral.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: la presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos otorgados en forma oral, en rigor, sin intervención de N, y sin constituir testamento ológrafo, pues se admite que la voluntad del testador esté consignada en alguna nota, memoria y hasta soporte magnético o digital. Empleando las palabras del art. 1.953 LEC de 1881, parece que el N declarará testamento lo que resulte de las declaraciones de los testigos y -en su caso- del soporte presentado, momento a partir del cual el testamento deja de ser oral. Surge la duda de si constituye el procedimiento general para la adveración de testamentos que existen en soporte escrito, otorgados ante una persona especialmente habilitada, como el testamento militar, o el testamento ante párroco. Creemos que sí, sin perjuicio de aplicar las especialidades de cada modalidad (v. nueva redacción del art. 718 CC para la determinación del N competente).
  2. b) Alternatividad: no hay, la competencia sólo corresponde al N.
  3. c) Competencia: N competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
  4. d) Legitimación: cualquier interesado podrá solicitar al N que otorgue el correspondiente acta de protocolización del testamento otorgado en forma oral. Deberán acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante información del RC y del RGAUV, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento. A la solicitud se acompañará la nota, la memoria o el soporte en el que se encuentre grabada la voz o el audio y el vídeo con las últimas disposiciones del testador, siempre que permita su reproducción, y se hubieran tomado al otorgarse el testamento. Igualmente se expresarán los nombres de los testigos que deban ser citados por el N para que comparezcan ante él a los efectos de su otorgamiento.
  5. e) Postulación: no hay
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ El N, tras aceptar la solicitud, citará a los testigos que hubiere indicado el solicitante, para que comparezcan ante él en el día y hora que se señale. Si el citado como testigo, no compareciese y no alegase causa que justifique su ausencia, el N volverá a practicar la citación indicando el día y hora de la nueva comparecencia.

+ Cuando la voluntad del testador se hubiere consignado en alguna nota, memoria o soporte magnético o digital duradero, se pondrá de manifiesto a los testigos para que digan si es el mismo que se les leyó o grabó y si reconocen por legítimas sus respectivas firmas y rúbricas, en el caso de haberlas puesto.

+ En aplicación de la remisión a los artículos anteriores para la citación de los interesados, parece que el N deberá requerir para que comparezcan ante él, en el día y hora que señale, al cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y ascendientes del testador y, en defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Si se ignorase su identidad o domicilio, el N dará publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio o residencia del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes. Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor o persona con capacidad modificada judicialmente y carezca de representante legal, el N comunicará esta circunstancia al MF para que inste la designación de un defensor judicial.

  1. g) Resolución y efectos:

+ El N reflejará todas las actuaciones en el acta y autorizará la protocolización del testamento, con la calidad de sin perjuicio de tercero, cuando de las declaraciones de los testigos resultaran clara y terminantemente acreditadas las circunstancias siguientes: que concurrió causa legal para el otorgamiento del testamento en forma oral (en el ámbito del Derecho común, arts. 700 y 701 CC); que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición; que los testigos oyeron simultáneamente de boca del testador todas las disposiciones que quería se tuviesen como su última voluntad, bien lo manifestase de palabra, bien leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se contuviese; que los testigos fueron en el número que exige la ley, según las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó, y que reúnen las cualidades que se requiere para ser testigo en los testamentos.

+ Cuando resulte alguna divergencia en las declaraciones de los testigos, se hará constar así en el acta y tan sólo se protocolizarán como testamentarias aquellas manifestaciones en las que todos estuvieren conformes. Si no lo estuvieren en ninguna de las manifestaciones, se archivará el expediente sin protocolización.

+ Si la última voluntad se hubiere consignado en nota, memoria o soporte magnético o digital duradero, en el acto del otorgamiento, se tendrá como testamento lo que de ella resulte siempre que todos los testigos estén conformes en su autenticidad, aun cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones y así se reflejará en el acta de protocolización a la que quedará unida la nota, memoria o soporte magnético o digital duradero.

+ Si el N no considera justificada la autenticidad del testamento lo hará constar así, cerrará el acta y no autorizará la protocolización del testamento.

+ Autorizada o no la protocolización del testamento, los interesados no conformes podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda.

  1. h) Gastos: igual que en el testamento cerrado.
  2. i) Legislación civil afectada: será necesario encajar el nuevo procedimiento en las singularidades de cada territorio, en particular que la Ley sustantiva admita esta modalidad testamentaria (p. ej., art. 31 Ley del Derecho Civil del País Vasco), quedando sustituido el juez por el N para su adveración (también para el testamento ante párroco, p. ej. Ley 191 Compilación navarra).
  3. j) Registro: no hay continuación registral del expediente, fuera de su consideración como título de la sucesión hereditaria a los efectos del art. 14 LH.
  4. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

2.5.- Albaceazgo y contador partidor dativo.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: en el art. 66 LH se agolpan una serie de supuestos bastante heterogéneos, que sólo tienen en común su relación con el albaceazgo o con la partición de la herencia. Estos supuestos son: la renuncia del albacea a su cargo o la prórroga del plazo del albaceazgo por concurrir justa causa; el nombramiento de contador-partidor dativo en los casos previstos en el art. 1.057 CC; la renuncia del contador-partidor nombrado o la prórroga del plazo fijado para la realización de su encargo; la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor dativo cuando resulte necesario por no haber confirmación expresa de todos los herederos y legatarios; la escusa o aceptación del albacea. La actuación del N no puede ser más dispar, pero no se trata solamente de reflejar en la escritura una declaración del interesado. El ejemplo claro es el caso del albacea, cargo que tiene carácter voluntario (art. 898 CC), y por eso no se pueden fiscalizar los motivos por los que el designado albacea acepta o rehúsa el desempeño del cargo. En este caso el albacea puede comparecer ante cualquier notario de su elección y aceptar/excusar el encargo (por eso, el art. 66.3 LN no lo sujeta a regla alguna de competencia, fuera de las generales). La situación cambia cuando lo ha aceptado, o se ha de considerar aceptado por el trascurso de un plazo (art. 898 CC), pues entonces se constituye en la obligación de desempeñarlo, y es aquí donde se ha producido el cambio legal, pues el renunciante ha de alegar causa justa “al criterio” del SJ o del N. Por tanto, no sólo se trata de formalizar una declaración de voluntad, también de valorar la causa alegada de la renuncia, o la necesidad de conceder una prórroga, y en esto sí que se produce un cambio sustancial en la actuación del N.
  2. b) Alternatividad: sí hay; posibilidad de acudir al Juez de Primer Instancia -JPI-, sin perjuicio de que, en determinados casos, la resolución corresponda al SJ (arts. 91-92 LJV); se aplican, por tanto, las reglas de concurrencia de los arts. 6 y 19 LJV.
  3. c) Competencia: el Notario que tenga su residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
  4. d) Legitimación: dependerá de cada supuesto; sólo el albacea/contador renunciante o que inste la prórroga; el contador para la aprobación de la partición; los legitimados para pedir el nombramiento de contador (herederos/legatarios que representen, al menos, el 50 % del haber relicto, circunstancia que habrá de comprobar el N, art. 1057.II CC).
  5. e) Postulación: no hay en el expediente notarial; en cambio en el judicial alterativo será preceptiva la intervención de abogado y procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea superior a 6.000 euros (arts. 91.2 y 92.2 LJV).
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento: no se regulan; cuando el expediente es judicial, los arts. 91.3 y 92.3 LJV remiten a las normas comunes de la LJV (arts. 9 y ss LJV), pero en el expediente notarial no hay normas comunes, lo que obliga un poco a improvisar en cada caso.

+ En los supuestos de renuncia de albacea/contador el N habrá de valorar la causa alegada, y, en su caso, exigir algún tipo de acreditación, pero no parece necesario citar a los interesados en la herencia. Igual en el caso de prórroga. En cambio, la de excusa/aceptación no supone valoración por parte del N.

+ Distinto en el nombramiento de contador partidor dativo, pues el art. 1.057 CC sí que exige la citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido; si fuere desconocido, la duda es si se les debe comunicar por medio de anuncio en el tablón del Ayuntamiento. El nombramiento se realizará de conformidad con lo previsto en el art. 50 CC.

+ En el caso de aprobación de la partición por el contador partidor, no se ha previsto la citación de los herederos y legatarios que no la han aprobado, pero parece conveniente.

  1. g) Resolución y efectos:

+ Como regla, la decisión favorable del N se reflejará directamente en la escritura que autorice. En aquellos casos en los se ha de tramitar un expediente, porque es necesario citar a otros interesados, quizá convenga autorizar un acta previa para la solicitud, y otorgar después la escritura pública.

+ El problema surge en caso de negativa, p. ej. según el N no concurre justa causa para la renuncia, pues no se ha previsto cómo puede reaccionar el interesado ante la negativa del N; tratándose de la aprobación de la partición, simplemente faltará este requisito, pero en los de renuncia tenemos menos claro que sea imposible renunciar, sólo que será sin justa causa -a juicio del N-, y con las consecuencias que procedan (art. 990 CC).

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  2. i) Legislación civil afectada: será necesario encajar el nuevo procedimiento en las singularidades de cada territorio, pues la regulación del CC y de la LN no puede suponer un cambio en la materia regulada, aunque han de entenderse derogadas cuantas alusiones se hagan en esa legislación al juez (p. ej., art. 429-4 CCC).
  3. j) Registro: no hay continuación registral del expediente.
  4. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

2.6.- Formación de inventario.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: la formación del inventario en relación con la aceptación a beneficio de inventario y el derecho de deliberar (art. 1.010 CC, arts. 67-68 LN).
  2. b) Alternatividad: no hay, la competencia sólo corresponde al N.
  3. c) Competencia: el N con residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un N de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el N del lugar del domicilio del requirente.
  4. d) Legitimación:

+ El heredero que tenga en su poder la herencia o parte de ella y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá comunicarlo ante N y pedir en el plazo de treinta días a contar desde aquél en que supiere ser tal heredero la formación de inventario notarial con citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere (art. 1.014 CC).

+ Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero, el plazo anterior se contará desde el día siguiente a aquel en que expire el plazo que se le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al art. 1.005 CC, o desde el día en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero (art. 1.015 CC).

+ Deberá presentar el título de sucesión hereditaria y acreditar al N o bien comprobar éste mediante información del RC y del RGAUV el fallecimiento del otorgante y la existencia de disposiciones testamentarias.

  1. e) Postulación: no hay.
  2. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ Aceptado el requerimiento, el N deberá citar a los acreedores y legatarios para que acudan, si les conviniera, a presenciar el inventario. Si se ignorase su identidad o domicilio, el N dará publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio o residencia habitual del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes.

+ El inventario comenzará dentro de los treinta días de la citación de los acreedores y legatarios (art. 1.017.I CC).

+ El inventario contendrá relación de los bienes del causante, así como las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren, referidos a bienes muebles e inmuebles. De los bienes inmuebles inscritos en el RP, se aportarán o se obtendrán por el N certificaciones de dominio y cargas (¿no vale nota simple?). Del metálico y valores mobiliarios depositados en entidades financieras, se aportará certificación o documento expedido por la entidad depositaria, y si dichos valores estuvieran sometidos a cotización oficial, se incluirá su valoración a fecha determinada. Si por la naturaleza de los bienes considerasen los interesados necesaria la intervención de peritos para su valoración, los designará el N con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

+ El pasivo incluirá relación circunstanciada de las deudas y obligaciones así como de los plazos para su cumplimiento, solicitándose de los acreedores indicación actualizada de la cuantía de las mismas, así como de la circunstancia de estar alguna vencida y no satisfecha. No recibiéndose por parte de los acreedores respuesta, se incluirá por entero la cuantía de la deuda u obligación.

+ Durante la formación del inventario y hasta la aceptación de la herencia, a instancia de parte, el N podrá adoptar las provisiones necesarias para la administración y custodia de los bienes hereditarios con arreglo a lo que se prescriben el CC y la legislación notarial.

+ En particular, el heredero podrá disponer de valores negociables que coticen en un mercado secundario a través de la enajenación en dicho mercado, y de los demás bienes mediante su venta en subasta pública notarial previamente notificada a todos los interesados, especificando en ambos casos la aplicación que se dará al precio obtenido. Lo mismo cuando la venta de los bienes hereditarios fuera necesaria para el pago de los créditos y legados, salvo si todos los herederos, acreedores y legatarios acordaren otra cosa.

  1. g) Resolución y efectos: el inventario deberá concluir dentro de los sesenta días a contar desde su comienzo. Si por justa causa se considerase insuficiente el plazo de sesenta días, podrá el N prorrogar el mismo hasta el máximo de un año (art. 1.017.II CC). Terminado el inventario, se cerrará y protocolizará el acta (no se hace por escritura); cuando el heredero se hubiese reservado el derecho de deliberar deberá manifestar al -mismo- N, dentro de los 30 días siguientes al conclusión del inventario, si repudia o acepta la herencia y si hace uso o no del beneficio de inventario (entonces, en escritura). Quedarán a salvo en todo caso los derechos de terceros.
  2. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”. No obstante, la DF 19ª Ley 15/2015 expresamente incluye la formación de inventario en el posible reconocimiento de las prestaciones previstas en la normativa de asistencia jurídica gratuita. De todos modos, los gastos del inventario y las demás actuaciones a que dé lugar la administración de la herencia aceptada a beneficio de inventario y la defensa de sus derechos, serán de cargo de la misma herencia. Exceptúanse aquellos gastos imputables al heredero que hubiese sido condenado personalmente por su dolo o mala fe. Lo mismo se entenderá respecto de los gastos causados para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero repudia la herencia (art. 1033 CC).
  3. i) Legislación civil afectada: será necesario encajar el nuevo procedimiento en las singularidades de cada territorio, pues la regulación del CC y de la LN no puede suponer un cambio en la materia regulada, aunque han de entenderse derogadas cuantas alusiones se hagan en esa legislación al juez (p. ej., art. 461-15 CCC). Sin embargo, pueden surgir dudas en algún caso, p. ej., en Cataluña se admite el documento privado en la práctica del inventario, y para tomarlo no es preciso citar a ninguna persona, aunque pueden intervenir los acreedores del causante y demás interesados en la herencia (art. 461-15.5 CCC); parece que en estos casos debe prevalecer la norma autonómica, aunque la legislación notarial regule el trámite de citación de los acreedores.
  4. j) Registro: sólo por el acta del inventario no hay continuación registral del expediente.
  5. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

2.7.- Otras cuestiones en el ámbito sucesorio.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: aunque no tienen una regulación propia como expediente especial en el Título VII LN, hay que referirse a una nueva atribución de competencia al N (la interpellatio in iure, que ahora pasa ser notarial, art. 1.005 CC), y otra -ya conocida- que pasa a serlo exclusivamente notarial  (la repudiación de la herencia, art. 1.008 CC).
  2. b) Alternatividad: no hay (sí que es competencia judicial la autorización/aprobación en ciertos casos de la aceptación/repudiación de la herencia, arts. 93-95 LJV).
  3. c) Competencia: no hay limitaciones, cualquier N que sea competente para actuar en la plaza.
  4. d) Legitimación:

+ El llamado a la herencia, para repudiarla.

+ En la interpellatio cualquier interesado que acredite al N su interés en que el heredero acepte/repudie.

  1. e) Postulación: no hay
  2. f) Trámites esenciales del procedimiento: en la renuncia, directamente en instrumento público (creemos, escritura); sólo en la interpellatio hay trámite posterior, pues el N deberá comunicar al llamado que tiene un plazo de 30 días naturales para aceptar/repudiar. El N le indicará, además, que si no manifiesta su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente; parece que se trata de un acta, y en el acta se recogerá la posible manifestación del llamado, o su ausencia.
  3. g) Resolución y efectos: los indicados.
  4. h) Gastos: las reglas generales, aunque puede que se les dé la consideración de expediente de jurisdicción voluntaria a efectos arancelarios.
  5. i) Legislación civil afectada: será necesario encajar el nuevo procedimiento en las singularidades de cada territorio, pues la regulación del CC no puede suponer un cambio en regulación de estas instituciones por la Ley sustantiva, aunque han de entenderse derogadas cuantas alusiones se hagan en esa legislación al juez (p. ej., arts. 461-6 y 461-12 CCC).
  6. j) Registro: sólo por el acta del inventario no hay continuación registral del expediente.
  7. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.
  8. En materia de obligaciones.

3.1.- Del ofrecimiento de pago y la consignación

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: única competencia en materia de Derecho de obligaciones que finalmente ha sido incluida en la LJV, ya que otras facultades, como la fijación del plazo de cumplimiento de una obligación a instancia de alguna de las partes por el N o SJ, con la consiguiente modificación del art. 1128 del CC, ha sido finalmente suprimida del articulado. El expediente desjudicializado se refiere al ofrecimiento de pago y consignación sin acotar el objeto, pudiendo referirse a dinero, valores e instrumentos financieros (en cuyo caso el N deberá depositarlo en una entidad financiera colaboradora de la Admón. de Justicia) o a bienes de distinta naturaleza (en cuyo caso encargará su custodia a un establecimiento adecuado, justificando mediante diligencia en el acto la adopción de medidas necesarias para su conservación).
  2. b) Alternatividad: sí hay, siguiendo las líneas generales de las enmiendas introducidas en el texto. El ofrecimiento de pago y consignación pueden realizarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde deba cumplirse la obligación. La admisión de la solicitud, notificación, conservación y demás trámites se llevarán a cabo por el SJ, pudiendo celebrarse una comparecencia ante el Juez, con citación de los interesados, si el instante solicitara el mantenimiento de la consignación tras un plazo de 10 días el que no se hubiese retirado la cosa debida o hecho las alegaciones oportunas.
  3. c) Competencia: No se delimita, pareciendo por tanto que se regirá íntegramente por el principio de libre elección.
  4. d) Legitimación: únicamente se señala que el promotor del expediente deberá identificar a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación a que se refiera la consignación, señalando su domicilio, y poner a disposición del N lo relativo al objeto de pago. Puede ser el deudor o un tercero, siempre que tenga lugar esta puesta a disposición del objeto consignado.
  5. e) Postulación: no hay.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ Promovido el expediente, el N proveerá el depósito o custodia, adoptando las medidas necesarias para la conservación de la cosa consignada, y lo notificará a los interesados en el domicilio indicado.

+ En el plazo de 10 días hábiles, los interesados pueden aceptar el pago/retirar la cosa debida (en cuyo caso se hará constar la entrega en el acta, dando por terminado el expediente) o realizar alegaciones. En caso contrario, se devolverá lo consignado con archivo del expediente.

  1. g) Resolución y efectos: El expediente puede terminar por aceptación del acreedor del ofrecimiento de pago y consignación; sin embargo, parece que en caso contrario, la declaración de estar bien hecha la consignación y la consiguiente cancelación de la obligación sólo puede recaer el ámbito judicial.
  2. h) Gastos: se aplican las reglas generales, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la DA4ª de la Ley de JV.
  3. i) Legislación civil afectada: arts. 1178 CC (que habla de la puesta a disposición de las cosas debidas ante el J o N) y 1180. Art. 68 LN.
  4. j) Registro: no tiene aún trascendencia registral.
  5. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

3.2.-Reclamación de deudas dinerarias no contradichas.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: Se introduce una nueva vía para la reclamación de cantidades líquidas ya vencidas y no pagadas, como alternativa a la reclamación judicial de deudas, que permite lograr una carta de pago voluntaria o la formación mediante expediente de un título ejecutivo extrajudicial al que el deudor podrá oponer judicialmente el pago y las demás causas previstas en el art. 557 de la LEC. No constituye un proceso monitorio, y se limita a las deudas dinerarias de naturaleza civil o mercantil, con independencia de la cuantía. Quedan excluidas las reclamaciones en que intervenga un consumidor o usuario o bien una Administración pública, las derivadas de la LPH (sostenimiento gastos generales, dotación del fondo de reserva) y las indisponibles por razón de la materia, así como las que requieran autorización judicial.
  2. b) Alternatividad: no hay, siendo una función exclusiva de los N.
  3. c) Competencia: N con residencia en el domicilio del deudor consignado en el documento que acredite la deuda, o en la residencia habitual del deudor o en el lugar en el que éste pueda ser hallado.
  4. d) Legitimación: el acreedor cuya deuda se encuentre documentada o resulte indubitada a juicio del N, debiendo desglosar el principal y los intereses remuneratorios y de demora aplicados.
  5. e) Postulación: no hay.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ Se tramita acta en la que consten los datos identificativos de acreedor y deudor, el domicilio y el origen, naturaleza y cuantía de la deuda, tal y como resulte del documento que origine la reclamación, acompañando igualmente este último.

+ Comprobada la concurrencia de todos los requisitos necesarios (ya que, en caso contrario, el N no debe admitir la solicitud), se practicará requerimiento de pago al deudor. Si éste no pudiera ser localizado, el N debe dar por terminada el acta, quedando a salvo la vía judicial. En caso contrario, el deudor se tendrá por requerido aunque rehusare hacerse cargo de la documentación. Igualmente se considera válido el requerimiento hecho al empleado, familiar, o cualquier persona con la que conviva el deudor, siempre que sea mayor y se encuentre en el domicilio designado; o bien en el lugar de trabajo no ocasional si se efectúa a la persona que esté a cargo de la dependencia destinada a recibir documentos u objetos. Tratándose de personas jurídicas, valdrá el requerimiento que se efectúa a persona mayor de edad, que se encuentre en el domicilio designado y forme parte del órgano de administración, “que acredite ser representante con facultades suficientes o que a juicio del N actúe notoriamente como persona encargada por la persona jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés”.

+En el plazo de 20 días, el deudor puede comparecer ante N para efectuar el pago o para formular oposición. En este último caso finaliza la actuación notarial, pudiendo el acreedor interponer demanda judicial. Esto último tendrá lugar también si se requiere a varios deudores por una única deuda, si la oposición de uno de ellos se refiere a una causa concurrente.

  1. g) Resolución y efectos: El acta se concluye mediante diligencia, que tiene el carácter de carta de pago, si el deudor paga íntegramente la deuda compareciendo ante el N requirente o bien si paga directamente al acreedor con confirmación expresa de éste. Si el deudor no comparece o no formula oposición, el acta tendrá la consideración de título ejecutivo extrajudicial (art 517.2.9º LEC).
  2. h) Gastos: se aplican las reglas generales, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la DA4ª de la Ley de JV.
  3. i) Legislación civil afectada: Se regula en el art. 69 de la LN
  4. j) Registro: no tiene trascendencia registral.
  5. k) Entrada en vigor: 23/07/2015.

4.- Expediente de subasta notarial.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: se regulan las subastas voluntarias, estando coordinada esta regulación con el portal electrónico de subastas de la AEBOE previsto dentro de las medidas de la Ley CORA, hoy Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (en vigor, 15 de octubre de 2015). Esta última ley regula con carácter general y en el ámbito procesal las subastas electrónicas, estando previstas para obtener el mayor rendimiento posible en la venta de bienes muebles o inmuebles, incluso los que estuvieran hipotecados, y tanto notarial como judicialmente.
  2. b) Alternatividad: Sí. Puede seguirse ante N (arts. 70 y 71 de LN) o bien ante SJ. Los arts. 108 y siguientes de la LJV regulan un procedimiento genérico de subasta, para todos los casos en los que, fuera de un proceso de apremio, deba procederse a la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados a instancia del propio interesado.
  3. c) Competencia: Será competente el N designado por acuerdo de todos los interesados, siempre que tenga residencia en el ámbito de la autoridad judicial o administrativa (si la subasta se celebra en cumplimiento de una resolución de esta naturaleza). En su defecto, el designado por el titular del bien o derecho subastado o de la mayor parte del mismo o, siendo iguales, el que lo fuera con anterioridad. Dicha designación debe ser comunicada a la autoridad judicial o administrativa en el plazo de 5 días desde el requerimiento para efectuarla. Cuando no se haga en cumplimiento de una resolución, regirá el principio de libre designación por todos los interesados o por el requirente titular del bien subastado, o en su defecto el N hábil del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los titulares, o el de la situación del bien, pudiendo ser también el del distrito colindante.
  4. d) Legitimación: se habla de persona legitimada para instar la venta del bien determinado, debiendo ser el N el que juzgue si queda acreditada la propiedad del bien o la legitimación para disponer de él. Cabe la representación.
  5. e) Postulación: no hay. Esto supone una importante excepción a la regla general de la LJV, que suele coordinar los supuestos en los que hay alternatividad entre los distintos operadores jurídicos extrajudiciales (N/SJ), con los expedientes en que resulta preceptiva la postulación, de manera que se exija la intervención de abogado y procurador cuando el expediente se encomiende al SJ, pero que ésta no sea preceptiva si se lleva a cabo mediante instancia privada ante el N o R.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ El promotor debe especificar en la solicitud la libertad o estado de cargas, la situación arrendaticia o posesoria, el estado físico, las obligaciones pendientes y la valoración del bien. El N debe consultar y después poner en conocimiento del Registro Público Concursal la aceptación del requerimiento y el inicio del expediente (así como su finalización), aportando el NIF del titular a efectos de poder comunicar cualquier asiento que se practique.

+ El anuncio de la subasta se efectuará en los medios designados por el solicitante y en el BOE, al menos con 24 horas de antelación. En él constará la identidad y el número de protocolo del N encargado de la subasta, así como la dirección electrónica que se asigne a ésta. Igualmente cabe incluir un pliego de condiciones particulares que, en otras cuestiones, puedan modificar la consignación electrónica previa.

+ El N notificará al titular del bien no solicitante, a los arrendatarios y ocupantes, o a los titulares de derechos y cargas que figuren en la certificación a la que aludimos más adelante (personalmente, mediante carta certificada con acuse de recibo o con edictos si el domicilio no fuera conocido) el inicio del expediente, requiriendo al primero para que comparezca en el acta en defensa de sus intereses. El N suspenderá el expediente si se justifica la interposición de demanda.

+La valoración puede efectuarse contractualmente o por perito designado por el N, constituyendo el tipo de licitación y no admitiéndose posturas por debajo de éste.

+Durante 20 días naturales podrán hacerse pujas electrónicas, previa acreditación y oportuna consignación, no exigida al solicitante o a copropietarios. El N extenderá diligencia con el resultado de la subasta y mediante la información que le suministre el Portal de Subastas a fecha de cierre. Previo juicio  de que se han observado todas las normas legales que la regulan, el N cerrará el acta dando por concluida la subasta y el bien por adjudicado, procediendo a su protocolización. En sucesivas diligencias se hará constar el pago del precio, así como la entrega por el N o la consignación judicial de las cantidades percibidas del adjudicatario. A falta de pago, la entrega se efectuará al segundo o sucesivo mejor postor.

+El N debe suspender la subasta en caso de que se le presente resolución judicial justificativa de la inexistencia de la obligación garantizada, certificación registral, o certificación con firma legitimada del administrador o secretario no consejero cuando se trate de acciones o participaciones; cuando exista causa criminal; declaración de concurso; tercería de dominio; otro procedimiento de subasta o bien cuando se plantee el carácter abusivo de una cláusula de un instrumento de financiación La reanudación requerirá nuevo anuncio y petición de información registral.

  1. g) Resolución y efectos:

+En los casos en que sea necesario documento público para la transmisión del bien, éste será otorgado por el titular o su representante a favor del adjudicatario, pudiendo la autoridad judicial suplir la voluntad del primero (708 LEC).

+Si la subasta quedare desierta, el N cerrará el expediente.

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales para el acta de subasta, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la DA4ª de la Ley de JV. En el caso de que se documente la adjudicación mediante escritura, el arancel dependerá de la cuantía de los bienes transmitidos.
  2. i) Legislación civil afectada: La normativa prevista en la LJV es siempre de aplicación supletoria respecto de la legislación especial. Arts. 70 y 71 LN. La ley 19/2015 modifica igualmente el art. 129 de la LH, relativo a la venta extrajudicial.
  3. j) Registro: si el bien subastado es objeto de publicidad registral, el N solicitará electrónicamente certificación de dominio y cargas una vez acordada la celebración de la subasta. El R practicará nota al margen (vigencia 6 meses) y notificará de inmediato al N y a la AEBOE la presentación de cualquier otro título que afecte o modifique la información inicial. Toda esta información podrá ser consultada a través del Portal de Subastas.

Además, tratándose de bienes registrales, si la venta extrajudicial se iniciase sobre la base de una causa distinta del vencimiento de plazo o la falta de pago de los intereses o cualquier otra prestación a que estuviera obligado el deudor, el N, previa notificación de del J, suspenderá el procedimiento si con anterioridad a la subasta se hubiera hecho constar en el RP o de BM la oposición al mismo en juicio declarativo.

  1. k) Entrada en vigor: el 15/10/2015, según la DF21ª de la LJV, de manera que se coordine con la entrada en vigor de la Ley 19/2015 de reforma de la Administración de Justicia.

5.- Expedientes en materia mercantil.

5.1-Del robo, hurto, extravío o destrucción del título-valor.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: Medidas previstas en la legislación mercantil para el caso de robo, hurto, extravío o destrucción del título valor o representación de partes de socio.
  2. b) Alternatividad: sí hay (SJ).
  3. c) Competencia: N del lugar del pago cuando se trate de un título de crédito, N del lugar de depósito cuando se trate de un título de depósito, N del lugar del domicilio de la entidad emisora cuando los T-V fuesen mobiliarios.
  4. d) Legitimación: poseedores legítimos de los T-V que hubieran sido desposeídos de los mismos o que hubieran sufrido su destrucción o extravío.
  5. e) Postulación: No.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+Se tramita mediante acta. El N debe requerir al emisor de los títulos y la Sociedad rectora de la Bolsa correspondiente si estos cotizaran, además de solicitar la publicación en el BOE y un periódico de gran circulación de la provincia y citar a quienes pudieran resultar interesados, cuya comparecencia se haría constar en el acta. En dicho requerimiento se instará a que se suspenda la negociación o transmisión del título, así como la obligación de pago documentada, pago de capital, intereses o dividendos, o depósito de las mercancías.

+En caso de que la conservación de las mercancías depositadas fuera muy costosa, podrán ser retiradas por el solicitante si prestase caución suficiente. Igualmente podrá el N nombrar un administrador para el ejercicio de los derechos de asistencia, voto e impugnación de acuerdos de la JG, si se tratase de valores mobiliarios, fijando una retribución a cargo del solicitante.

  1. g) Resolución y efectos:

+Transcurridos 6m sin oposición, el N requerirá al emisor para que pague al promotor los rendimientos que produzca el título; y al año, para que expida y le entregue nuevos títulos. No procederá la anulación si el tenedor actual lo hubiera adquirido de buena fe y conforme a la ley de circulación del T-V.

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la DA4ª de la Ley de JV.
  2. g) Legislación civil afectada: art. 78 LN.
  3. h) Entrada en vigor: 23/07/2015.

5.2-De los depósitos en materia mercantil y de la venta de los bienes depositados.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: Acta prevista para todos aquellos casos en que, por disposición legal o por pacto, proceda el depósito de bienes muebles, valores o efectos mercantiles.
  2. b) Alternatividad: no hay.
  3. c) Postulación: no.
  4. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+no se establecen reglas específicas, por lo que parece que se deberá proceder conforme a las reglas generales de las actas de depósito. Únicamente se especifica que si se tratare de letras de cambio u otros efectos que pudieran perjudicarse por su no presentación a la aceptación o al pago, el N podrá proceder a dicha presentación a instancia del depositante, sustituyendo los efectos depositados por el importe percibido.

+Si la legislación mercantil permitiera la venta de lo depositado, el N podrá proceder de acuerdo con lo previsto para las actas notariales de subasta, a instancia del depositante o depositario, dando al importe obtenido el destino previsto en la legislación mercantil.

  1. h) Gastos: se aplican las reglas generales, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la DA4ª de la Ley de JV.
  2. g) Legislación civil afectada: art. 79 LN
  3. h) Entrada en vigor: 23/07/2015.

5.3-Del nombramiento de peritos en los contratos de seguros.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: Nombramiento previsto para los casos de falta de acuerdo entre los peritos nombrados por asegurador y asegurado a efectos de determinar los daños producidos y la designación de un tercero.
  2. b) Alternatividad: sí hay.
  3. c) Competencia: Si hubiera mutuo acuerdo entre las partes, pueden designar libremente al N. En su defecto, el requirente podrá escoger al que tenga su residencia en el lugar del domicilio o residencia habitual del asegurado, o bien del lugar donde se encuentre el objeto de valoración. Esta competencia se extiende a los N del distrito colindante.
  4. d) Legitimación: pueden ser requirentes tanto el asegurado como el asegurador, o ambos conjuntamente.
  5. e) Postulación: no.
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+Presentación de un escrito por parte del interesado en el que se identifique el hecho de la discordia, solicitando el nombramiento del tercer perito y adjuntando la póliza del seguro y los dictámenes presentados por los peritos de las partes.

+El N convocará una comparecencia a efectos de que las partes se pongan de acuerdo en la designación y, si así no lo hicieren, lo nombrará él de acuerdo con el art. 50 LN (el Decano del Colegio Notarial debe instar el envío anual por parte de los distintos colegios profesionales de una lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos, siendo la primera designación por sorteo y las sucesivas por orden correlativo).

  1. g) Resolución y efectos:

+Aceptado el cargo y nombrado el perito, las partes deben realizar provisión de fondos en el plazo de 3 días. El dictamen, emitido en el plazo designado o en su defecto en el de 30 días, se incorporará al acta, dándola por finalizada.

  1. h) Gastos: Según la DA4ª de la LJV, en estos expedientes el arancel se percibirá sin atención a la cuantía posible del negocio peritado.
  2. g) Legislación civil afectada: art. 80 LN y art. 38 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.
  3. h) Entrada en vigor: 23/07/2015.

6.- Expedientes de conciliación.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: Con el fin de alcanzar un acuerdo extrajudicial, el N podrá tramitar expedientes de conciliación relativos a cualquier controversia de naturaleza contractual, mercantil, sucesorio o familiar (siempre que no recaiga sobre materias indisponibles, como aquellas en que intervengan menores, incapacitados o AAPP, y quedando excluidas las de índole concursal, la responsabilidad civil de jueces y magistrados, y en general los que se pretendan sobre materias no susceptibles de transacción o compromiso).
  2. b) Alternatividad: Sí hay. De hecho, pueden tramitarse actos de conciliación, a elección de los interesados, ante N, SJ o bien ante R cuando verse sobre controversias de naturaleza inmobiliaria, urbanística, mercantil o bien sobre hechos o actos inscribibles en el RP, RM u otro Registro público que sea de su competencia, dejando constancia de la avenencia o falta de ella mediante certificación.
  3. c) Postulación: no hay.
  4. d) Trámites esenciales del procedimiento:

+ El N otorgará escritura en la que se formalice la avenencia de los interesados o bien la imposibilidad de conseguir acuerdo alguno. Cabe también modificación de los acuerdos adoptados siempre que no se haya iniciado la ejecución judicial.

  1. e) Resolución y efectos:

+La escritura que contenga los acuerdos adoptados estará dotada de la eficacia ejecutiva propia de los títulos extrajudiciales (art. 517.2.9º LEC). En tanto no conste en la matriz la modificación o ejecución, cualquiera de las partes podrá pedir copia autorizada con carácter ejecutivo.

  1. f) Gastos: se aplican las reglas generales, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la DA4ª de la Ley de JV.
  2. g) Legislación civil afectada: art. 78 LN
  3. h) Entrada en vigor: 23/07/2015.

II.- Expedientes del registro mercantil.

En el ámbito del RP las principales novedades ya se habían producido con la Ley 13/2015, de 24 de junio, y han sido objeto de cometario anterior en este mismo Boletín. Destacar ahora la incorporación de la conciliación a cargo del Registrador sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el RP, RM u otro Registro Público que sea de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, en concurrencia con N y SJ (art. 103.bis LH). Por eso ahora nos vamos a centrar en los nuevos expedientes de RM. Destacar, no obstante, que en el ámbito exclusivamente judicial hay algunos expedientes mercantiles que resultan de gran interés, y ahora sólo mencionamos: exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad –arts. 112/116 LJV-, disolución judicial de sociedades –arts. 125/128 LJV-. Otros, en cambio, se atribuyen al SJ y al N, pero no al RM, como el expediente de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio –arts. 132/135 LJV- y el nombramiento de peritos en los contratos de seguro –arts. 136/138 LJV. Eliminamos en la exposición que sigue, por innecesarios, los epígrafes referidos a Registro y Legislación civil afectada.

1.1.- Reducción forzosa del capital.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto:

+ En los supuestos de adquisición originaria por SA de acciones propias con infracción de lo dispuesto en el art. 134 LSC, la sociedad deberá enajenarlas en el plazo máximo de un año a contar desde la primera adquisición; transcurrido este plazo, los administradores procederán de inmediato a convocar Junta General -JG- para que acuerde la amortización con la consiguiente reducción del capital. En el caso de que no se hubiera reducido en el plazo de dos meses, se hace posible la reducción forzosa del capital por el RM, que es la novedad ahora incorporada (art. 139.3 LSC). Igual ocurre en el supuesto de adquisición derivativa realizada por SA (remisión ex art. 147 LSC).

+ En la adquisición derivativa de participaciones propias por SRL  el plazo de enajenación/amortización es de tres años; transcurrido este plazo, el RM podrá acordar la amortización, con la consiguiente reducción del capital (art. 141.2 LSC).

  1. b) Alternatividad: la reducción también se puede acordar por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (art. 124 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
  2. c) Competencia: el RM del domicilio social; no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM.
  3. d) Legitimación:

+ Es necesario acreditar un interés ante el RM; es de suponer que el solicitante acreditará ante el RM el hecho de la adquisición.

+ Los administradores está obligados a solicitar la reducción registral del capital cuando el acuerdo de la JG hubiera sido contrario a esa reducción o no pudiera ser logrado; habrán de acreditar ante el RM esta circunstancia. Un problema puede surgir cuando el acuerdo contrario a la reducción haya sido impugnado judicialmente, y no parece que el RMN entonces esté en condiciones de resolver (arg. ex art. 6.2 LJV).

  1. e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 129.3 LJV)
  2. f) Trámites esenciales del procedimiento:

+ A la espera del RRM, podría seguirse un sistema parecido al del art. 353 RRM en cuanto al asiento de presentación y la apertura de expediente; cuando no se haya solicitado por los administradores, se les habría de dar la oportunidad de oponerse.

+ El RM habrá de acordar la amortización de las acciones propias, dando nueva redacción a los artículos de los estatutos sociales relativos a la cifra del capital social y a las acciones, con las indicaciones a que se refieren los arts. 121 y 122 RRM (arg. ex art. 173 RRM). No está claro si existe derecho de oposición de los acreedores en esta reducción (en la SRL, cuando se hubiera previsto en los estatutos, art. 333 LSC), salvo que la sociedad dote reservas indisponibles por igual cuantía (v. Resolución de 16/11/2006). Pero esta decisión corresponde a la sociedad. De haber derecho de oposición, los administradores habrán de encargarse de la publicación de la reducción y hacer la oportuna manifestación ante el RM.

+ Si por virtud de la resolución del RM el capital social resultara inferior al mínimo legal, el RM suspenderá la inscripción y extenderá nota de cierre provisional hasta que se presente en el RM la escritura de transformación, de aumento del capital social en la medida necesaria o de disolución (art. 173 RRM).

  1. g) Resolución y efectos: la resolución del RM decretando la reducción, quizá no sea directamente inscribible si hay derecho de oposición, en cuyo caso la inscripción habrá de esperar a que se cumplan esos requisitos adicionales; de todos modos, la decisión favorable o desfavorable será recurrible ante el JM; no obstante, respecto de la favorable, sorprende un poco la posibilidad de recurrir una resolución cuando ya esté practicado el asiento, salvo que se deba esperar el plazo de posible recurso para su práctica (para el SJ, v. art. 21 LJV).
  2. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  3. i) Entrada en vigor: 23/07/2015.

1.2.- Enajenación forzosa.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto:

+ En el caso de acciones/participaciones de la sociedad dominante cuando la adquirente es una SA no puede ordenarse la reducción de capital a falta de enajenación, pues esta reducción depende de la JG de la sociedad dominante; tampoco podría ordenarse a los administradores de la sociedad dominante que enajenen las acciones/participaciones de la filial; por eso la solución legal era la enajenación judicial de las mismas. La reforma  dispone ahora que esa enajenación podrá hacerse también por el RM (art. 139.4 LSC).

+ Cuando la adquirente es una SRL el art. 141.3 LSC dispone que las acciones/participaciones deberán ser enajenadas en el plazo de un año, pero no hacía referencia a una posible enajenación judicial, y ahora tampoco alude a la enajenación registral. No obstante, puede aplicarse el mismo criterio previsto para la SA.

  1. b) Alternatividad: la enajenación también se puede acordar por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (art. 124 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
  2. c) Competencia: el RM del domicilio social; no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM.
  3. d) Legitimación: es necesario acreditar un interés ante el RM, que puede estar referido, tanto a la dominante, como a la dominada; es de suponer que el solicitante acreditará ante el RM el hecho de la adquisición.
  4. e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 129.3 LJV)
  5. f) Trámites esenciales del procedimiento: el RM ordenará la enajenación y sus condiciones esenciales, que habrán de respetar el régimen legal/estatutario de la sociedad dominante, pero la enajenación ha de acomodarse a las reglas generales, sin provocar un asiento específico.
  6. g) Resolución y efectos: la decisión favorable o desfavorable habría de ser recurrible ante el JM.
  7. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  8. i) Entrada en vigor: 23/07/2015.

1.3.- Convocatoria de junta general.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: el RM podrá convocar la JG en varios supuestos,

+ JG ordinaria o prevista en los estatutos que no hubiera sido convocada dentro del plazo legal o estatutario (art. 169.1 LSC).

+ JG a solicitud de la minoría, que no hubiera sido convocada para su celebración dentro del plazo  de dos meses (art. 169.2 LSC).

+ En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de algunos de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cuando la JG se convoque sólo para el nombramiento de administradores (art. 171 LSC).

+ Otro supuesto especial similar al anterior, es la convocatoria de JG de una sociedad disuelta para proceder sólo al nombramiento de un liquidador (art. 377.1 LSC).

+ La nueva regulación también se aplica a la Sociedad Anónima Europea (art. 492.2 LSC).

  1. b) Alternatividad: la convocatoria también se puede acordar por el SJ (art. 117 LJV), determinándose la competencia por el JM del domicilio social (art. 118.1 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
  2. c) Competencia: el RM del domicilio social; parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues nada se dice en contra de la aplicación de la regla general.
  3. d) Legitimación: a solicitud de cualquier socio o de la minoría correspondiente, según los casos. En espera de un desarrollo reglamentario, podemos prestar atención al art. 119 LJV; por eso, el expediente se iniciará mediante escrito solicitando la convocatoria de la JG, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los estatutos, los documentos que justifiquen la legitimación y el cumplimiento de dichos requisitos; si la JG fuera ordinaria, la solicitud deberá fundamentarse en que no se ha reunido dentro de los plazos legalmente establecidos; si la JG solicitada fuera extraordinaria, se expresarán los motivos de la solicitud y el orden del día que se solicita; también se podrá solicitar en el escrito que se designe un presidente y secretario para la JG distintos de los que corresponda estatutariamente.
  4. e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 118.3 LJV)
  5. f) Trámites esenciales del procedimiento: es necesario dar audiencia a los administradores; en el procedimiento ante SJ se cita a los administradores a una comparecencia, pero en el RM parece que habrían de alegar por escrito, una vez se les haya dado traslado de la solicitud admitida (arg. ex 354.2 RRM)
  6. g) Resolución y efectos:

+ Si el RM accediere a lo solicitado, convocará la JG en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, y designará al presidente y secretario de la misma (con libertad, sin atender a las previsiones legales o estatutarias). El lugar establecido deberá ser el fijado en los Estatutos, y si no lo estuviera deberá estar dentro del término municipal donde radique el domicilio de la sociedad. Adviértase que en la SA la minoría podría solicitar del RM la inclusión de nuevos puntos en el orden del día (art. 172 LSC).

+Si se solicitare simultáneamente la celebración de una JG ordinaria y extraordinaria podrá acordarse que se celebren conjuntamente.

+ Contra la resolución por el que se acuerde la convocatoria de la JG no cabrá recurso alguno; contra la desestimatoria, parece que los generales (también contra una desestimación parcial, cuando no se hayan incluido en el orden del día todos los puntos solicitados, pero su estimación supondrá una nueva convocatoria limitada a los que finalmente se acepten en el recurso).

+ En el procedimiento ante SJ una vez obtenida la aceptación de quien haya sido designado para presidirla, la resolución convocando a la JG deberá ser notificada al solicitante y al administrador. En caso de no aceptación de la persona designada, el RM judicial nombrará a otra que la sustituya.

+ Desde el punto de vista material, el RM ordena la convocatoria, pero en la práctica era habitual que el órgano judicial entregara la convocatoria a los administradores, al solicitante o al designado presidente para llevar a cabo su publicación/comunicación, que en ocasione no se ajustaba a los términos legales/estatutarios, generando ulteriores problemas de inscripción (p. ej., Resolución de 24/01/2006). En la práctica, para hacer el llamamiento puede ser necesario que los administradores suministren al RM determinada información (p. ej., identidad y domicilio de los socios).

+ El RM no puede ordenar que se levante acta notarial de JG (aunque se pida por el solicitante), para esto se aplican las reglas generales.

  1. h) Gastos: expresamente dispone el art. 170.4 LSC que los gastos de la convocatoria registral serán de cuenta de la sociedad, y entre esos gastos han de incluirse los aranceles del RM, no sólo los asociados a la publicidad del anuncio (de hecho, ahora no hay norma para los de convocatoria por el SJ, pues el art. 170.4 LSC sólo alude a la “registral” y nada se dice en el art. 119 LJV, con el riesgo de tener que aplicar la regla general de los gastos a cargo del solicitante, art. 7 LJV); al margen de esto, se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  2. i) Entrada en vigor: 23/07/2015.

1.4.- Auditor.

En materia de nombramiento de auditor con arreglo al art. 265 LSC, no se amplía la competencia del RM, sino que se implanta el principio de alternatividad al atribuir la misma competencia al SJ por el procedimiento de los arts. 120-123 LJV, y por eso ahora no lo estudiamos (v. arts. 350 y ss.  RRM; para los gastos, es probable que deba minutarse como acto de jurisdicción voluntaria con arreglo a la futura regulación). No obstante, sí que se ha producido un cambio respecto de la revocación, que deja de corresponder al JM y se asigna ahora al SJ o al RM, con el consiguiente nombramiento de otro (art. 266 LSC). Asimismo, con carácter más general, el art. 40 CCom,  sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que obliguen a someter las cuentas anuales a la auditoría de una persona que tenga la condición legal de auditor de cuentas, y de lo dispuesto en los art. 32 y 33 de este CCom, dispone que todo empresario vendrá obligado a someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas, en su caso, de su empresa, cuando así lo acuerde el SJ o el RM del domicilio social del empresario si acogen la petición fundada de quien acredite un interés legítimo.

1.5.- Liquidador.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto:

+ El RM puede nombrar liquidador cuando la JG convocada para cubrir las vacante no lo hubiera hecho (art. 377.2 LSC); aunque constituye un tema debatido en relación con el nombramiento judicial, no parece que el RM pueda hacer el nombramiento inicial de liquidador –sólo le corresponde cubrir una vacante, y la “vacabet” presupone un nombramiento aceptado anterior-, cuando tal designación por la JG fuera necesaria (p. ej., no hay conversión del administrador). En la práctica puede ser un problema en situaciones límite donde el acuerdo resulte imposible, pues tampoco puede hacerlo el SJ (el art. 120 LJV remite a los casos “en que la ley prevea”, y estos se limitan a los del art. 377.2 LSC).

+ En la SA el RM podrá acordar la separación del liquidador, cualquiera que haya sido su forma de su designación (por el mismo RM, por la JG, por conversión, pero no cuando haya sido nombrado por SJ; art. 380.2 LSC), cuando lo soliciten accionistas que representen la vigésima parte del capital.

+ Como supuesto especial, transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la JG el balance de liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del RM la separación de los liquidadores (art. 389 LSC)

  1. b) Alternatividad: también se puede hacer por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (arts. 120-123 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
  2. c) Competencia: el RM del domicilio social, y en el caso de separación de un liquidador de SA nombrado por el RM tendrá que ser el mismo RM que lo nombró (aunque en el intervalo la sociedad hubiera trasladado su domicilio a otra provincia); no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM
  3. d) Legitimación: para el nombramiento cualquier interesado, que habrá de acreditar que la JG convocada no adoptó el acuerdo; para la separación en SA, sólo quienes tenga el 5 % del capital y acrediten la justa causa invocada. En ambos casos deberán acompañar los documentos en que apoye su solicitud. En el supuesto especial de retraso, el socio sólo ha de acreditar su condición de tal (otro solicitante su interés legítimo) y que han pasado tres años, nada más, pues le corresponde al liquidador justificar la dilación.
  4. e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 121.3 LJV).
  5. f) Trámites esenciales del procedimiento: en el nombramiento, cuando quede algún liquidador en el ejercicio del cargo (mancomunado), se le deberá dar audiencia, previo traslado del escrito de solicitud (arg. ex 123 LJV). En la separación, necesariamente al liquidador afectado.
  6. g) Resolución y efectos: la resolución en cualquier sentido sólo será recurrible ante el JM; en el supuesto especial de nuevo nombramiento por retraso de los anteriores, el RM deberá fijar el régimen de actuación de los nombrados, con independencia de lo previsto en los estatutos. Aceptado el nombramiento se procederá a su inscripción; la inscripción de la separación parece automática.
  7. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  8. i) Entrada en vigor: 23/07/2015.

1.6.- Interventor.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: nombramiento de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación en la SA a instancia de una minoría (art. 381 LSC).
  2. b) Alternatividad: también se puede hacer por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (arts. 120-123 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
  3. c) Competencia: el RM del domicilio social; no parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues contra la resolución desfavorable sólo cabe recurso ante el JM
  4. d) Legitimación: los accionistas que representen la vigésima parte del capital social; sólo han de acreditar este porcentaje y que la sociedad está en liquidación.
  5. e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 121.3 LJV).
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento: debería darse audiencia a los liquidadores, pues, aunque la designación no requiere “motivo” alguno, los liquidadores podrían oponer que los solicitantes no tienen el porcentaje de capital necesario.
  7. g) Resolución y efectos: la resolución por la que se acuerde o rechace el nombramiento será recurrible ante el JM; una vez aceptado, será inscribible.
  8. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  9. i) Entrada en vigor: 23/07/2015.

1.7.- Convocatoria de la asamblea de obligacionistas.

  1. a) Ámbito de aplicación y objeto: cuando el comisario no atienda oportunamente la solicitud de convocatoria de la asamblea efectuada por obligacionistas que representen la vigésima parte de las obligaciones emitidas y no amortizadas, podrá realizarse la convocatoria por el RM (art. 422.3 LSC).
  2. b) Alternatividad: también se puede hacer por el SJ, determinándose la competencia por el JM del domicilio social (arts. 130-131 LJV); se aplican las reglas generales de concurrencia (arts. 6.1.II y 19.3 LJV).
  3. c) Competencia: el RM del domicilio social; parece posible la intervención de Registrador sustituto en caso de calificación negativa, pues nada se dice en contra de la aplicación de la regla general.
  4. d) Legitimación: el expediente se iniciará mediante escrito solicitando la convocatoria de la asamblea, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompañando los estatutos sociales y, en su caso, el reglamento del sindicato, los documentos que justifiquen la legitimación y el cumplimiento de dichos requisitos (arg. ex 131.1 LJV).
  5. e) Postulación: no hay (sí en el expediente judicial, art. 129.3 LJV).
  6. f) Trámites esenciales del procedimiento: hay que dar audiencia al comisario.
  7. g) Resolución y efectos: el RM convocará la asamblea en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día, de conformidad con el reglamento del sindicato y el contenido de la solicitud (arg. ex art. 131.2 LJV). No parece que el RM pueda designar un nuevo comisario en sustitución del que no hubiera cumplido con su obligación de convocar la asamblea (cfr. con el SJ art. 131.2 LJV). Contra la resolución por la que se acuerde la convocatoria de la asamblea general no cabrá recurso alguno; contra la desestimatoria, parece que los generales.
  8. h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el RM resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
  9. i) Entrada en vigor: 23/07/2015.

1.8.- Constitución del sindicato de obligacionistas.

Para terminar con este epígrafe, el art. 6 de la Ley 211/1964, de 14 de diciembre, según la nueva redacción de la DF 15ª Ley 15/2015, atribuye al RM del domicilio de la entidad emisora la competencia exclusiva para constituir el sindicato de obligacionistas a solicitud de obligacionistas que representen, como mínimo, el 30 % del total de la serie o emisión, previa deducción de las amortizaciones realizadas, cuando la entidad emisora no lo hubiera hecho.

III.- Otras cuestiones de interés.

Para concluir, simplemente indicamos algunas cuestiones que no han sido mencionadas anteriormente, pero resultan de interés notarial:

+ Normas de Derecho Internacional Privado en relación con la inscripción en Registros Públicos de resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria, en su caso dictadas por autoridades no pertenecientes a órganos judiciales (arts. 11 y 12 LJV).

+ Nombramiento por el SJ de defensor judicial (arts. 27 y ss LJV).

+ Mediadas de fiscalización de la tutela o curatela establecidas en testamento o documento público notarial (art. 45 LJV).

+ Autorización a aprobación judicial para actos de disposición/gravamen sobre bienes de menor/persona con capacidad modificada judicialmente (arts. 61 y ss LJV; en particular, art. 65 LJV para los supuestos en que es necesaria pública subasta).

+ Intervención judicial en los casos de desacuerdo en la administración de bienes gananciales (art. 90 LJV).

+ Autorización judicial en determinados supuestos de aceptación/repudiación de herencia (art. 94 y ss LJV).

+ El documento público extranjero no dictado por un órgano judicial es título para inscribir el hecho o acto de que da fe siempre que cumpla los siguientes requisitos: que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado; que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen; que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado; que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden público español. Este régimen jurídico será aplicable a las resoluciones pronunciadas por órganos judiciales extranjeros en materias cuya competencia corresponda, según la LJV, al conocimiento de autoridades españolas no judiciales (DA 3ª Ley 15/2015).

+ Nueva regulación de las causas de indignidad para heredar, así como para ser testigo en los testamentos (arts. 681, 756 CC).

+ Suprime la posibilidad de dispensa judicial de edad para contraer matrimonio (art. 48 CC).

+ Gratuidad de determinados expedientes registrales que fueron incorporados a la LH por la Ley 13/2015 (DF 19ª Ley 15/2015).

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