¡¡¡QUÉ NO CUNDA EL PÁNICO!!! Acerca de la STS de 23 de Diciembre de 2015 (rec. 2658/2013) sobre CLÁUSULAS ABUSIVAS en PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

¡¡¡QUÉ NO CUNDA EL PÁNICO!!!

Acerca de la STS de 23 de Diciembre de 2015 (rec. 2658/2013) sobre CLÁUSULAS ABUSIVAS en PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

             Fruto de la demanda presentada por la OCU contra Banco Popular y BBVA, se declaran abusivas y consiguientemente nulas una serie estipulaciones de contratos bancarios que reseñamos brevemente a continuación. En primer lugar, respecto a la que establece un suelo del 4,50%, si se relaciona con todos los demás epígrafes del propio contrato relativos al cálculo y determinación del interés variable aplicable, y quedando además envuelta entre un cúmulo de estipulaciones, menciones y datos, se dificulta la comprensión efectiva de la realidad resultante, que no es otra que lo efectivamente contratado no es un contrato de préstamo a interés variable, sino un contrato a interés fijo (el 4,50%) únicamente variable al alza; es decir, enmascarando que el consumidor no podría beneficiarse de las fluctuaciones a la baja del mercado de tipos de interés por debajo de dicho porcentaje, sino únicamente verse afectado por las oscilaciones al alza.

            Los pronunciamientos que han causado una mayor alarma en la comunidad jurídica son, sin embargo, los relativos a los intereses de demora en los préstamos hipotecarios, especialmente por razón a la remisión efectuada a otra Sentencia anterior del Tribunal Supremo. En primer lugar, entiende el Alto tribunal que la aplicación del límite previsto en el art. 114.3 de la LH no impide que el juez nacional pueda declarar abusiva la cláusula de intereses de demora en el procedimiento de ejecución de un contrato en particular. Dicho artículo fija un criterio para “un control previo del contenido de la cláusula, en vía notarial y registral, de modo que las condiciones generales que excedan de dicho límite ni siquiera tengan acceso al documento contractual, ni en su caso resulten inscritas”, pero no prejuzga como decimos la posible declaración judicial de abusividad que pudiera sobrevenir con posterioridad.

Por otro lado, tampoco puede servir el art. 114.3 LH como derecho supletorio si recayese dicha declaración judicial: en tal caso, la Sentencia del Supremo se remite en efecto a la anterior Sentencia 265/2015, de 22 de abril, que determinó la imposibilidad de que el interés de demora pudiera superar en más de dos puntos el ordinario en los préstamos personales sin garantía hipotecaria, pero SÓLO en cuanto a las consecuencias de la declaración judicial de abusividad, de manera que la nulidad afecte únicamente al exceso respecto del interés remuneratorio pactado, sirviendo este último como tipo para el de demora. No compartimos por tanto el criterio de que la alusión efectuada suponga en adelante la aplicación generalizada de la regla de que el tipo de interés de demora no pueda superar en más de dos puntos el ordinario a los préstamos con garantía hipotecaria, sin perjuicio de la posibilidad de que sobrevenga declaración judicial al respecto. En el caso concreto enjuiciado, es cierto que la Sentencia confirma el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia de 26 de julio de 2013, rec. 161/2012), y declara abusivo un interés de demora del 19%: pero ello, aunque suponga indudablemente un posible indicio de abusividad, no conlleva automáticamente que dicho tipo merezca tal calificación per se y en todo caso, sino que el juez podrá declarar dicho interés (u otro inferior) abusivo, siempre en atención a las circunstancias concurrentes.

            Por lo que respecta a la cláusula que atribuye los gastos del otorgamiento e inscripción al prestatario, se considera desproporcionado y por ende abusivo la repercusión al comprador de los gastos notariales y registrales de constitución de la hipoteca, puesto que “no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”. Lo mismo ocurre con los tributos que gravan el préstamo hipotecario, siendo sujeto pasivo del impuesto de AJD la entidad prestamista en lo que respecta a la constitución del derecho y a la expedición de copias, actas y testimonios, así como con las costas procesales. Por el contrario, no declara abusiva la cláusula que impone los gastos de contratación del seguro de daños al prestatario.

            Por último, declara igualmente abusiva, pero por razón de la generalidad e indeterminación con que ha sido redactada la cláusula, la manifestación del prestatario de que destinará el importe del préstamo a la adquisición onerosa de la vivienda descrita en la escritura, que constituye su residencia habitual y no puede quedar afecta a actividad profesional alguna, siendo necesaria autorización expresa y comunicada por escrito al Banco para variar dicho destino.

 

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